La Procuraduría General de la Nación, a través del delegado para asuntos Ambientales y Agrarios, pidió que la Ley de víctimas garantice una repetición de tierras justa y equitativa, con una entidad dedicada específicamente a esta función.
Oscar Darío Amaya, procurador delegado, sostuvo que la Procuraduría tiene ciertos reparos frente a la norma que actualmente cursa en el Congreso, específicamente en lo relacionado con la repartición de tierras, tema al que el Ministerio Público le ha hecho acompañamiento.
Artículo de Caracol Radio
"Lo primero y más importante es llevar claridad jurídica sobre las situaciones en cada predio, es decir que hay predios en los que puede confluir en el mismo predio un poseedor, un propietario, inclusive un propietario desplazado y un propietario nuevo inscrito después de un proceso que adelanta el Indcoder", sostuvo Amaya.
Añadió que se le ha solicitado al Gobierno mucha mesura y prudencia en la definición del status jurídico de cada uno de los predios, donde se respeten las situaciones jurídicas consolidadas legítimamente, es decir que si ha habido entrega de predios por procesos judiciales o administrativos de manera irregular, estos deben ser revocados.
Advirtió que la política de repartición de tierras en el país no es clara, debido a una 'debilidad' institucional en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que al parecer está adelantando correctivos con el actual Gobierno y añadió que un informe del Ministerio Público reveló las falencias.
"Se muestra como el Incoder fue un instituto creado en el 2003 para resumir lo de cuatro entidades (INCORA, INAT, DRI e INPA), hoy realiza esas cuatro actividades en forma deficiente... Su función de la reforma agraria a ha pasado a un segundo nivel que por hacer cuatro actividades y ha descuidado lo misional", indicó Amaya.
Sostuvo que las recomendaciones del Ministerio Público es el de especializar el INCODER, volverlo a su función original y que las otras actividades como las de pesca o distritos de riego se lleven en forma separada.
De otra parte dijo, de acuerdo a lo reportado por el INCODER, que no hay un adecuado manejo de tierras, que es deficiente su explotación y que esto se debe a la debilidad institucional que no ha permitido un adecuado seguimiento de la entidad.
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