Política |15 Mar 2011 - 11:39 pm
Organizaciones sociales y de derechos humanos presentan sus innegociables
Los peros de las víctimas
Por: Elespectador.com
Víctimas de Crímenes de Estado y Mesa Nacional de Víctimas presentan pliego de modificaciones a ley de víctimas y advierten posibilidad de demandarla por inconstitucional.
Dos de los colectivos más grandes de víctimas de la violencia en el país: el movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Corporación Reiniciar, a través de la Mesa Nacional de Víctimas (MNV), insisten en expresar sus desacuerdos con el proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras que ayer inició su penúltimo debate en la Comisión Primera del Senado. Para ellos, existen puntos que consideran “innegociables”, al tiempo que advierten, en un documento que consideran como marco de referencia para la discusión, que el proyecto presenta serios vacíos y carencias.
Según la MNV, faltan garantías para el retorno de quienes gocen de la restitución de tierras, aspecto en el que ponen como ejemplo los asesinatos de líderes de dicho proceso, como Rogelio Martínez, Óscar Maussa, Albeiro Martínez y Hernando Pérez. Pero además, es notoria la ausencia del derecho a una reparación patrimonial que incluya bienes, animales, cultivos y maquinaria que perdieron quienes fueron despojados de su tierra. Asimismo, existen diferencias en lo que respecta a la reparación por vía administrativa, donde el proyecto establece que nadie podrá ser reparado dos veces y que los montos de dichas reparaciones irán entre 20 y 40 salarios mínimos.
La fecha, que la ley establece en el 1° de enero de 1986 y que el senador ponente Roy Barreras pidió ayer sea extendido hasta 1984, con el fin de incluir a las víctimas del Palacio de Justicia, sigue siendo tema de discrepancia. Para la MNV, se debería arrancar desde 1981, ya que de lo contrario quedarían excluidas las víctimas de masacres como las de Manila y Cañaveral de Remedios en el nordeste antioqueño (1983), la de Vuelta de Acuña en Santander (1984), el asesinato del sacerdote páez Álvaro Ulcué en 1984 y la masacre de Tacueyó, en 1985. Y sobre la fecha para la restitución de tierras —que según la ponencia será desde 1991—, las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos creen que el robo de tierras es un crimen que se ha llevado a cabo desde hace más de 25 años en el país.
En lo que se ha denominado el “universo de las víctimas”, que es la definición de los sujetos de la ley, según Movice y la MVN, se excluye a los guerrilleros que hayan sido muertos fuera de combate y que por lo mismo han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, manifiestan que el proyecto no reconoce el estatus de víctimas a los menores que fueron reclutados forzosamente y permanecieron en grupos irregulares después de haber cumplido la mayoría de edad.
Otro de los inconvenientes que plantean es la falta de voluntad por parte del Estado para reconocer su responsabilidad directa como generador de violencia en el país. Según el documento, “los crímenes de Estado no son producto de acciones aisladas ni de manzanas podridas en el interior de las instituciones, sino parte de una estrategia de exterminio sistemático, ejecutado y diseñado al más alto nivel”.
Los dos organismos concluyen que el proyecto “sigue deteriorándose. Los cinco principales pilares están siendo debilitados, y si eso ocurre, la ley pierde sentido. Vemos que en la discusión que se adelanta en la Comisión Primera del Senado se está intentando debilitar, por una parte, el acceso a la reparación por vía judicial, que es un derecho de las víctimas, y por otra, el acceso a la tierra. Se está incluyendo el derecho de superficie, que es una manera de hacerle una gran concesión a los palmicultores que supuestamente con buena fe han adquirido tierras que eran de personas desplazadas por la violencia”.
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