Por: Redacción Política
Un encuentro de ponentes estudia fórmula para que sólo los actores de la guerra sean objeto de la norma.
Grandes temores se han generado frente al trámite y a los posibles beneficiados con el acto legislativo conocido como marco legal para la paz, que plantea hasta la cesación de los procesos penales para los miembros de grupos armados al margen de la ley y para los agentes del Estado. Los críticos de la iniciativa han manifestado su preocupación por la posibilidad de que con la norma se abra un boquete jurídico por medio del cual resulten beneficiados narcotraficantes, miembros de las bacrim, autores de falsos positivos, ex funcionarios del DAS y mandos medios de la guerrilla involucrados en delitos de lesa humanidad.
Aunque se han intentado varias fórmulas para hacer claridad y superar las críticas, la clave podría estar en una herramienta ya empleada en su momento para destrabar el trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: el planteamiento del “conflicto armado” en Colombia. Así lo reconoció el senador y coautor del marco legal para la paz, Roy Barreras, quien recordó que para definir el universo de personas que serían beneficiadas por la Ley de Víctimas fue necesario hacerlo en el marco del conflicto, para así evitar que los afectados por la delincuencia común reclamaran la reparación.
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