Por: Gabriel Bustamante Peña
Asesor jurídico político Corporación Viva la Ciudadanía
En enero de 2012, los gobernadores y alcaldes electos tendrán el reto y la obligación de aplicar en sus respectivos territorios los postulados de la ley 1448 de 2011, más conocida como “la ley de víctimas y de restitución de tierras”, y cumplir con los requerimientos de la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y sus correspondientes autos, respecto a la atención, reparación y protección a la población desplazada por la violencia.
Sin embargo, en la gran mayoría de los programas de gobierno inscritos y que deberán convertirse en planes de desarrollo, sólo encontramos un desconocimiento generalizado de lo que representa la ley de víctimas y las implicaciones locales que demanda la sentencia T-025, a pesar que toda Colombia está inundada de personas gravemente afectadas por el conflicto.
Pues bien, de no tomarse los correctivos necesarios para hacer frente al reto planteado por el Gobierno Nacional, lo más seguro es que las billonarias inversiones que se vienen para los departamentos y municipios, a cuenta de esta ley, sean en su mayoría desperdiciadas, mal utilizadas o desviadas para satisfacer la codicia criminal de los corruptos.
Sería una lástima que planes tan ambiciosos como el anunciado por el presidente Santos de construir un millón de viviendas dignas, o los millones de proyectos productivos que se pretender implementar donde tienen alta prioridad las víctimas, terminen reproduciendo las experiencias amargas y mezquinas de proyectos perversamente ejecutados y convertidos en focos de corrupción y politiquería.
Las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia T-025, la ley de víctimas y de restitución de tierras y otras iniciativas legales como la reforma a las regalías, el nuevo estatuto rural, o la ley de ciencia y tecnología, representan una oportunidad histórica para que los departamentos atrasados y de enorme vocación agraria puedan dar un salto hacia el desarrollo económico y social.
Si las cientos de miles de víctimas, en su mayoría campesinos, afros e indígenas, son vistos como el insumo principal para el desarrollo a modo sujetos con los cuales aprovechar y trabajar la coyuntura de recursos que llegarán a las regiones, como los principales socios para materializar grandes empresas, la ley podrá ser el inició de la entrada de Colombia a la modernidad, dejando atrás siglos de modelos feudales y explotación campesina.
Que la tierra que se restituya, las viviendas que se construyan, los dineros de la reparación que se entreguen, los créditos blandos que se otorguen, la cooperación internacional que se consiga sirva para crear las condiciones que permitan el surgimiento de una clase media pujante en nuestras zonas rurales, dependerá en gran parte de los alcaldes y el gobernadores entrantes quienes tienen el enorme reto de aplicar en lo local lo propuesto audazmente por el presidente Santos.
Por eso los nuevos mandatarios locales deben entender el sentido histórico de su liderazgo y entregarle oportunidades a la gente para que ganemos todos. Deben superar años de círculos viciosos donde el que gobierna lo hace a través de limosnas y no de derechos, con las cuales forma clientelas electorales que se perpetúan en la pobreza.
Además, nuestras nuevas autoridades, junto a la academia, el sector financiero y los constructores deben entender que más que obras físicas, lo que hay que construir es ciudades incluyentes y esto empieza por el derecho de la gente, sin excepción alguna a tener viviendas dignas. Proceso que comienza en el entorno y termina en las viviendas, y no al contrario, que ante la falta de un proceso de planificación urbana, que necesariamente tiene que estar orientado por la inclusión social, lo que se ha hecho a lo largo de toda Colombia es construir tugurios para organizarse con la miseria a lo que descaradamente se llama: “vivienda de interés social”.
Más allá del de urbanizaciones y parcelaciones que se construyen para la clase media y media alta de la ciudad, la segregación urbana está creciendo como una mancha de aceite con barrios desarticulados, sin espacios públicos, sin servicios domiciliarios o bastante deficientes y no en pocas ocasiones en zonas de alto riesgo.
Estamos conminando con nuestra indiferencia, nuestra insolidaridad y nuestra corrupción política a miles de familias a “vivir” en condiciones paupérrimas, los excluimos de los beneficios de la economía y de los avances tecnológicos y luego nos quejamos de la delincuencia galopante; la falta de cultura de estos pseudo-ciudadanos, con los cuales no queremos tener mayor contacto, y para esto levantamos altos muros, instalamos cercas eléctricas y contratamos intimidantes vigilantes.
Semanario Caja de Herramientas. Edición N° 00281 – Semana del 18 al 24 de Noviembre de 2011
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