Un manto de impunidad en un país que clama justicia

Johanna Cárdenas Beltrán
Comunicadora Corporación Viva la Ciudadanía

Las directrices principales del derecho a la justicia, aparecen en los artículos 8 a 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, (derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, interdicción de la detención arbitraria, derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, presunción de inocencia), así como en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

El derecho a la justicia implica que las victimas hagan valer sus derechos a través del acceso a un recurso o acción jurídica en la que se investiguen los hechos, de forma rápida, minuciosa, independiente e imparcial, donde se juzgue a los responsables, se establezcan los daños ocasionados y se sancione con penas adecuadas y proporcionales a los responsables.

Pero, ¿qué significa hablar de justicia en un país donde las víctimas del conflicto armado aún no cuentan con una ley de víctimas, donde sus denuncias no logran los resultados esperados y por el contrario ven con tristeza y con molestia que tras cinco años de vigencia de la Ley 975 de 2005, conocida como ley de Justicia y Paz, el país no cuenta con los estándares mínimos de justicia y se han seguido vulnerando sus derechos?

El tema de la Justicia fue analizado en la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado: por Justicia para las Víctimas y Contra la Impunidad, el pasado 20 de agosto, en la ciudad de Medellín, evento que integra el proceso del Proyecto de Fortalecimiento organizativo e incidencia en políticas públicas en favor de las víctimas.

Esta Audiencia, que contó con la participación de más de 1200 víctimas, provenientes de 17 departamentos del país, y que fue convocada por la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales y por la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, mostró cómo en el país persiste una violación sistemática a los derechos humanos en la que se da prioridad a los victimarios y no a las necesidades de las víctimas.

“Ha faltado voluntad política y eso es evidente. Basta mirar que en cinco años la Ley de Justicia y Paz sólo se ha producido dos sentencias por un solo caso. Y eso que esta ley es un procedimiento abreviado. Entonces, ¿qué esperar de aquellos procesos que se están llevando en la justicia ordinaria? Eso da pie para decir que los márgenes de impunidad son enormes”, manifestó Antonio Madariaga Reales, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas.

Los casos no mienten, ni dan espera

Representantes de los afectados por la violencia armada reiteraron cómo en diciembre de 2007 le fueron entregados al Gobierno nacional un total de 41 casos, documentados por organizaciones no gubernamentales, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Antioquia por grupos paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado, con el fin de darle curso ágil a las investigaciones.

Pero las indagaciones realizadas ante la Fiscalía General de la Nación por las propias víctimas, previas a la realización de la Audiencia, mostraron que todos los procesos se encuentran archivados, precluidos o en etapa de investigación previa.

Un detalle que muestra porque no se tiene voluntad política a la hora de defender los derechos de las víctimas, fue precisamente la ausencia de representantes de instituciones estatales como la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes; situación que significó indignación para las víctimas ya que uno de los objetivos de la Audiencia era recibir respuesta frente al proceso que tenían esos 41 casos presentados previamente. Además, de las críticas hechas por parte de las víctimas a la falta de respuesta a las demandas establecidas ante Acción Social.

Entre los casos entregados sobresale el exterminio del Comité de Derechos Humanos de Segovia y Nordeste Antioqueño durante los años 90 y la masacre cometida por las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) en el corregimiento La Balsita, municipio de Dabeiba, Occidente antioqueño, durante el 24 y 27 de noviembre de 1997.

“Estamos hablando de crímenes cometidos desde 1992. Y por eso, queremos que la Fiscalía nos explique por qué no avanzaron las investigaciones en estos procesos que constituyen casos tipo de violaciones a los derechos humanos”, indicó Silvia Quintero, vocera de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Antioquia.

Antonio Madariaga, Director Ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía y Vocero de la Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, manifestó que el hecho de que la justicia no haya avanzado en estos procesos es un claro indicio sobre la inoperancia e ineficacia del sistema judicial colombiano para dar respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en las últimas dos décadas, aspecto que genera un manto de duda sobre la verdadera voluntad política para el esclarecimiento de estos hechos.

Conclusiones o clamores

Mediante un derecho de petición colectivo, las víctimas del conflicto armado colombiano le solicitarán a la Fiscalía General de la Nación que explique las razones jurídicas por las cuales cerca de 41 casos relacionados con violaciones a derechos humanos hoy estén impunes.

Las víctimas insisten en que para comenzar a superar los mecanismos que han sido obstáculos para acceder a la justicia, debe promoverse una gran movilización nacional y una alta incidencia en las acciones de las altas esferas del poder.

“El movimiento de víctimas se ha fortalecido en los últimos años y eso servirá para incidir políticamente”, declaró Carlos Iván Lopera, integrante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instancia que viene acompañando procesos organizativos de víctimas en el Oriente antioqueño.

Las victimas reclaman que terminen las amenazas y estigmatizaciones en contra de los líderes y lideresas de organizaciones sociales que han trabajado en pro de sus derechos.

Esperan que se logre un estatuto de víctimas que realmente incluya los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral y que esté concebido desde sus necesidades y contextos.

Reclaman al Estado garantías para acceder de forma rápida y eficiente a los mecanismos de justicia, donde cuenten con defensores públicos capaces de llevar a cabo los procesos y respetuosos de sus necesidades.

Por su parte, el Sacerdote Jesuita, Javier Giraldo, hizo una crítica puntual a los medios de comunicación, ya que para él ha sido mínimo el espacio de quienes han vivido la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, el desplazamiento forzado y de quienes han trabajado con gran esfuerzo y sacrificio por defender a comunidades vulnerables.

Llamó la atención sobre la necesidad de estar muy pendientes de la forma en que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, planea trabajar el proyecto de ley de víctimas, la reforma a la justicia y la veeduría necesaria en la ley 975 o ley de Justicia y Paz.

Nota: Este artículo contó con el apoyo de Ricardo Cruz del Instituto de Capacitación Popular y de Ricardo Aricapa de la Escuela Nacional Sindical.