Pintando la memoria del norte de Cauca

Víctimas indígenas del norte de Cauca encontraron en la pintura una forma para sanar sus heridas y no dejar en el olvido sus tragedias producto de la violencia.

El paso del paramilitarismo en Cauca dejó un rastro de sangre que no distinguió de etnias ni edades. Durante casi cinco años los miembros de los 19 resguardos indígenas que se encuentran asentados en siete municipios del norte de este departamento, fueron víctimas de asesinatos selectivos, masacres, señalamientos y desplazamientos forzados.

Con la desmovilización del Bloque Calima en diciembre de 2004 -el grupo que montaron los Castaño en Valle del Cauca a mediados de 1999 y que se expandió a otros departamentos-, se fueron el terror y la imposición de las armas de las AUC, pero dejaron dolor y desesperanza en sus víctimas.

Informe de Verdad Abierta

Arduo camino para las víctimas

GRAN CARÁCTER MOSTRÓ EL PREsidente Santos al revivir el proyecto de ley del Partido Liberal "por el cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos".

Sin embargo, a pesar de haber resucitado de la peor sepultura y con aplausos haber iniciado el paso por el Congreso, nada parece sugerir, como lo mostró el primer debate en la Cámara, que el proyecto saldrá bien librado del Capitolio. Los partidos más cercanos al Gobierno se han sentado en la posición de que si bien el Ministerio de Hacienda dio vía libre a los recursos, la Cartera se equivoca —o peor, miente— porque en realidad no hay dinero para cubrir tal gasto. Preocupados ahora por el hueco fiscal, el Partido de la U y el Conservador hablan de 80 billones de pesos que el fisco no podría cubrir. Cifra que además no incluye a víctimas que ellos juzgan no merecen reparación.

 

Editorial de El Espectador

Las batallas de Hernán Giraldo, y cómo terminó sometido a ‘Jorge 40’

El 18 de enero y el 8 de febrero de 2002 no fueron días normales en Santa Marta. La capital de Magdalena amaneció desierta. Ni un alma se aventuró en las calles, los comercios no levantaron sus cortinas de acero abajo, no salieron los buses, ni los taxis. “Parecía un domingo en plena semana, asustaba ver la ciudad tan sola”, recuerda una samaria que habló con VerdadAbierta.com.

Desde hacía unos días un rumor se había propagado de casa en casa: “Hernán Giraldo mandó a decir que nadie puede salir a la calle”. Muchachos en motos recorrían las calles, verificando que se cumpliera la orden de ‘El Patrón’. Ese mismo día, 15 mil campesinos cumplían dos semanas de bloqueo de la carretera Troncal del Caribe que comunica a Santa Marta con Riohacha. Y hacía menos de dos semanas, otro paro del comercio había sacudido a Santa Marta.

Los dos, el paro urbano y el sitio a la vía eran los últimos actos desesperados de demostración de fuerza de quien hasta entonces y por 20 años había sido el amo de las fuerzas militares ilegales de la región.

Informe de Verdad Abierta

Ley de víctimas: para que el mochuelo vuelva a los Montes de María

Gabriel Pulido es un desplazado de Mampuján. Esta es su historia de desplazamiento y esperanza. Él representa a millones de colombianos que sueñan con volver, sin miedo, a donde nacieron.

El despojo

Gabriel Pulido salió de su casa, con la cabeza gacha, un morral en su espalda con la poca ropa que pudo recoger y en compañía de sus padres y tres hermanos. Corría el año 2000 y él tenía 24 años.

Entonces pensaba que la salida del corregimiento que lo vio nacer sería temporal. Ya han pasado más de 10 años. Era de madrugada, cuando su familia, con otras 244, se vio obligada a abandonar la región.

Informe de Semana.com

Carbón y sangre en las tierras de ‘Jorge 40’

“Si esa tierra no tiene esas minas, a nosotros no se nos hubiese hecho lo que nos hicieron”, dice Isabel López* bajo la débil sombra de un mango en el patio polvoriento de su casa en Bosconia, Cesar, donde llegó en 2004 huyendo de su vereda Mechoacán, en la Jagua de Ibirico, desplazada por los paramilitares.

El lamento se repite en una casita del barrio de invasión 25 de diciembre, al pie de la pista del aeropuerto de Valledupar. Ahí, Ana Ramos*, que se amontona con 17 familiares en dos cuartos, recuerda: “En 2002 salimos volados de El Prado en La Jagua, después de que los ‘paras’ mataron a 12 personas”.

Aunque Ana y María no se conocen, comparten la misma tragedia. En los años noventa, junto a decenas de familias, lograron que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, ahora Incoder) les adjudicara parcelas en las veredas Mechoacán y El Prado de La Jagua de Ibirico, un municipio a 125 kilómetros al sur de Valledupar, al pie de la Serranía del Perijá.

Informe de Verdad Abierta

‘Paras’ del Bloque Centauros reconocerán 450 crímenes

Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’ y Luis Arlex Arango Cárdenas alias ‘Chatarro’ aceptarán 450 crímenes cometidos entre 1999 y 2005 en zona urbana y rural del Meta cuando fueron jefes paramilitares del Bloque Centauros de las Auc.

Durante una versión conjunta que se realizará del 12 al 14 de octubre de 2010, los tres ex jefes paramilitares reconocerán ante la Fiscal 5 de Justicia Paz cada uno de estos asesinatos, que luego les serán atribuidos ante un magistrado de control de garantías, en lo que durante el proceso judicial se llama imputación parcial de cargos.

Informe de Verdad Abierta.com

Bloque Élmer Cárdenas no volverá a Justicia y Paz

La poca claridad jurídica, las condiciones carcelarias, las restricciones al trabajo de recopilación de hechos perpetrados durante las operaciones contrainsurgentes y las amenazas e intimidaciones llevaron a Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), a anunciar que él y los hombres no volverán a las versiones libres ante Justicia y Paz ni ante la justicia ordinaria.

“Hoy es a la última versión que estos hombres y yo venimos”, le dijo alias ‘el Alemán’ al Fiscal Delegado 48 para la Justicia y la Paz durante una diligencia conjunta de versión libre realizada el miércoles 6 de octubre en Medellín, en la que participaron Juan Pablo López Quintero, alias ‘Gabriel’; Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Mazo’; Bernardo Díaz Alegre, alias ‘el Burro’; Libardo Alonso Calle Calle, alias ‘Cumbamba’; Javier Morales Estrada; Diego Vélez Trujillo, alias ‘el Tío’; y Javier Ocaris Correa Alzate, alias ‘Fredy’, quienes respaldaron la decisión de Rendón Herrera.

Informe de Verdad Abierta.com

Paramilitares contaron su versión sobre la masacre de Caño Jabón

En una versión libre conjunta, Elkin Casarrubia Posada alias ‘El Cura’ y Dúmar Jesús Guerrero Castillo alias ‘Carecuchillo’ contaron cómo 180 paramilitares provenientes del Urabá antioqueño, Meta y Casanare masacraron a 27 personas en el corregimiento de Caño Jabón, en Mapiripán, Meta, el 4 de mayo de 1998.

Según alias ‘El Cura’, segundo jefe paramilitar en los Llanos, él fue el encargado de organizar los hombres que en una zona conocida como Cachama. Los 200 paramilitares se distribuyeron en cuatro grupos: Las Cobras, al mando de alias ‘Richard’ y alias ‘Ruso’; Las Águilas, al mando de alias ‘Belisario’ y alias ‘Marihuano’; Los Dragones, dirigidos por alias ‘Otoniel’ y alias ‘Pollo Roger’, y Los Platinos, dirigidos por alias ‘Coco’ y alias ‘Pólvora’.

Informe de Verdad Abierta.com

Análisis sobre Ley de Víctimas y restitución de tierras

Siendo un avance en la política de Estado, está lejos de poder garantizar justicia y reparación integral a las víctimas.

Participan Antonio Madariaga (Director de la Corporación Viva La Ciudadanía y vocero de la Mesa de Víctimas), Marco Ronero (Codhes) Iván Cepeda (Representante a la Cámara y vocero del Movice), y el profesor Fernando Díaz Colorado.

http://www.unradiobogota.unal.edu.co/index.php?id=329&no_cache=1&tx_ttnews[backPid]=329&tx_cegallery_pi1[album]=0&tx_ttnews[tt_news]=30958&cHash=622d7a40da

Tierra de sangre

El domingo de la semana pasada, todo era fiesta en Turbo, en el Urabá. Ese día, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, entregó 34 títulos de propiedad a familias que habían sido despojadas por los paramilitares. Sin duda, una muy buena noticia para una de las zonas más agobiadas por esta práctica criminal. Entre la audiencia estaba Hernando Pérez, uno de los líderes de la asociación que reclama la restitución de tierras para otras 25 familias en la vereda La Ceibita, del vecino municipio de Necoclí. Al concluir la jornada, este campesino de 47 años y padre de tres hijos fue asesinado camino a su casa. Según medicina legal, fue golpeado con varios objetos hasta asesinarlo. A su lado, las autoridades hallaron cuatro ojivas calibre 9 milímetros aún sin disparar.

La noticia causó conmoción en la zona, donde hay registros de 1.800 familias afectadas por el despojo, que buscan la restitución de 25.000 hectáreas. En Necoclí entendieron que la sevicia, el momento en el que se perpetró el crimen y el que hubieran dejado cuatro balas era un macabro mensaje dirigido a los restantes cuatro campesinos que lideran los reclamos en esta vereda. "Ellos están en la mira de los asesinos, porque manejan información clave para la reclamación de predios", denunció a SEMANA Carmen Valencia, presidenta de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestib). Hasta el vicepresidente Angelino Garzón se pronunció, y a través de un comunicado dijo que este asesinato "es un mensaje de los violentos para evitar que las tierras regresen a sus legítimos dueños".

Informe de Semana.com

El informe que advirtió de los nexos de Rito Alejo del Río con los 'paras'

El ex coronel del Ejército Carlos Alfonso Velásquez reveló un informe fechado el 31 de mayo de 1996 en el que advirtió al entonces comandante de las Fuerzas Militares, Harold Bedoya, de los posibles nexos del general Del Río con grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y chocoano. El ex oficial dijo que el envío de esta comunicación le significó haber sido retirado de su cargo y su salida del Ejército. (Descargue el informe de Velásquez)

El documento, que publica en su totalidad en exclusiva VerdadAbierta.com, muestra cómo en la Brigada XVII, subordinados del general Del Río cuestionaban sus decisiones y, a la vez, observaban que el oficial al parecer estaba comprometido con los altos mandos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que delinquian en esa región del país.

Informe de Verdad Abierta

Alcaldías han reportado que 8.019 cuerpos han sido enterrados como N.N.

En los cementerios de 245 municipios del país, ubicados en 27 departamentos, reposan los restos de 8.019 personas que al ser enterradas fueron registradas con la sigla en latín nomen necio (N.N.), que en español traduce ‘nombre desconocido’.

El dato proviene del censo que realiza la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía desde principios de 2010, después de reconocer que no sólo los cuerpos exhumados en fosas podían corresponder a los casos denunciados de desaparición.  “En los cementerios puede haber mucha evidencia”, dijo Jhon Encinales, administrador del Centro Único Virtual de Identificación -Cuvi-.

Informe de Verdad Abierta

Un manto de impunidad en un país que clama justicia

Johanna Cárdenas Beltrán
Comunicadora Corporación Viva la Ciudadanía

Las directrices principales del derecho a la justicia, aparecen en los artículos 8 a 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, (derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, interdicción de la detención arbitraria, derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, presunción de inocencia), así como en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

El derecho a la justicia implica que las victimas hagan valer sus derechos a través del acceso a un recurso o acción jurídica en la que se investiguen los hechos, de forma rápida, minuciosa, independiente e imparcial, donde se juzgue a los responsables, se establezcan los daños ocasionados y se sancione con penas adecuadas y proporcionales a los responsables.

"No basta con restituir tierras, hay que ver cuál será el modelo agrario": Iván Cepeda

El congresista del Polo Democrático Iván Cepeda dice que el Gobierno tendrá que superar tres grandes obstáculos en su propósito de restituir dos millones de hectáreas. Uno de ellos, la cercanía de parlamentarios a sectores muy poderosos del campo.

Entrevista de Semana.com

'Los paraquitos'

En un municipio del Cauca, unas 30 mujeres crían hoy los hijos que les dejó la violencia. Allí crecen juntos, sin saberlo aún, los hijos de las víctimas y de sus verdugos. Este es uno de los grandes desafíos de la posguerra.

Crónica de Semana.com

Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2010 - MOE

Los procesos electorales son los escenarios donde se ponen a prueba los principios fundamentales de la Democracia y sus resultados deben corresponder a la real voluntad de los y las ciudadanas. En Colombia la interferencia de fenómenos tales como la presencia de grupos armados ilegales, la corrupción y los poderes mafiosos, entre otros, suponen un reto mayor en el ejercicio de control y vigilancia tanto de las autoridades como de los medios de comunicación, las organizaciones políticas y la sociedad en su conjunto.

http://moe.org.co/webmoe/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=163

“En Colombia, la impunidad ha sido sistemática”: M. Reed

“En lo que respecta a crímenes de lesa humanidad en Colombia, la justicia de vez en cuando logra develar y establecer la responsabilidad del perpetrador pero no toca a los que están en calidad de autores mediatos; es decir, en calidad de instigadores y autores de la perpetración y esto permite la continuidad de estos delitos”.

La afirmación es de Michael Reed, director en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (Ictj), al referirse a uno de los principales problemas que afronta el país en materia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH): los altos niveles de impunidad. El tema será el eje central de la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, que tendrá lugar en el Hotel Ambassador de la ciudad de Medellín el próximo 20 de agosto.

Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia.

Introducción:

El presente informe tiene por objeto, en primer lugar, reseñar información actualizada sobre las acciones que ha emprendido el Estado en materia de entrega y adjudicación de tierras a la población desplazada, y sobre la protección aplicada a las tierras despojadas o dejadas en abandono por esta misma población, o a las tierras de población en riesgo de ser desplazada.

Estos aspectos fueron tratados sucintamente en el VI Informe presentado a consideración de la Honorable Corte Constitucional en junio de 2008. Así mismo, se retoman en este informe algunos de los aspectos relacionados con la pérdida de bienes por parte de la población desplazada, que fueron objeto de tratamiento en el VII informe con el fin de profundizar el análisis y de precisar los estimativos sobre el total de hectáreas abandonadas y sobre el total de hectáreas cultivadas abandonadas. Adicionalmente este informe se adentra en la estimación del daño emergente y del lucro cesante originados en la usurpación o el abandono forzoso de los bienes, presentando también una comparación entre el ingreso familiar promedio que recibían los grupos familiares con antelación a haberse convertido en víctimas del desplazamiento forzado y el ingreso familiar promedio que perciben en la actualidad.

Los datos en que se basan los estimativos de este informe provienen fundamentalmente de la II Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (julio de 2008, II ENV-2008) y más concretamente del “Capítulo O” dedicado indagar sobre los bienes, los cultivos y las actividades económicas que llevaban a cabo los desplazados antes del ser obligados a dejar sus tierras. Debe advertirse de una vez que el ingreso agropecuario de la población desplazada se calculó por medio de un método indirecto consistente a grandes rangos en imputar a cada grupo familiar los excedentes netos de la actividades agropecuarias a las que se encontraban dedicados con antelación a su desplazamiento forzado. Para el cálculo de estos excedentes se sistematizaron, procesaron y cruzaron varias fuentes sobre costos, rendimientos físicos y precios. Estas fuentes se tomaron con dos criterios: que fueran confiables y que provinieran preferiblemente de entidades oficiales. Los pormenores de estos cálculos pueden verse en el punto 1.3, en el capítulo 3 y en los anexos digitales del Informe “Metodología para el Cálculo del Valor de los Bienes y de los Ingresos Agropecuarios” (citado en adelante como “Metodología”) .

Para tratar de analizar las particularidades marcadas por las regiones de donde provenían los desplazados y desarrollaban sus actividades agropecuarias y extractivas, hubo que limitarse a definir tres grandes regiones para conservar la representatividad estadística de los datos. Así las cosas, para estos efectos, la información se agrupó de acuerdo con una regionalización definida así: a) Costa Atlántica, b) Región Andina y c) Orinoquía, Amazonía y Chocó.

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