Juan Manuel Santos, el primero de los mandatarios en intervenir en la IX Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma de la CPI, que se realizó en Nueva York, admitió el interés que “el caso colombiano” despierta en todo el mundo.
Y al mencionar los logros en materia de defensa y derechos humanos en el país y reafirmar los compromisos suscritos por Colombia en el marco del Estatuto, Santos concentró su intervención en el proceso de justicia y paz con los desmovilizados de las Autodefensas, y los logros en materia de verdad y justicia que esta legislación ha permitido.
Artículo de Semana.com
Para Santos este proceso de justicia y paz es propio del postconflicto, pero que en Colombia se está aplicando como camino a la búsqueda de la paz a pesar de la vigente amenaza de organizaciones ilegales.
Al advertir que ha permitido el conocimiento de 40 mil delitos, el hallazgo de más de dos mil fosas comunes, Santos dijo en la Asamblea que es el primer proceso sin amnistías ni indultos.
El mandatario también dijo que ese proceso ha permitido que más de 400 miembros de la clase política, en todos su órdenes, hayan sido acusados por promover grupos ilegales.
Por eso, ante la justicia internacional, que interviene en los países que suscribieron el acuerdo si la justicia local no es efectiva, dijo que en Colombia “nadie goza de impunidad”.
“Los líderes de las organizaciones paramilitares, incluidos parlamentarios que los apoyaron, han sido procesados y muchos ya han sido condenados. Sobre varios de ellos la Corte Suprema de Justicia —que ha liderado la actividad judicial— ha impuesto condenas que alcanzan hasta los 40 años de cárcel, por su vínculo con crímenes atroces”, dijo Santos en su intervención.
Otro de los datos que Santos reveló fue la acción judicial contra aquellos servidores públicos, adscritos a la fuerza pública, sancionados por violación a los derechos humanos.
Santos, ante la atención de la CPI; dijo que hasta el mes de septiembre 737 casos contra agentes estatales son investigados y se han producido 298 condenas, que han incluido hasta altos oficiales. Mencionó que la semana pasada un mayor del Ejército fue condenado a 32 años de prisión por la ejecución extrajudicial de dos civiles.
Santos, que estuvo acompañado por Jaime Arrubla, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Guillermo Mendoza Diago, fiscal General encargado; el general Gustavo Matamoros, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares; y Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, también destacó el compromiso del Gobierno con la reparación a las víctimas del conflicto, a quienes puso “en el centro de sus esfuerzos”.
Además de la ley de justicia y paz, el presidente Santos dijo que todos los esfuerzos serán complementados con el proyecto que cursa en el Congreso y que esta semana podría ser aprobado en segundo debate.
Se trata de la iniciativa que busca reparar a las víctimas de crímenes atroces. Pero Santos fue concreto ante la comunidad internacional en el costo de esta política. “Para el cumplimiento de esta ley, según cálculos preliminares, se tendrían que destinar más de 22 mil millones de dólares en los próximos 15 años”.
De igual forma, el mandatario anunció una donación al fondo de víctimas de la Corte Penal Internacional y la suscripción de un acuerdo para la ejecución de sentencias, así como la intensificación de la cooperación de doble vía con la Fiscalía del tribunal internacional.
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