Artículo de la Silla Vacía
Uno de los aspectos más polémicos de la Ley de Víctimas aprobada la semana pasada por el Congreso es el ‘contrato de transacción’. Significa que las víctimas obtendrán una indemnización mayor si se comprometen por escrito a no demandar una reparación por parte del Estado a través de mecanismos judiciales. No es una previsión sin importancia. Por demandas ante el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Nación ha sido condenada a pagar cuantiosas sumas de dinero por la reparación que durante años no les fue dada a algunas víctimas.A pesar de que la Ley le dio al Gobierno seis meses para fijar el monto y el procedimiento para acceder a la indemnización individual, desde ya quedó establecido el incentivo para contener las demandas judiciales contra el Estado. Si la víctima no accede a firmar el contrato de transacción y gana una demanda contra el Estado, de esa indemnización se le restará lo que se le haya pagado por la vía administrativa.
El ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry ha estimado que la Ley de Víctimas podría costarle al país unos 2,6 billones de pesos anuales durante los próximos 15 años. Es una cantidad considerable de dinero, pero la realidad es que podría ser menos de lo que le cuestan las demandas judiciales, en especial aquellas que han sido falladas en tribunales internacionales. Los montos de éstas son elevados, y tienen en cuenta la magnitud de los hechos, los años que transcurrieron sin que hubiera reparación ni condenas significativas y la medida en la que agentes del Estado, ya por omisión ya por colaboración, contribuyeron a serias violaciones a los Derechos Humanos.
Esto es lo que le han costado a los contribuyentes las principales condenas judiciales a la Nación por parte del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber protegido a las víctimas. La última de estas fue la polémica decisión del Consejo de Estado frente al ataque de las Farc a la base militar Las Delicias:
En agosto de 1996, las Farc se tomaron la base militar de Las Delicias, ubicada en el municipio de La Tagua, Putumayo. Esta incursión guerrillera dejó 31 militares asesinados, 17 uniformados heridos y 60 secuestrados.
El 31 de mayo de 2011, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por no haber adoptado las medidas necesarias para proteger los derechos de los uniformados y por haber creado una situación de riesgo al localizar la base en ese sitio aislado e inhóspito sin entrenar a los militares de manera suficiente para contrarrestar el ataque. Además, obligó a la Nación a pagar a tres soldados que resultaron heridos, a sus familias y a los familiares de uno de los militares que fallecieron en el ataque, una cifra superior a los mil 680 millones de pesos por concepto de los perjuicios causados. 1.680 millones de pesos
ASESINATO DE MANUEL CEPEDA
El 9 de agosto de 1994, el entonces senador Manuel Cepeda fue asesinado en su automóvil mientras se desplazaba hacia el Capitolio Nacional por la Avenida de Las Américas, en Bogotá. Por este hecho, su familia interpuso una demanda contra el DAS por no haberle prestado la seguridad necesaria.
El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado falló a favor de los demandantes. El tribunal determinó que la Nación debía pagar cien salarios mínimos a cada uno de sus hijos -Iván y María Cepeda Castro- al igual que a su esposa Olga Navia, como indemnización de los perjuicios morales sufridos. Igualmente, se obligó al Estado a pagar a la señora Navia la suma de $910'308.742 por concepto de perjuicios materiales. 1.050 millones de pesos
MASACRE DE LOS 19 COMERCIANTES
El 7 de octubre de 1987, en el municipio de Cimitarra, Santander, en el Magdalena Medio, 17 comerciantes que iban en cuatro vehículos hacia Medellín con mercancía de contrabando traída desde Venezuela fueron detenidos por un grupo de paramilitares fuertemente armados. De allí fueron llevados al municipio de Puerto Boyacá donde fueron torturados, asesinados y sus cuerpos arrojados a un río. Días después, dos familiares de uno de los desaparecidos fueron a la zona en busca de pistas del paradero y también fueron asesinados.
El 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que el grupo paramilitar contó con el apoyo y la autoría intelectual de oficiales del Ejército –particularmente del general Farouk Yanine Díaz– condenó al Estado colombiano a indemnizar a los familiares de las víctimas con una suma de 6'210.500 dólares. 16.000 millones de pesos.
CASO LA ROCHELA
El 18 de enero de 1989, cerca del corregimiento La Rochela, del municipio de Simacota, en Santander, un grupo de paramilitares secuestró y torturó a un grupo de funcionarios judiciales y asesinó a 12 de estos mientras tres quedaron gravemente heridos. Los miembros de la Comisión Judicial estaban investigando la responsabilidad de civiles y militares en varios delitos ocurridos en la zona, entre ellos la masacre de los 19 comerciantes ocurrida quince meses atrás.
El 11 de mayo de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por su responsabilidad en estos hechos. El Tribunal estableció que estos sucedieron con la cooperación y consentimiento de agentes estatales. Por ello, se le condenó a pagar la suma de 5'164.500 dólares. 11.414 millones de pesos.
MASACRE DE MAPIRIPÁN
Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cerca de un centenar de paramilitares se tomaron el municipio de Mapiripán, en el Meta. Durante este lapso, perpetraron violentos allanamientos en las casas y retuvieron, torturaron y asesinaron a 49 civiles cuyos cuerpos fueron destrozados y posteriormente arrojados al río Guaviare.
El 11 de octubre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por esta masacre, pues estableció que contó con la complicidad de miembros del Ejército. A pesar de haber sido advertida sobre estos violentos hechos, la Fuerza Pública no llegó al lugar sino hasta tres días después. Además, algunos miembros habrían colaborado para el desplazamiento de los paramilitares y su armamento hasta el sitio. En consecuencia, la Nación se vio obligada a reparar a los familiares de las víctimas asesinadas pagando la suma de 1'050.000 dólares.
2.415 millones de pesos.
LAS MASACRES DE ITUANGO
En junio de 1996, en el corregimiento La Granja, una veintena de paramilitares ordenaron el cierre de los establecimientos públicos y asesinaron selectivamente a cuatro campesinos. En octubre de 1997, otro grupo de paramilitares incursionó en el corregimiento El Aro, reunió en la plaza central a la población y asesinó a 15 personas. Ambos poblados son corregimientos del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, y sufrieron además de las muertes un drástico desplazamiento de su población.
El 1 de julio de 2006, la CIDH señaló que el Estado colombiano tenía responsabilidad en estos hechos debido a que miembros de la Fuerza Pública habían actuado como cómplices en estas masacres. Por ende, condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las 19 víctimas mortales y a 70 personas más que probaron ser víctimas de estos hechos, pagándoles una cifra cercana a los 2'654.000 dólares.
6.635 millones de pesos.
TOMA DE FILO GRINGO
Entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000, un grupo de las AUC incursionó en el corregimiento Filo Gringo del municipio de El Tarra, en Norte de Santander. Allí saquearon e incineraron las casas de los pobladores.
El 8 de noviembre de 2007, el Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizar a 538 personas desplazadas de este corregimiento. El Tribunal justificó su decisión de responsabilizar al Estado pues, aunque la toma paramilitar había sido anunciada públicamente meses antes por Carlos Castaño, la Fuerza Pública no tomó las medidas pertinentes. 11.727 millones de pesos.
MASACRE DE BOJAYÁ
El 2 de mayo de 2002, en el corregimiento Bellavista de Bojayá, al norte del Chocó, en medio de enfrentamientos con las AUC, las Farc lanzaron un cilindro explosivo a la iglesia donde se refugiaban 119 personas, causándoles la muerte.
El 29 de mayo de 2008, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó condenó al Ministerio de Defensa Nacional a pagar 1.552 millones de pesos a los familiares de dos de estas víctimas. La responsabilidad de la Nación radica en no haber protegido a la población de este municipio, a pesar de que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta ocho días antes de los hechos, anunciando tanto a la Policía como al Ejército Nacional una inminente incursión paramilitar. 1.552 millones de pesos.
MASACRE DE PUEBLO BELLO
En enero de 1990, en el municipio de Pueblo Bello, Córdoba, un grupo de paramilitares bajo el mando de Fidel Castaño asesinó a seis campesinos y desapareció forzosamente a 37 personas que se encontraban en una lista que portaban los paramilitares.
El 31 de enero de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que estos hechos habían tenido lugar con el consentimiento de agentes del Estado y que tras quince años de perpetrados sólo 10 particulares involucrados habían sido juzgados, sin que se hubiera podido esclarecer el paradero, ni recuperar los cuerpos de las víctimas, condenó al Estado colombiano. Por ello, obligó a la Nación a pagar a los familiares de las 43 víctimas la suma de 5'639.900 dólares.
La Silla Vacía
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