Instituto
Popular de Capacitación - IPC
Comunicado
a la opinión publica
03
de septiembre de 2012
En
vísperas de la Audiencia contra “Don Berna” asaltan el IPC para
robar información
Con el
presente comunicado las directivas del Instituto Popular de
Capacitación rechazan el asalto a la sede de la organización,
ubicada en San Benito, centro de Medellín, para sustraer información
sobre violaciones de derechos humanos.
En las
horas de la mañana de hoy lunes 3 de septiembre, nos percatamos de
que la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más donde
se concentra información sobre derechos humanos de nuestro
observatorio, estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos
demostrativos de que los invasores buscaban información, aclarando
que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la redes de
telefonía e Internet.
Permite
colegir el origen de la incursión a la sede principal del IPC, el
artículo publicado por el diario El Tiempo, titulado “Cinta
enreda a hermano del general Santoyo”, en
su edición del día domingo 2 de septiembre del presente año,
pagina 7, de la primera sesión. Uno
de los párrafos de esta publicación dice lo siguiente:
“… Y aunque a EEUU no ha llegado la cinta, si tienen la versión
del juzgado. Coinciden plenamente. Además, vamos a entregar la
grabación a la fiscalía, para que verifique su autenticidad y, de
haber merito, se revivan esos procesos”, dice una ONG de derechos
humanos de Medellín.
Es
nuestro deber aclarar que siendo nosotros una ONG de derechos humanos
de Medellín, no disponemos del original ni de copia alguna de la
citada cinta. Sin embargo inferimos que el asalto a nuestra sede
tiene relación directa con lo dicho en el artículo de El Tiempo,
dado que en los últimos meses el IPC ha participado públicamente en
las denuncias contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, por las
1.808 interceptaciones ilegales realizadas a ONG´s, defensoras de
derechos humanos y líderes de oposición entre 1996 y 2001, época
en la cual el entonces coronel Santoyo comandaba el Gaula de la
policía del Valle de Aburrá.
El IPC
condena este tipo de actos y llama la atención porque esta situación
haya sucedido en la víspera de la audiencia de formulación de
cargos al ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias
“Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC ha sido denunciante,
en virtud del atentado con explosivos ocurrido en 1999 contra la sede
anterior de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro. A lo
cual se suma, un hecho de mayor gravedad en 1999 en el que fueron
secuestrados 4 miembros del equipo de trabajo de nuestra institución,
luego de que integrantes de la banda “La Terraza” incursionaran a
la sede del IPC siguiendo órdenes de “Don Berna” y Carlos
Castaño. Posteriormente se incrementaron las amenazas al Equipo de
Derechos Humanos lo que generó su exilio en el año 2000.
Se
presume que en virtud de sus relaciones con grupos ilegales, en este
caso con la banda “La Terraza”, el General Santoyo haya
participado en estos delitos cometidos contra el IPC. Más si se
tiene en cuenta que la Corte Este de Virginia, Estados Unidos, acusa
al general Santoyo del delito de conspiración, sindicándolo de
nexos con narcotraficantes y paramilitares, a los cuales les filtraba
información que obtenía a través de las interceptaciones ilegales.
Es cada
día mas evidente el juego de diversos actores legales e ilegales en
la perpetración de este tipo de actos delincuenciales dirigidos a
mantener la impunidad de lo acontecido en las dos ultimas décadas,
configurando lo que el Fiscal general de la nación denomina el
aparato organizado de poder,
línea doctrinal demostrativa de la cooptación de entidades del
Estado por parte de la delincuencia organizada, lo que claramente se
configura con este asalto a la sede del IPC.
Por lo
anterior enviamos nuestro más enérgico rechazo a este tipo de actos
y exigimos de las autoridades competentes los niveles de garantía
para continuar ejerciendo nuestra labor de defensa y de lucha contra
la impunidad.
El igual
sentido, invocamos el acompañamiento y la solidaridad de las
organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional
para rechazar estos actos que vulneran las acciones de las
organizaciones de derechos humanos en Colombia.
JUNTA
DIRECTIVA
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