COMUNICADO PÚBLICO DE LA DIÓCESIS DE TUMACO
San Andrés de Tumaco, 16 de octubre 2013
Tumaco no Descansa
La Diócesis de Tumaco manifiesta su preocupación ante la situación de la Costa Pacífica Nariñense y en especial la de Tumaco, y se solidariza con toda la comunidad hermana de este territorio.
Los últimos acontecimientos muestran que no hay un día en que Tumaco descanse. El paro agrario campesino afectó especialmente a esta población, hubo escasez de alimentos, de gasolina y aumentó el precio de la canasta familiar, que no bajó después de terminar el paro.
Son frecuentes las cargas explosivas sobre la carretera Tumaco-Pasto que han ocasionado afectaciones al oleoducto, contaminándose así el río Mira que surte de agua a Tumaco.
La extorsión se ha convertido ya en una enfermedad crónica del Municipio para grandes y pequeños comerciantes, especialmente graves son las extorsiones a las clínicas, los centros de salud y a los médicos, entre ellos a los especialistas del hospital San Andres de Tumaco. Hecho que se suma al atraso en los pagos a los trabajadores de la salud.
Tumaco sufre desde el 3 de octubre por la falta de energía, a causa de la continua afectación, por parte de las FARC, de las torres de energía. Esto ha provocado escasez de agua en el Municipio, incendios en casas por el uso nocturno de velas y pérdidas especialmente a los pequeños comerciantes, como los pescadores que no pueden costear plantas eléctricas para congelar sus productos.
En cada emergencia energética los políticos y gobernantes discuten soluciones que no se implementan por falta de gestión. Han venido Senadores nariñenses, Ministros y hasta el Presidente con promesas, pero seguimos sin alternativas para la seguridad, energía y una de las tasas de desempleo más altas del país.
Los homicidios continúan de manera alarmante. Desde enero a Septiembre del presente año se han producido 178 muertes violentas solo en el Municipio de Tumaco. Pero además continúa el reclutamiento forzado de menores y las amenazas.
En medio de esta situación, algunos habitantes de Tumaco se han unido cívicamente para expulsar de sus barrios a los actores armados, es el caso de los barrios Buenos Aires, Nueva Floresta y Panamá entre otros:
Fue el pasado viernes 27 de septiembre cuando habitantes del barrio Panamá, después de años de haber sufrido violencia, asesinatos, extorsiones y control social de los grupos al margen de la ley se alzaron en un gesto cívico y no violento sin precedentes en Tumaco y entregaron a la Policía a 7 miembros del grupo armado Los Rastrojos. Los propios vecinos allí presentes eran los testigos de las extorsiones que les asfixiaban. Pero en una acción que nos parece deplorable e injustificable, la Fiscalía no legalizo las capturas en los términos estipulados y dejó en libertad a 4 integrantes de dicho grupo, argumentando que por ser viernes había solo un fiscal. Las personas liberadas amenazaron de muerte a los habitantes del barrio Panamá, colocando a esa población en una situación de alta vulnerabilidad. Los habitantes temen por sus vidas y no duermen montando rondas cívicas por las noches. Están confinados en su propio barrio y no pueden salir a sus puestos de trabajo.
Como Diócesis de Tumaco hacemos un llamado a la defensa de la vida de las personas amenazadas de los barrios mencionados y por tanto:
1. Exigimos a la Alcaldía, Personería, Defensoría que urgentemente tomen las acciones necesarias para proteger la vida de los habitantes de los barrios Panamá, Nueva Floresta, Buenos Aires y otros barrios en similar condición. Es deber del Estado proteger a una comunidad que ha tenido el valor de ejercer resistencia ante los grupos armados.
2. Pedimos a la Fiscalía General de la Nación, Personería, Defensoría, Procuraduría y Contraloría que investiguen detenidamente el papel que la Fiscalía y juzgados cumplen en Tumaco, y tomen medidas para su buen funcionamiento, pues casos como estos se han repetido en otras ocasiones.
3. Pedimos a los organismos internacionales, en especial a la ONU, que realicen monitoreo y seguimiento a las instituciones competentes de la protección de los derechos humanos de los habitantes de los barrios mencionados.
4. Exigimos a los grupos armados Los Rastrojos, a las FARC y a cualquier otro grupo armado, que no involucren a la sociedad civil en dicho conflicto.
5. Exigimos a los distintos grupos armados que cesen las afectaciones a los servicios públicos como energía, agua y libre tránsito, ya sea por las voladuras de torres eléctricas o por atentados al oleoducto trasandino o por artefactos explosivos ubicados en vías y lugares públicos.
6. Pedimos al gobierno local, departamental y nacional soluciones de fondo, concretas y viables sobre la seguridad y crisis humanitaria que vive la Costa pacífica nariñense y la problemática energética.
Diócesis de Tumaco

CONVOCATORIA FORMADORES/AS TERRITORIALES ESCUELA DE REPARACIONES - UARIV

La Organización Internacional de Migraciones  (OIM) y la Fundación Foro Nacional por Colombia han celebrado el Contrato de Prestación de Servicios PSPJ No. 1940 de 2013 VISP-0047 cuyo propósito es realizar la revisión del material pedagógico, la estrategia educativa y el enfoque, los objetivos y los contenidos empleados en la Escuela de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, y apoyar la planeación educativa, la logística de una jornada de formación en nueve ciudades, y el diseño de la estrategia de formación denominada “la Escuela de Reparaciones en el Territorio”.

 Para la ejecución de este contrato se requiere la contratación por prestación de servicios profesionales de 9 profesionales para que ejerzan como formadores o formadoras territoriales de la estrategia de formación y sensibilización de la “Escuela de Reparaciones” de la Unidad de Víctimas (UARIV), con sede en las ciudades de Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Apartadó, Bogotá, Popayán, Quibdó y Pasto. Estos formadores deberán desarrollar procesos de formación orientados a la implementación de la política pública de atención y  reparación integral Individual en el marco de la Ley 1448 de 2011.

Adjunto encontrará los términos de referencia para la selección de personas con el perfil indicado interesadas en la presente convocatoria.

Tenga en cuenta para el envío de la hoja de vida:

1.      Sólo se recibirán postulaciones por correo electrónico. Por favor en el asunto asegúrese de escribir: ESCUELA DE REPARACIONES - APLICACIÓN PARA LA CIUDAD DE (INCLUYA AQUÍ EL NOMBRE LA CIUDAD A LA QUE APLICA).

2.  Adjunte los soportes respectivos que acreditan su experiencia, formación y demás datos indispensables que respaldan su hoja de vida.

3.      Solo serán aceptadas las postulaciones que llenen los requisitos exigidos en la convocatoria y que sean enviados hasta las 5:00 p.m. de viernes 11 de octubre al correoadministración@foro.org.co

TRANSMISIÓN EN DIRECTO 

Siga a través del enlace http://comunicaciones.uexternado.edu.co/television/ la transmisión en directo del Seminario internacional: que se realizará del 9 al 11 de octubre de 2013 en la Universidad Externado de Colombia con la participación de expertos internacionales, académicos colombianos, organizaciones rurales de base, instituciones estatales, gremios y sectores empresariales y comunidad internacional. 

Horario de transmisión
9 de octubre, de 08:00 a 15:30 horas.
10 de octubre, de 08:00 a 20:00 horas
11 de octubre, de 08:00 a 15:30 horas.

¿Cómo se da el fenómeno de la concentración y el acaparamiento de tierras en Colombia?, ¿Quiénes son los actores que participan en su consolidación?, ¿Qué lógicas geopolíticas y de poder lo sustentan?, ¿Cómo se relaciona con el desarrollo rural y el ordenamiento territorial?, ¿Cuáles son sus efectos sobre las poblaciones y los sistemas agroalimentarios de las ciudades?, son algunas de las reflexiones que se abordarán en este seminario convocado por la Universidad Externado de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y FoodFirst Information and Action Network, FIAN. El evento también es apoyado por CINEP, ILSA, IFEA, Embajada de Francia y Forum Syd. 

Para mayor información sobre e el evento consulte: georaizal.org/seminario  

Perfiles de los expertos invitados

Argentina

Diego Domínguez. Sociólogo, investigador del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos del Instituto de  Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de  Ciencias Sociales (UBA) y jefe de Trabajos Prácticos de la materia Sociología Rural de la misma facultad. Su tesis doctoral aborda los conflictos por la tierra en Argentina. 

Pablo Sabatino. Sociólogo, miembro del Área de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de  la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 

Chile

Marcos Orellana Cruz. Abogado de la U. Católica de Chile. Doctor of Juridical Science (SJD) de colegio de abogados de la American University. Director de los programas sobre Derechos Humanos y Ambiente, y Comercio y Desarrollo Sustentable en el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) en Washington DC. Profesor en el Washington College of Law de la American University. 

Sergio Gómez,  sociólogo de la Universidad Católica de Chile, con maestría en sociología de la Universidad de Essex y doctorado en sociología de la U. de Sao Paulo, Brasil. Consultor de la oficina regional de la FAO en Chile en reforma agraria y desarrollo territorial rural. 

Estados Unidos

Peter Rosset. Investigador del Centro para el Estudio del Cambio en el Campo en México (CECCAM), co-coordinador de la Red de Investigación -Acción sobre la Tierra (LRAN) y miembro de la Vía Campesina. 

Marcos A. Orellana (LL.M., S.J.D.) Director del Programa de Salud Ambiental en el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) en Washington DC, y profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la American University.  En CIEL el Dr. Orellana ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales alrededor del mundo para fortalecer las herramientas para proteger las funciones vitales del planeta y asegurar la justicia ambiental global, incluyendo con respecto a químicos y desechos tóxicos, océanos y biodiversidad, y comercio e inversiones. Antes de unirse al CIEL, fue Investigador en el Centro de Investigación de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.  También fue Académico Visitante en el Instituto de Derecho Ambiental en Washington DC, y Profesor Instructor de derecho internacional en la Universidad de Talca, Chile. Ha sido consejero jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en materias ambientales.  Ha trabajado con varios Acuerdos Multilaterales Ambientales así como en el proceso de la Conferencia de Río+20 sobre el Desarrollo Sostenible. También ha sido consultor jurídico de varios organismos internacionales, incluyendo el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Francia

Gérard Chouquer. Profesor de historia y director de investigación del CNRS. Historiador de catastro y cuestiones de la tierra, es fundador del observatorio de la tierra en el mundo, editor de la revista Estudios Rurales hasta 2013. Participa en los trabajos de reflexión de la Asociación de Agrimensores-expertos. Es miembro de la Comisión Técnica y de Desarrollo Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Regularmente participa en la Federación Internacional de Agrimensores. Actualmente está terminando un libro sobre la apropiación y el acaparamiento de la tierra. Propiedad estatal, comunidad y propiedad de la tierra. 

Guatemala

Daniel Pascual Hernández. Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Líder campesino de Guatemala. Encabeza iniciativas de exigencia y reivindicación de derechos territoriales, propuestas y negociación de la ley de Desarrollo Rural e Integral, desde un proyecto campesino e indígena basado en el acceso y uso de la tierra desde el pensamiento Maya y del buen vivir. Hace parte de las comisiones de diálogo con el gobierno guatemalteco y estuvo presente en las negociaciones y propuestas de la Ley de Catastro, de Seguridad Alimentaria y Nutricional agrarias en el marco de los Acuerdos de Paz. Coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC) desde 2005. 

Holanda

Jun Borras. Es doctor en Estudios sobre Desarrollo del Institute of Social Studies (ISS), La Haya. Es un académico  muy activo vinculado con los movimientos sociales rurales de las Filipinas y el resto del mundo. Desde principios de los años ochenta, formó parte del principal equipo organizador que estableció el movimiento campesino internacional La Vía Campesinay fue miembro de su Comisión Coordinadora Internacional (CCI) entre 1993 y 1996. Su labor académica y política ha estado centrada, entre otras cosas, en cuestiones territoriales y en movimientos agrarios (transnacionales. Jun es también miembro asociado del think tank Food First, y forma parte de la Junta Consultora Internacional de la revista Journal of Agrarian Change. 

México

Armando Bartra Vergés. Investigador con estudios y publicaciones que le han dado reconocimiento internacional, equivalentes al grado de doctor. Líneas de investigación: estudios regionales y sociopolíticos del movimiento campesino, contradicciones tecnológicas del capital. Departamento de Relaciones Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Reino Unido

Gaby Drinkwater. Oficial de Políticas Públicas e incidencia para América Latina y el Caribe de Christian Aid. Presentará una ponencia sobre la relación entre el acaparamiento de tierras y las políticas de desarrollo en los programas de gobierno (principalmente los gobiernos Colombiano y Británico) y las implicaciones que estas tienen para las comunidades. 

Colombia

Yamile Salinas Abdala. Asesora académica de Indepaz. Abogada independiente con amplia experiencia en derecho público, ambiental, agrario, étnico, cultural y en derechos humanos con énfasis en los derechos de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y víctimas. Es investigadora del Centro de Memoria Histórica. 

Darío Fajardo Montaña. Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magister de la Universidad de California, Berkeley. Investigador de la problemática agraria en Colombia y profesor de la Universidad Externado Actualmente es consultor de la FAO en Colombia. Autor de múltiples publicaciones sobre el tema agrario en Colombia. Es reconocido como uno de los gestores de la figura de las Zonas de Reserva Campesina. 

Ana María Ibáñez. Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Economista de la Universidad de los Andes y doctora en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland en College Park. 

Gustavo Montañez Gómez. Ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Estudios Latinoamericanos y doctor en geografía de la Universidad de la Florida. Sus áreas de investigación son la geografía ambiental, los estudios regionales, y la relación sociedad y territorio. 

Rodrigo Arce Oliver. Director de País de Forum Syd para Colombia. Exdirector Regional de Forum Syd  para América Latina en los  últimos 10 años.Tiene estudios de Ingeniería Hidrológica en la UAM-Iztapalapa en México. Estudios de Derechos Humanos en el Departamento de Investigación sobre Paz y el Desarrollo de la Universidad de Gotemburgo, Padrigu en Suecia. Trabajó como Observador de Derechos Humanos en la Misión de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA. Participó en la verificación de la desmovilización de la Policía Militar Ambulante, PMA, Comisionados militares, Patrullas de Auto Defensa Civil, PAC y combatientes y milicianos de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el último periodo de su trabajo verificó los Acuerdos de Paz sobre Situación Agraria y los derechos Económicos Sociales y Culturales en el País teniendo énfasis el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Cuenta también con experiencias de búsqueda de la Paz y mediación en el conflicto en el Sahara Occidental. 

Davide Bocchi. Secretario Técnico Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia – PODEC. Abogado, magíster en relaciones internacionales. Vinculado a Podec desde el 2004, ha realizado investigaciones sobre el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, la Ley 975 de 2005, el Plan de Consolidación de Montes de María y la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras. Es profesor de cátedra de derecho internacional de la Universidad Javeriana y ha publicado varios artículos en tema de sociedad civil, ONG y actores no estatales.

Alfredo Molano Bravo. Escritor, sociólogo y periodista. Ha dedicado su vida a recorrer las zonas rurales de Colombia y publicar textos fundamentales en los que se muestra los orígenes y desarrollos de las problemáticas rurales en el país. 

Paula Álvarez Roa. Politóloga, coordinadora área Comercio y Ambiente del Grupo Semillas. Lidera seguimiento a políticas públicas en temas ambientales y rurales, investigación sobre el desarrollo de proyectos agroindustriales, conflictos socio- ambientales en la producción de agrocombustibles. Ha trabajado el problema de mercado y extranjerización de tierras particularmente en la Altillanura colombiana. 

Perfiles de los coordinadores y organizadores

Flavio Bladimir Rodríguez. Topógrafo de la Universidad Distrital de Bogotá, Geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires. Es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y dinamizador de la red GeoRaizAL.  Sus campos generales de investigación son: territorialidad, espacio y poder; geopolítica agroalimentaria en América Latina, pensamiento crítico latinoamericano. Ha realizado investigaciones sobre las relaciones urbano rurales y regionales mediadas por la tierra y los alimentos, en los andes centrales colombianos y en la región pampeana argentina. En la actualidad desarrolla una investigación sobre huella geográfica alimentaria, concentración de tierras y régimen alimentario corporativo en Colombia. 

Juana Camacho Segura. Antropóloga, maestría en desarrollo sostenible de sistemas agrarios y doctorado en antropología ambiental. Es investigadora del  Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ha trabajado con comunidades rurales del Pacífico, de los Andes y del Caribe. 

Juan Carlos Morales González. Médico de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente se desempeña como Director ejecutivo de FIAN Colombia. Con múltiples publicaciones sobre el tema alimentario, sus campos de trabajo se centran especialmente en: derechos humanos; derecho a la alimentación; historia y geopolítica de la alimentación y el hambre; hambre y conflictos. Ha trabajado con la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la FAO y la Defensoría del Pueblo. 

Sergio Coronado. Abogado, Especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Desarrollo Rural y en Derecho Constitucional. Investigador del equipo "Tierras y Derecho al Territorio" del Centro de Investigación y Educación Popular - Cinep. Profesor de cátedra de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como  investigador y educador en diferentes proyectos relacionados en el fortalecimiento y organización de grupos sociales y comunidades, con énfasis en temas como Derechos Humanos Integrales, Territorio, Estudios Rurales y Desplazamiento Forzado.  Es autor del libro: "Tierra, autonomía y dignidad. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta", y coeditor del libro "Minería, territorio y conflicto en Colombia".  

Freddy Ordoñez. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, donde cursa actualmente la Maestría en Derecho con profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Desde el año 2009 se encuentra vinculado al Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA como investigador.

A propósito de las protestas... nadie se refiere a las problemáticas específicas de los trabajadores asalariados y jornaleros del campo

El estado colombiano y los derechos de los 
asalariados y jornaleros del campo

Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical


Las protestas que hoy sacuden al campo colombiano están más que justificadas. Lecheros, papicultores, cafeteros, arroceros, etc., se encuentran en condiciones cada vez más difíciles. No sólo deben soportar la competencia completamente hostil que les han creado los tratados de libre comercio, sino que los costos de los insumos que les imponen las compañías trasnacionales no los dejan prosperar; además son víctimas de los intermediaros y comerciantes mayoristas que les compran sus cosechas y productos “a precio de huevo”, en un contexto en el que el Estado está completamente ausente, carece de políticas públicas de crédito de fomento, de asistencia técnica y de comercialización que les permitan mejorar la productividad de sus negocios.

Sin embargo, en la actual coyuntura de movilización y protesta campesina nadie se refiere a las problemáticas específicas de los trabajadores asalariados y jornaleros del campo. Detrás de cada papicultor, o dueño de hato lechero, productor de café, de arroz, o de un ganadero, hay por lo menos tres, cuatro, cinco o más trabajadores que se encuentran en una situación todavía peor: ni siquiera devengar un salario mínimo, no tienen afiliación a la seguridad social, trabajan de sol a sol sin la protección contra las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Son trabajadores que cuando llegan a viejos se quedan sin ningún ingreso, pues ya nadie los contrata y nunca tuvieron oportunidad de cotizar para una pensión.

A nivel nacional, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura ocupan 3´366.000 personas, o sea el 16% de la población ocupada. De éstas, 898 mil son trabajadores asalariados y 595 mil son jornaleros o peones.

Exceptuando los corteros de caña en el valle del Cuaca, los trabajadores del banano en la región de Urabá y el Magdalena, las trabajadoras de la flores en Cundinamarca y el oriente antioqueño, y algunos trabajadores de plantaciones de palma africana, la mayoría de los trabajadores dedicados a las labores agropecuarias trabajan en condiciones de informalidad, sin protección social, y sin siquiera el derecho a un salario mínimo.

Las propias estadísticas del DANE y del Ministerio del Trabajo indican que en 2012 el trabajo informal en el sector agropecuario era del 91%1, es decir, trabajo que no se ajusta a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a los convenios de la OIT; que el 73.1% de los trabajadores y trabajadoras devenga menos de un salario mínimo, y que el ingreso promedio en este sector apenas alcanza el 79% de un salario mínimo.

Todos estos trabajadores, más los que trabajan por cuenta propia en sus pequeñas parcelas, son los que hacen la masa de los pobres del campo, que en las estadísticas del DANE aparecen como “el resto”, y alcanza el 46.8% de la población. A éstos hay que agregar los que están en la pobreza extrema, que en estas regiones afecta  al 22.8% de la población2.

Esta pobreza e indigencia está asociada, por supuesto, a los ingresos laborales que recibe la mayor parte de la población trabajadora del campo y a la desprotección social en que se encuentra. En este resultado el Estado tiene una gran responsabilidad, pues una de sus funciones: la de inspección del trabajo, en la práctica está completamente ausente en el campo colombiano, pues para todo el país apenas se cuenta con 456 inspectores, uno por cada 46 mil trabajadores.

Esta función, que debe ejercer a través del Ministerio del Trabajo, obliga al Estado a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores y trabajadoras en ejercicio de su profesión: horas de trabajo, salario, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores, libertades sindicales y demás disposiciones afines. Incluye también facilitar información técnica y asesorar a empleadores y trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir dichas disposiciones; y finalmente, poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por ellas.

En síntesis, la función de inspección, clave para la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del campo, se concreta en acciones de control, asesoraría e información, y puesta en conocimiento ante la autoridad competente. Esta labor no la cumple el Estado porque carece del número suficiente de inspectores, y los pocos que hay se concentran en las principales ciudades y en algunas cabeceras importantes, dejando completamente desprotegido el sector agropecuario. Peor aún, los inspectores municipales, los de las localidades de mayor violación a derechos laborales, tienen bajo su jurisdicción entre 8 y 10 municipios. En la práctica solo se le hace posible realizar las consultas y conciliaciones del municipio en el que se tiene sede. Además, frecuentemente los inspectores se ven obligados a cancelar las visitas de inspección programadas o a desistir de visitar ciertos establecimientos, por la simple razón de que el Ministerio no suministra transporte3.
Así que la actual coyuntura de paros y protestas campesinas no puede dejar oculto el drama de los cientos de miles de trabajadores asalariados del sector agropecuario, a los que no se les reconocen sus derechos humanos laborales. En parte la violación de estos derechos es consecuencia de las condiciones precarias de los productores, a quienes no les alcanza ni para cumplir las obligaciones que se derivan de un contrato de trabajo.
Por eso garantizarles a los productores condiciones más favorables de producción y distribución, contribuye a que puedan cumplir con sus obligaciones como empleadores. Pero no basta con eso. También el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley laboral en todo el país, sancionando a los empleadores del campo que, estando en condiciones de reconocer los derechos laborales de sus trabajadores, entre ellos los derechos de libertad sindical, no lo hacen. Entre otras razones porque están seguros de que ningún inspector del trabajo los va a investigar y a sancionar.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATATUMBO

¿Gobierno de Colombia, los Campesinos del Catatumbo, somos un objetivo

de ataque militar?

Los campesinos del Catatumbo, quienes resistimos de manera civil y

pacífica,  pero sobre todo con dignidad y valentía, no solo al abandono estatal, a años de violencia y control paramilitar, de abusos y atropellos de la Fuerza pública, al conflicto armado; sino ahora el desinterés y la arrogancia del Gobierno, que ha prolongado esta protesta por 50 días,  ya que no quiere darle una salida democrática, pacifica, dialogada con los campesinos; sino que impone una salida militar y policial, el uso y abuso de la Fuerza es la única respuesta que hemos recibido los campesinos no solo a la crisis, al pliego de peticiones sino a más de 10 propuestas que se han presentado.

Denunciamos ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional y ante los organismos, organizaciones y órganos que velan por el respeto y aplicación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, lo ocurrido en las últimas horas:

1.      Desde el día de ayer 29 de Julio de 2013,  sobre el medio día, nuevamente el ESMAD de la Policía Nacional, dirigió ataques contra los campesinos que se encontraban concentrado en el lugar de “La Uno”, y nuevamente como en lo ocurrido en Ocaña, había presencia de efectivos de la Policía Nacional armados con fusiles, los cuales apuntaron contra los campesino manifestantes y efectuaron disparos al aire, mientras esto ocurría en el mismo sector sobrevolaron a muy baja altura 2 aviones Kfir por largo tiempo, causando gran pánico, terror y zozobra dentro de los manifestantes y de los habitantes de este sector. Los policías nuevamente dispararon contra los comunicadores alternativos que cubrián los enfrentamientos.  Efectivos del ESMAD capturaron hacia las una de la tarde al campesino menor de edad, Stiven Peña, según la policía fue trasladado a la ciudad de Cúcuta.

2.      Luego desde las 6 p.m. empezó a sobrevolar nuevamente un avión Kfir.  Durante la tarde se presentaron sobrevuelos de un avión no tripulado (conocido como DRON), aviones utilizados para hacer inteligencia militar, propio de operativos militares, ya que se utiliza entre otras para hacer fotografías, grabaciones y lograr la ubicación de objetivos militares.

3.      Desde las 10 p.m. nuevamente sobrevolaron y arrojaron aparatos conocidos como (globos y DRON), para seguir haciendo inteligencia militar y  tomando fotografías; también lanzaron luces de bengala, en los lugares conocidos como “ La  Cuatro y  J10”, situación que se prolongó por más de tres horas, hasta después de la medianoche.

4.      A las 12 y 30 a.m. del día de hoy 30 de julio de 2013 se escucharon

varios disparos en la zona conocida como “ Tres bocas” en dirección a la frontera con Venezuela, se presume que fue el Ejército Nacional, quienes hacen presencia en este lugar.

5.      El Ejército Nacional comenzó a movilizar cinco a esa  (5) comboy (tanquetas/vehículos) y atravesaron uno de los puntos donde se concentraban los campesinos, conocido como “Punta de Palo”, los camiones llegaron hasta el puente del río Tibú.

6.      Desde la 5:30 a.m. del día de hoy 30 de julio de 2013 se movilizan 15 camiones particulares tipo turbo, que trasladan un gran número de integrantes del ESMAD y soldados del Ejército Nacional, el recorrido lo vienen haciendo desde el corregimiento de  Campo dos hacia La Aduana.

7.      Desde las 7 de la mañana de hoy 30 de julio los sitios de ubicación de los campesinos son sobrevolados permanentemente por un avión no tripulado –Drone y una avioneta exploradora.

Los campesinos nos dirigimos a Ustedes para denunciar y socializar, las  estrategias de guerra, de presión sicológica y de ataques que el Gobierno Nacional sigue dirigiendo contra la protesta de los Campesinos, ante esta terquedad, arrogancia, cobardía, y abuso de poder del Gobierno Colombiano y de la Fuerza Pública (Policía y Ejército), nosotros persistimos en promover, y abrir espacios democráticos de dialogo y de solución.

Por eso los Campesin@s del Catatumbo, les invitamos a todas las organizaciones sociales, sectores sociales, organizaciones políticas y partidos políticos, organizaciones y plataformas de derechos humanos, para promover la organización de un encuentro/evento en la ciudad de Bogotá para hacer un “Acuerdo Social para el Catatumbo”, porque la situación del Catatumbo y la lucha de los campesinos, es la lucha de todos y son realidades que también se enfrentan en todo el territorio nacional.

Por el agravamiento de las condiciones de seguridad, que aumentan cada

vez más el riesgo y con una amenaza directa para la vida, la integridad personal y la libertad de los campesinos que legitima y legalmente protestamos, y porque este gobierno ha sido no solo incapaz, sino insensato y arbitrario, y ha prolongado esta situación por ya casi 50 días, les solicitamos que este espacio sea convocado y organizado, esta misma semana (miércoles a viernes) en la ciudad de Bogotá, y que de las conclusiones del mismo se puedan organizar ruedas de prensa simultaneas en Bogotá y Cúcuta.

Agradecemos todos los pronunciamientos de solidaridad y las manifestaciones de respaldo y preocupación, así como los buenos oficios de quienes han intentado y persisten en mediar con el gobierno indolente y terco de Juan Manuel Santos, y esperamos y solicitamos que se pronuncien ante el gobierno nacional, el ministerio de defensa y la Fuerza Pública, por la forma violenta y abusiva como han controlado esta protesta social y pacífica.

Asociación Campesina del Catatumbo

30 de Julio de 2013. 7:00 a.m.

La Aduana. Tibú. Catatumbo. Colombia

La entrevista que hizo la RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y PAZ con el padre Dario Echeverri sobre temas de la actualidad colombiana.

http://www.youtube.com/watch?v=2sKa_KW5rS4 (parte 2)

http://www.youtube.com/watch?v=YKlhs96-bDc ( parte 1)

El PARO SE INTENSIFICA PORQUE LA GENTE NO AGUANTA MAS AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI – COSTA PACIFICA DE CAUCA.
La protesta pacífica del municipio de Guapi – costa pacífica de Cauca que se inició el martes 2 de julio de 2013, ahora cuenta con mayor respaldo del pueblo,
que también se incrementó con la presencia de los habitantes de la zona rural ribereña.
Ante esta situación el Paro cívico recibió la visita de una comisión del Gobierno departamental del Cauca en cabeza de la Secretaria de Gobierno
departamental, que de inmediato hablaron al público y procedieron a la conformación de una Comisión, integrada por líderes del paro, de la Iglesia católica, y
de la Gobernación del Cauca.
En la comisión la Alcaldía municipal se comprometió en:
a) El mantenimiento de la vía al aeropuerto, que está deteriorada como nunca antes, para tal efecto conseguirá material para reparcheo, b) Suministrar
comida a los presos de la cárcel a partir del viernes 5 de julio de 2013, c) Acogerse a la ley 550 o de alivio fiscal, d) Comprar 2.000 sillas, 150 tableros, 500
sillas infantiles con sus correspondientes mesitas, 1 Kit para bibliotecas y material didáctico para todas las instituciones educativas, e) Entregar el combustible
para accionar las plantas que bombean el agua del acueducto durante 1 horas por día/ sector f) Ubicar un horario específico para la recolección de las
basuras en articulación con la entidad ambiental CRC y la entidad de salud, g) presentar a la comunidad y de forma indelegable en su persona un informe
trimestral de sus actividades, h) realizar en 10 días una reunión con las ONGs y la pastoral social.
La Gobernación del Cauca se comprometió en:
a) Impulsar un proyecto para infraestructura educativa a los 3 municipios, b) Tener disponibilidad de $8.000 millones de pesos para alcantarillado de Guapi, c)
Mejoramiento y ampliación del pavimento de la Cra 2a y la 4a con acompañamiento de un Plan de manejo de la Galeria presentado por la Alcaldía municipal,
d) Resolver en 2 meses la interinidad del Gerente de la ESE Guapi.
Finalmente se creó una Comité de seguimiento a los acuerdos conformada por la Pastoral Social, sector del Comercio, alcaldía, y del Comité del paro.
La comunidad no aceptó las propuestas acordadas, ya que en ningún punto plantearon el tema central por la cual se encuentran en paro cívico que es la
salida del Alcalde Yarley Ocoro por vía de renuncia o por fallo legal de los organismos respectivos. Se espera la reacción de los organismos de Control
como la Contraloría departamental, ya que con solo 3 procesos sancionatorios continuos, o 6 proceso sancionatorios discontinuos, hay méritos suficientes
para que este ente solicite la suspensión del funcionario ante el Gobernador departamental. El hecho es que se cumple con todos los requerimientos porque
ya van 3 procesos sancionatorios continuos y 7 procesos sancionatorios discontinuos a raíz de que el Alcalde no rindió los requerimientos y cuentas a la
Contraloría departamental.
Ante esta situación el Paro cívico se mantiene y se agudizó manteniendo cerrados todo el comercio, interrumpidas las actividades del sector público, la
energía eléctrica la suspenden desde las 9:00am hasta las 5:00pm, además retuvieron en el aeropuerto “Juan Casiano Solis” el avión de Satena al que le
permitieron retornar a Cali a las 9:00pm previo acuerdo de que vaya la prensa nacional a realizar un reporte sobre la realidad crítica y caótica del municipio de
Guapi.
La gente manifiesta que se cansó del desgreñó administrativo y de la corrupción, ya que el discurso del Alcalde municipal es que las cuentas están
embargadas y no tiene dinero para hacer nada; pero comentan que la realidad es distinta ya que por fuentes de los entes financieros, el burgomaestre sacó
el día martes 2 de julio de 2013 (día de iniciación del paro) alrededor de dos millones de pesos del banco popular ($2.000.000.000) con un concepto del
Ministerio de Hacienda donde informaban que esas platas de propósitos generales no eran embargables. Entre los dineros se encuentra los recursos para
Primera infancia que suman un poco más de mil millones de pesos ($1.000.000.000).
La gente requiere con urgencias una reunión con una Comisión del Gobierno nacional, para que de primera mano vean y escuchen la realidad de la gente y
se tomen medidas en pro del goce efectivo de derechos.
Le manifestamos al Estado colombianos su obligación para buscar salida a la crisis temporal y estructural de nuestras comunidades, en especial por nuestra
condición de grupo étnico negro.
A la comunidad nacional e internacional la solidaridad y atención constante ante el desenlace de los acontecimientos, ya que para el gobierno en su conjunto
es fácil estigmatizar antes que solucionar reclamos justos de derecho.
Guapi - Cauca, 6 de julio de 2013
Regional COCOCAUCA
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