Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales. Colombia

El museo de la memoria

2012-01-29T06:01:00.000-08:00

Por María Jimena Duzán

Allí deberían estar todas las víctimas, así sean de izquierda, de derecha o de centro. Las de las minas quiebrapatas y las de los falsos positivos.

Sábado 28 Enero 2012

Vengo cavilando desde hace un tiempo sobre cómo sería ese museo de la historia que plantea la Ley de Víctimas y pensando con el deseo he llegado a la siguiente conclusión: uno sí quisiera que ese museo se convirtiera en un espacio para la reflexión sobre lo que nos pasó en los últimos 40 o 50 años. Y no una reflexión cualquiera, sino una hecha a partir de las víctimas, de su dolor, de lo que perdieron y de lo que eso significó para sus vidas. Que no nos pase lo que nos sucedió en la guerra contra Pablo Escobar, cuya vida y horrores aún nos siguen eclipsando al punto de que en nuestro imaginario ya se nos han ido olvidando el reguero de víctimas que nos dejó.

Obviamente esta no es una tarea fácil y, en un país donde todavía no hay un consenso en torno a lo que realmente nos pasó en los últimos 30 años, esta puede ser una hazaña tan difícil como la de conseguir devolverle la tierra a los campesinos desterrados en medio del conflicto.

A pesar de esos escollos, como víctima de este conflicto aspiraría a que ese museo cumpliera por lo menos con cuatro preceptos básicos: el primero de ellos es que el museo tiene que servir para devolverle a las víctimas su dignidad, así muchos sectores aún hoy estén reticentes a hacerlo. Que el hecho de ser víctima y de declararse como tal deje de ser un lastre y un motivo de vergüenza.

El segundo precepto sería el de establecer de manera clara y contundente que en Colombia no hay víctimas de primera ni de segunda clase y que, por consiguiente, todas las víctimas -las de los narcos, las de los paramilitares, las de la guerrilla y las de los agentes del Estado- deben ser reconocidas y tratadas con el mismo respeto. Un museo en el que las víctimas no tengan estatus social sería el sueño de muchos de los colombianos que han padecido tan hirientes divisiones.

Allí deberían estar todas las víctimas de este país, así sean de izquierda, de derecha o de centro; las de las minas quiebrapatas de las Farc y las de los falsos positivos; las de Pablo Escobar y las del Mono Jojoy; las del Palacio de Justicia y las de los hermanos Castaño. Las víctimas del Eme, los hijos de los políticos asesinados de la UP, los Pizarro, familiares de desmovilizados que han sido asesinados, y los líderes que están abogando por la restitución de tierras y que también han sido asesinados. Que no se nos olvide ni uno de los caídos. Con un solo olvido se pierde el equilibrio y se terminará inclinándose hacia un lado.

El tercer precepto sería el de que ese lugar fuera concebido con el objeto de visibilizar a las miles de víctimas sin cara que han caído en el fuego cruzado del conflicto colombiano en estas últimas décadas. Yo quiero saber cómo vivían ellos antes de que la guerrilla los atropellara o antes de que los narcoparamilitares asesinaran a sus hermanos o padres para quitarles la tierra y cómo han sobrevivido desde entonces. Que nos cuenten cómo fue su desplazamiento forzado del campo a la ciudad y cómo les tocó partir de sus finquitas el día menos pensado para ir a vivir en un barrio de marginados en una de las grandes ciudades. Solo así las nuevas generaciones -que hoy no saben qué fue lo que pasó en el Magdalena Medio hace veinte años, o qué pasó en el pueblo de Chengue, y que en El Salado hubo una masacre- sepan lo que allí sucedió y recuerden el horror de lo vivido por muchos colombianos.

El cuarto precepto es el más importante, pero el más difícil: hacer un museo en el que el horror de la guerra se muestre de tal forma que sirva para crear en los colombianos la conciencia de que estos horrores no se pueden volver a repetir.

Hacer esto, en un país donde el conflicto no se ha terminado, puede ser una quimera. Pero por algo se empieza. Y así en este país se viva aún en medio de memorias fracturadas y de balas que se disparan de lado y lado, hay un montón de colombianos que no queremos más guerra.

http://www.semana.com/opinion/museo-memoria/171119-3.aspx

Cinco cosas que podría hacer Santos por las víctimas en vez de marchar

2012-01-27T19:07:00.000-08:00

Foto de lasillavacia.com

Hoy en Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos se unió a la marcha que planearon varias organizaciones de víctimas en la Costa para rechazar la violencia en contra de los desplazados y para expresar, de forma simbólica, su apoyo al proceso de restitución de tierras. El Gobierno financió el transporte para las víctimas que tuvieran que desplazarse a Barranquilla y también acompañará una marcha más grande en Necoclí, y luego otras en Bogotá y Medellín.

Mientras el Gobierno considera que éste es un acto político necesario para apoyar a las víctimas, permanece la pregunta de si al hacerlo se corre el riesgo de que termine cooptando el movimiento de víctimas. O, en el mejor de los casos, si más allá del plano simbólico, y dadas sus responsabilidades como máximo dirigente de la Nación, no habría otros actos políticos quizá más necesarios para avanzar en el proceso de restitución. Por ejemplo:

1. Desenmascarar y enfrentar a la ‘mano negra’

En junio del año pasado, el presidente Santos comenzó a hablar de una ‘mano negra’ que estaba conspirando en contra de la ley de víctimas y restitución de tierras.

El problema es que Santos se quedó en el discurso. No ha mencionado con nombre propio a una sola persona que esté detrás de esa mano negra y tampoco ha anunciado ninguna estrategia para desenmascarla. Esto, a pesar de que tanto ONG como medios como La Silla Vacía ya han dado pistas sobre las estrategias utilizadas por esta ‘mano negra’ para evitar la restitución de tierras.

Por ejemplo, seis organizaciones de víctimas -entre las que están Codhes, la Fundación Nuevo ArcoIris y Fedepaz- enviaron una carta a las embajadas de Holanda, Suiza, Francia y Suecia en la que denuncian que hay empresarios que se beneficiaron con el despojo que están detrás de las presiones contra los campesinos que exigen su restitución.

2. Tomar medidas efectivas para proteger las vidas de los líderes de víctimas

Desde que se posesionó Santos han sido asesinados 16 líderes de restitución de tierras, el mismo número que fueron muertos durante los primeros seis años del gobierno de Uribe.

Como respuesta a los asesinatos de varios líderes que reclaman sus tierras se puso en marcha el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras en marzo de 2011, conformado por el Vicepresidente de la República y los Ministerios de Defensa, Interior y Agricultura, y en el que participan la Procuraduría, la Fiscalía, organismos de inteligencia y contrainteligencia, operadores de justicia y entidades gubernamentales.

Sin embargo, este Centro no ha comenzado a ejecutar las medidas de protección y se ha mantenido sobre todo haciendo análisis de riesgo. Mientras tanto, los líderes siguen siendo asesinados. Los dos últimos murieron en diciembre del año pasado, razón por la cual se convocó la marcha.

3. Enfrentar a los grandes tenedores de tierras en zonas de despojo.

La Superintendencia de Notariado y Registro ha estado viajando a distintas regiones del país y ha documentado quiénes son los grandes poseedores de tierras en las zonas de despojo. Lo ha hecho en Montes de María, en la Orinoquía o en el Urabá Antioqueño, zonas donde hubo el mayor desplazamiento. Y aunque en sus informes la Superintendencia ha nombrado quiénes son los grandes tenedores, hasta el momento el Gobierno no ha ordenado su investigación.

Por el contrario, como lo contó La Silla Vacía, el Superintendente de Notariado y Registro-sin que haya mediado un proceso de por medio- ya ha dicho que, por ejemplo, Cementos Argos es un tercero de buena fe en Montes de María a pesar de que compró tierras de los campesinos desplazados a muy bajo costo y en el momento más álgido del conflicto en la zona.

Tampoco se ha avanzado en rastrear los bienes de los políticos o funcionarios que ya están condenados por sus vínculos con los paramilitares, algunos de los cuales fueron cómplices del despojo.

4. Enfrentar el factor Carranza

Otro de los grandes tenedores de tierras es el empresario de las esmeraldas Víctor Carranza. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos así como varios centros de investigación sobre el conflicto han demostrado la expansión territorial de Carranza en Boyacá, Cundinamarca, Meta, Casanare, Guainía, Vichada, Tolima, Caldas, Magdalena, Cesar, Bolívar y Sucre. Y se dice que hace unos años celebró la compra de la hectárea un millón.

Sin embargo, el tema de Carranza ha estado ausente en el discurso del Presidente, quien lo conoce personalmente.

Más que enfrentar estos grandes poderes ligados a las tierras, hasta ahora el Gobierno ha preferido entregar tierras que le pertenecen a la Nación, como lo denunció la Contralora Sandra Morelli. “Mucho de lo que el Gobierno ha hecho hasta hoy no ha sido con las tierras de los victimarios, estamos haciendo esa reparación con terrenos que pertenecen a la Nación, con terreno baldíos”, dijo ayer Morelli.

5. Reforzar la institucionalidad que empodera a las víctimas

La restitución de tierras no puede avanzar a menos que se hagan esfuerzos por garantizar que las víctimas tendrán verdaderos aliados a nivel local.

Como explicó La Silla Vacía, el personero que fue elegido en Carmen de Bolívar hace tres semanas fue puesto allí por el senador del Pin Antonio Correa, que es cercano a ‘la Gata’, la empresaria del chance condenada por sus nexos con el paramilitarismo. Y el personero es clave para la efectividad de la ley de víctimas y restitución de tierras porque es el encargado de inscribir las organizaciones de víctimas que tendrán voz durante todo el proceso de restitución y de tomar el primer testimonio de la víctima con base en el cual el gobierno central decide si merece indemnización o no.

Si el gobierno no garantiza que a nivel local haya una institucionalidad que genere confianza en las víctimas, será muy difícil avanzar exitosamente en este proceso.

Tomado de:

http://www.lasillavacia.com/historia/cinco-cosas-que-podria-hacer-santos-por-las-victimas-en-vez-de-marchar-30970

El desplazamiento forzado en Colombia: tragedia humanitaria.

2012-01-24T13:21:00.000-08:00

Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad de La Salle, se publicó el libro El desplazamiento forzado en Colombia: tragedia humanitaria, el cual recoge parte de los materiales que fueron presentados a los líderes y lideresas de la población desplazada residentes en Bogotá que participaron en el diplomado que se realizó en asocio con la facultad de Trabajo Social de la Universidad y la coordinación de la Corporación Viva La Ciudadanía y la Dirección de Derechos Humanos del Distrito Capital de la Secretaría de Gobierno.

El texto analiza la realidad del desplazamiento forzado, los derechos de esta población, las características y situaciones que enfrentan las víctimas del desplazamiento en la capital del país, la normatividad establecida en la Ley de Víctimas y restitución de tierras, los límites y desafíos de esta Ley y las principales lecciones metodológicas aplicadas en la Escuelas de lideres y lideresas durante el segundo semestre del 2011.

En el anexo se publica la Agenda Distrital elaborada a través de este proceso formativo, con el objetivo de que se convierta "en punto de partida para la reelaboración de la política pública que deberá aprobar la nueva administración que presidirá el alcalde, Gustavo Petro Urrego", según afirmó Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva La Ciudadanía.

Consultar libro en:

http://dl.dropbox.com/u/31557764/El%20desplazamiento%20forzado%20en%20Colombia_ene_24.pdf

Poder de la clientela

2012-01-22T11:11:00.000-08:00

Por: Alfredo Molano Bravo

El Espectador

Como es bien sabido, toda ley aprobada por el Congreso debe pasar a revisión de la Corte Constitucional; aquellas que tienen que ver con comunidades negras e indígenas deben cumplir un requisito previo, la consulta libre e informada sobre los efectos de las normas.

Las comunidades deben examinarlas y pueden observarlas, criticarlas, sugerir enmiendas y, claro está, rechazarlas si es el caso. Pues bien, desde la existencia de estos requisitos establecidos por acuerdos internacionales y leyes nacionales, existe en el caso de las comunidades negras un organismo llamado Alta Consultiva, compuesto por 43 miembros nombrados desde hace unos 15 años y que han tomado todo tipo de decisiones en representación de sus comunidades. Los gobiernos han “manejado” el asunto a su manera y aceptado la gran mayoría de caprichosas exigencias de la Alta Consultiva para dar el visto bueno a la consulta previa. Un procedimiento que se ha convertido en un trámite oneroso en prebendas, sinecuras y canonjías que beneficia a una diminuta élite.

La elección original de ese grupo fue realizada de manera poco clara: cualquier organización afrodescendiente —de acuerdo con un complejo sistema familiar y clientelar— elegía un miembro como representante de lo que llamaron “comunidades de base”. Es de suponer la multitud de arreglos entre dirigentes locales, regionales, gobernadores de turno, agentes electorales y voceros necesarios para ponerse de acuerdo en determinados nombres. Sobraría decir que la representación tiene desde entonces un nítido carácter patrimonial y antidemocrático. El poder económico y político de cada representante es enorme y se puede negociar en beneficio personal o grupal.

La corrupción ha sido de tal naturaleza que el Consejo de Estado, por sentencia 530 de 2010, declaró nula la representación de las comunidades negras ante la Consultiva de alto nivel y determinó que desde entonces los verdaderos representantes debían ser elegidos por los Consejos Territoriales Comunitarios y no por esas espurias “organizaciones de base”. Más aún, definió que la elección tendría un período de tres años, con lo que cortó de tajo la inmovilidad en los cargos de elección. El Gobierno, o más exactamente el Ministerio del Interior, ha pasado de agache ante esa trascendental definición jurídica. El viceministro, doctor Iragorri, ha preferido negociar con la Consultiva en forma pragmática que hacer cumplir la determinación del Consejo de Estado.

Yo, con franqueza, no sé si el interés del funcionario sea electoral. Puede ser. Hay fundamento para pensarlo así. Pero puede ser peor: una bomba quiebrapatas puesta en el camino del trámite de la Ley de Desarrollo Rural, puesto que el viceministro no puede desconocer que si la consulta previa no se tramita de manera rigurosa, la Corte Constitucional puede declararla inexequible, como sucedió afortunadamente con el nefasto estatuto de desarrollo rural de Uribe.

El poder del organismo consultivo es enorme, al punto de que ha estimado que el trámite de la citada ley costaría unos 1.500 millones de pesos, representados en viajes, viáticos, honorarios y pago de consultores externos nombrados por sus miembros. Se dice que por la Ley de Minas se habría tenido que pagar unos 4.000 millones para cubrir los mismos gastos. En realidad, se trata de una especie de remuneración velada por el trámite de las consultas previas. Es absolutamente urgente que las consultas sean llevadas a cabo con quienes son las auténticas fuentes de la tradición de las comunidades negras, los Consejos Territoriales. Toda otra solución es una maniobra politiquera que desconoce de hecho la sentencia del Consejo de Estado 530 de 2010, el convenio 169 de Colombia con la OIT aprobado por la ley 21 de 1991.

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-322225-poder-de-clientela

¿Dejará Santos que le metan un gol a las comunidades afro?

2012-01-21T15:59:00.000-08:00

www.lasillavacia.com

Hoover Carabalí, Presidente del Consejo Comunitario
de La Plata. Foto: Juan Pablo Pino / www.lasillavacia.com

Ayer en la mañana, en Presidencia, se radicó una carta que será definitiva para las comunidades negras del país. La misiva está firmada por 156 consejos comunitarios afrocolombianos (y algunas asociaciones afros que los respaldan), que le piden al Presidente que intervenga en el proceso de consulta previa que pronto arrancará para discutir la ley de desarrollo rural que el Ministro de Agricultura presentará al Congreso.

Específicamente, la carta le pide al Presidente que impida que le metan un gol a las comunidades: mantener vigente la Consultiva de Alto Nivel Afro, un órgano de representación que ha sido muy cuestionado por los consejos comunitarios, que fue tumbado por el Consejo de Estado y que además expiró en 2011.

¿Dejará Santos que le metan ese gol a las comunidades?

Los líos de la Alta Consultiva

Tanto los pueblos indígenas como las comunidades afrocolombianas tienen órganos de representación nacional y en el caso afro se trata de la Consultiva de Alto Nivel. Está integrada por 43 delegados, elegidos por las Consultivas Regionales, elegidas a su vez por los Consejos Comunitarios afros (cada comunidad forma un Consejo Comunitario como forma de administración interna y para recibir sus tierras como propiedad colectiva) y donde también participan organizaciones de base afrocolombianas. Pero la Alta Consultiva tiene dos problemas.

El primero es que el 5 de agosto del 2010, dos días antes de que se posesionara Juan Manuel Santos, el Consejo de Estado profirió una sentencia que cambió las reglas de la consulta previa afro: eliminó de la Consultiva Nacional a los representantes de ‘organizaciones de base’, y dijo que solo pueden participar allí los ‘consejos comunitarios’ (ver sentencia). Es decir, que solo deben hacer parte de la Alta Consultiva representantes afros de comunidades que tienen títulos colectivos sobre el territorio.

Para varios líderes de consejos comunitarios eso se traduce en un punto: las consultas previas hechas por Santos con la Alta Consultiva (como el Plan Nacional de Desarrollo o la ley de víctimas) están viciadas, ya que el Gobierno no convocó a una nueva elección de la Consultiva después de emitido el fallo.

El segundo problema es que el periodo de la consultiva era de tan solo tres años, que se acabaron el pasado 31 de octubre. Pero el Gobierno, de nuevo, no convocó a la elección de la nueva consultiva. Es más, está considerando la posibilidad de mantenerla un año más.

Este es el gol que las comunidades quieren impedir que les hagan porque, sin duda, perderían el partido.

La Silla Vacía supo que el Ministerio del Interior decidirá la próxima semana si convoca o no a una nueva consultiva. Las posibilidades que tiene encima de la mesa son tres: la primera es convocar a elecciones; la segunda es convocar a los presidentes de los consejos comunitarios para acordar un mecanismo transitorio de representación, en el que puedan participar los consejos tradicionales, pero también las organizaciones de base que trabajan con éstos; y la tercera, el posible gol, es que el Ministerio del Interior está considerando expedir un decreto para mantener vigente la Consultiva de Alto Nivel un año más. “Es la opción más fácil”, dijo a La Silla Vacía un funcionario del Ministerio del Interior.

Y aunque son tres posibilidades, los 150 consejos comunitarios que firman la carta al presidente esta semana, tienen la impresión que es la ‘opción fácil’ la que tomará el Gobierno.

La Carta

“Respetuosamente le solicitamos a usted ordene que el Ministerio del Interior se abstenga de expedir el Decreto que prorroga por un año el período de la Consultiva de Alto Nivel, y con el cual también se pretende legitimar el acto inconstitucional que ésta sea la instancia de representación con quien el Gobierno realiza los procesos de Consulta Previa y consentimiento previo libre e informado en contravía de lo establecido en la Ley y la jurisprudencia”, dice la carta firmada por los consejos comunitarios al Presidente Santos.

Aunque el Ministerio del Interior dijo a La Silla que esta es solo una de las tres posibilidades, los líderes afros no dudan que es la opción favorita del Ministerio, ya que se comprometieron con ella el año pasado.

De acuerdo a varios líderes consultados por La Silla Vacía, y según está escrito en la carta al Presidente, el 30 de septiembre miembros de la Consultiva de Alto Nivel dijeron en una reunión que ya habían acordado con el Viceministro del Interior que a cambio de firmar consultas previas de proyectos de ley, como el de restitución de tierras, el gobierno les alargaba el período por un año.

“Si se convocaba la elección de una nueva Consultiva no se hubieran podido terminar otras consultas en proceso. Se planteó alargar porque la Alta Consultiva dijo que no iban a hacer ninguna consulta si se convocaban elecciones”, dijo a La Silla una persona cercana al proceso. Y ya que el Gobierno tenía hasta diciembre para consultar el Decreto reglamentario de la Ley de víctimas y restitución de tierras con las comunidades, decidieron jugársela con la consultiva. Una decisión polémica. Será la Corte Constitucional quien diga más adelante si la consulta estuvo viciada por los dos probelmas que enfrenta la consultiva.

Además de un compromiso con los Altos Consultivos, un cruce de cartas entre los consejos comunitarios, el Incoder y el Ministerio del Interior también deja claro que el Ministerio no quiere convocar un nuevo proceso y que prefiere quedarse con la Consultiva actual.

Por ley, cuando se eligen los Altos Consultivos, uno de ellos tiene derecho a ser el delegado de las comunidades afrocolombianas en el Consejo Directivo del Incoder. A ese cargo llegó en 2009 la Alta Consultiva Rosa Solís.

Solís ha sido cuestionada por los consejos comunitarios por supuestamente no ser una representante legítima de las comunidades (ver comunicado) y es una de las mujeres más polémicas de la Alta Consultiva.

Por esto, cuando se acabó el período de la Alta Consultiva, el representante legal del Consejo Comunitario de La Plata en Bahía Málaga (Valle del Cauca) pidió al Incoder que diera por terminado el periodo de Solís en esta institución.

El Incoder, en una carta del 21 de octubre le da la razón a Hoovert Carabalí, representante de La Plata: Rosa Solís no puede mantenerse como delegada ante el Incoder porque -de acuerdo a la norma- tendría que haber sido reelegida por la Alta Consultiva para mantenerse en este cargo antes de que acabara su período. Hasta ahí, las comunidades sintieron que llevaban la delantera.

La esperanza duró hasta que el 3 de noviembre, una semana después, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior respondió una carta al director del Incoder Juan Manuel Ospina en la que considera que sigue vigente la representación de Solís. La Dirección argumentó que solo la Alta Consultiva puede pronunciarse frente a la designación de su representante en el Incoder. Y sigue. Si no se ha pronunciado la Consultiva, la delegada podrá seguir siendo convocada a las sesiones del Consejo Directivo del Incoder. Aunque parece ser un problema de interpretación de la norma, con esta carta a las comunidades les quedó claro que el Ministerio no planea por ahora convocar a una nueva consultiva, como debió hacerlo desde el 2010.

Las nuevas presiones

Hoovert Carabalí fue quien pidió al Incoder retirar a Rosa Solís de su Consejo Directivo. Pero es también fue quien interpuso la demanda sobre la forma como fue elegida la Alta Consultiva ante el Consejo de Estado y ahora espera que el Gobierno convoque a una nueva consultiva.

Pero ya que el Gobierno no lo ha hecho desde agosto del 2010, solicitó a la Procuraduría que el Ministro del Interior -encargado de las consultas previas- sea investigado. “El Ministerio de Interior en cabeza del señor Germán Vargas Lleras no ha dado cumplimiento a los mandatos de dicho fallo en lo más mínimo. Al contrario de ello, se ha venido campeando por Colombia con la ya declarada viciada Comisión Consultiva de Alto Nivel, aplicando procesos de consulta previa a las iniciativas legislativas que afectan nuestros derechos en la medida que involucran nuestros territorios ancestrales”, dice su demanda.

Aunque podría ser un grito de auxilio casi simbólico (por ahora, este proceso de investigación no ha avanzado), las barras de apoyo para que el Ministerio del Interior resuelva el problema de representación de las comunidades afrocolombianas son cada vez más fuertes.

A esta pelea se unió ahora un grupo de académicos. Después de radicada la carta de los 150 consejos comunitarios, más de 50 académicos nacionales e internacionales firmaron otra comunicación dirigida al Presidente en la que no solo critican que la consulta previa con comunidades afrocolombianas no haya sido ni previa, ni libre, ni de buena fe; sino que también le piden que no extienda el periodo de la Consultiva un año más.

“Extenderle la vigencia de su período, mediante un decreto aparentemente negociado, a pesar de una Sentencia del Consejo de Estado (Sentencia 530 de 2010) sobre su naturaleza y composición, es no solo falta de transparencia, sino ilegal y una desobediencia a una orden jurídica”, dice la carta.

Y a esta presión puede ahora unirse el Ministerio de Agricultura. La Silla Vacía supo que esta cartera piensa presentar pronto la Ley de Desarrollo Rural, y para poderla presentar al Congreso necesita arrancar en las próximas semanas el proceso de consulta previa. El ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias no respetó la consulta previa a las comunidades cuando presentó su proyecto de ley de desarrollo rural, que por ese motivo por ello fue declarado inexequible en 2008 por la Corte Constitucional.

Ya que se trata de un proyecto tan delicado para las comunidades indígenas y afrocolombianas, y que la Corte Constitucional está alerta con respecto al desarrollo de la consulta previa, el Ministerio de Agricultura no quiere correr el riesgo de que uno de sus proyectos bandera se caiga en la Corte por segunda vez. Y ellos también están advertidos: la carta de las 150 firmas también llegó a su despacho.

La comunicación ya está en el despacho del Presidente. Y solo él, si acepta actuar como árbitro en esta puja, decidirá si este gol a las comunidades negras es válido o no.

http://www.lasillavacia.com/historia/dejara-santos-que-les-metan-un-gol-las-comunidades-afro-30822

La Ley de Víctimas: la noticia más importante de 2011 (y de 2012, 2013...)

2012-01-18T19:12:00.000-08:00

Por La Silla Vacía

'Magdalenas por Magdalena", Obra del artista Leonardo Posada

Las víctimas tienen la oportunidad histórica de recibir una compensación. .

A las doce de la noche del sábado pasado se venció el plazo de seis meses que otorgó la Ley de Víctimas para expedir su reglamentación. Los decretos están en la Secretaría Jurídica de Casa de Nariño desde la semana pasada y en unos días saldrán del ‘horno’. De esta manera, la Ley de Víctimas se convierte en una realidad y en el hecho más trascendental del 2011 y posiblemente también del 2012 y del 2013... y del 2020.

Como lo explicó La Silla Vacía cuando fue aprobada en mayo, la Ley de Víctimas es el hecho que definirá –para bien o para mal– el gobierno de Juan Manuel Santos.

Esta ley situó al gobierno de Santos en el centro del espectro político y lo alejó de la derecha de Uribe; consiguió, en el peor de los casos, el beneficio de la duda de quienes consideraban que Santos se limitaría a ser el continuismo del anterior gobierno; y fue un paso gigante para comenzar a crear las condiciones para la paz en Colombia, pues le apunta a resolver uno de los factores históricos del conflicto, que ha sido el de la tierra, y a sanar las heridas que terminan alimentando la siguiente generación de la guerra. Es como un 'cace' que hace el Gobierno para ir desactivando la guerra antes de firmar un acuerdo de paz.

Este es el primer gesto real que ha habido en muchos años orientado a reconocer el sufrimiento de los cuatro millones de colombianos que han vivido en carne propia la guerra y a hacer algo para que puedan recuperar –así sea en parte– su proyecto de vida.

Nada pasó este año que fuera tan importante. Sacar adelante la ley y armar los decretos ha sido una labor titánica del Ministro del Interior y del equipo que ha venido trabajando en la ley desde que se expidió. Pero la parte verdaderamente difícil viene el próximo año, cuando arranque su implementación. Estos son los principales retos que enfrentará:

1 El reto jurídico

La ley fue aprobada con mucho esfuerzo y superó los torpedos lanzados por el sector uribista que se opuso en el Congreso hasta el último minuto. Para la elaboración de los decretos, el equipo del Ministerio de Justicia, bajo la batuta de Miguel Samper, director de Justicia Transicional, realizó decenas de reuniones con organizaciones de víctimas y con alcaldes y gobernadores, recibió 7.900 comentarios de la comunidad. Sin embargo, y aún antes de que se conozcan los decretos, la Ley de Víctimas ya tiene por lo menos 50 demandas en contra cursando en la Corte Constitucional.

Entre las cosas que han sido demandadas está la definición de víctima (para que incluya, por ejemplo, a las víctimas de las Bacrim y el narcotráfico); la fecha a partir de la cual se indemnizará a las víctimas (que quedó a partir de 1985, aunque hay quienes quieren que sea desde 1980); y el concepto de indemnización (para que excluya servicios sociales como educación y salud, que deberían ser derechos para todos).

En el hipotético e improbable caso de que la Corte Constitucional deje la ley intacta, está el reto de cómo interpretarán los jueces esta ley cuando llegue el momento de aplicarla en los juicios de restitución. Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, por ejemplo, considera que hay que construir nuevas interpretaciones jurídicas de conceptos como el derecho de propiedad para ajustarlas a la Ley de Víctimas, lo que pone los pelos de punta a los terratenientes.

2 El reto de la seguridad

El éxito de la aplicación de esta ley dependerá en gran parte de los aliados con los que cuente. Y nadie será mejor aliado de esta ley que los líderes de las víctimas, quienes harán la presión para que no se quede en el papel; ayudarán al Gobierno a elaborar el censo de propiedades despojadas y a cruzar las víctimas con las tierras; y luego a reconstruir la memoria de este país para que no se repita la barbarie.

Proteger sus vidas tendrá que ser la prioridad principal del país. Y hasta ahora esta protección no ha sido suficiente para impedir que maten a 12 en lo que va corrido del año. Durante los ocho años anteriores mataron a 35 (ver historia). En Urabá, en los últimos meses algunos líderes han muerto en ‘accidentes’ que parecen demasiados para ser una coincidencia.

Fuera de proteger a los líderes, en el Gobierno hay una intensa discusión entre el Ministerio de Defensa y el de Agricultura sobre por dónde comenzar con la aplicación de la ley. Mientras que el sector defensa quiere que la restitución de tierras arranque por los territorios que ya están ‘consolidados’, es decir, libres de paras, bandas y guerrilla, el Ministerio de Agricultura considera que deben priorizarse aquellos territorios donde ha habido mayor despojo como el Urabá y contar con el acompañamiento permanente de la Fuerza Pública donde no está el territorio completamente consolidado.

Y por último, hay un tema que aparece poco en la agenda pero es crucial y es el del desminado. La guerrilla y, en menor proporción, los paramilitares y el Ejército sembraron el territorio de minas antipersonales para frenar la marcha del enemigo. Esas minas siguen allí sin estallar y son una amenaza latente para la población desplazada que con la ley podría retornar a sus tierras.

El programa de Minas bajo el actual Vicepresidente Angelino Garzón atraviesa una dura crisis y desminar un terreno cuesta miles de millones de pesos. Sólo para dar un ejemplo, el municipio de Granada, Antioquia, donde hay una experiencia de reparación liderada por las mismas víctimas, muy interesante, tiene el 53 por ciento de su territorio sembrado de minas. En otros lugares del país ni siquiera se sabe.

3 El reto de la indemnización

La mayoría de víctimas del país desconocen el contenido exacto de la ley. Pero muchas de ellas saben una cosa: que el Gobierno les dará plata. ¿Cuánto? Aún no se sabe porque, paradójicamente, eso no forma parte del decreto reglamentario elaborado por el Ministerio de Justicia. Ese es un asunto que definirá el Ministerio de Hacienda, que no ha tenido ninguna interacción con las víctimas.

El monto que definan enviará un mensaje crucial a las víctimas. Por eso no puede ser inferior al que ya le pagaron a los paramilitares desmovilizados y tampoco al de las víctimas del invierno.

También está el debate de si debe ser diferente la indemnización para una mujer que perdió a sus esposos y tres hijos en Machuca y para el que duró secuestrado ocho años o para quien torturó el Ejército. ¿Cómo cuantificar ese dolor? ¿Y cómo hacer para que el monto no vulnere la dignidad y el sentido de justicia de quien lo recibe?

4 El reto institucional

La aplicación de esta ley va a poner a prueba todo el Estado colombiano el próximo año. La inoperancia que demostró en los últimos años para cumplir con la Sentencia de Desplazados es un campanazo sobre lo que podría pasar con la Ley de Víctimas.

Esta ley tiene a su favor que, siendo el proyecto bandera de Santos, cuenta con toda la voluntad política del Gobierno Central, lo cual ayuda mucho. Pero ahora toca ‘contagiar’ de ese entusiasmo a las gobernaciones y alcaldías. Y el entusiasmo ayuda pero no es suficiente. Una serie de datos dan la idea del reto:

De los más de 50 municipios quebrados, varios son también lugares donde hay una gran proporción de víctimas, sobre todo en Cesar y Córdoba. Entonces, su capacidad de inversión en el retorno es mínimo.

El 45 por ciento del territorio en Colombia carece de títulos de propiedad, lo que da una medida de las dificultades que tendrá la titulación de tierras.

Hay 13 sistemas de información que tienen que ver con víctimas. Con la nueva ley, la idea es integrarlos.

Según el borrador de decreto de reglamentación, los personeros municipales son quienes toman el testimonio de la víctima, con base en el cual la Unidad de Víctimas en Bogotá evalúa el caso para aceptar su registro. El problema es que estos personeros son elegidos por los Concejos, que a su vez suelen ser dominados por los terratenientes del pueblo, que con frecuencia son aliados de los despojadores de tierra o son ellos mismos.

El Ministerio de Justicia sacó el decreto reglamentario de la reparación. Pero este no incluye ni el monto de la indemnización (que lo definirá Hacienda), ni tampoco la reglamentación del proceso de restitución de tierras, que es competencia de Minagricultura. En Casa de Nariño están tratando de armonizar ahora ambos decretos.

Por el lado de las víctimas, el nuevo decreto acaba con el mecanismo de representación que tenían los desplazados y crea más bien un mecanismo de participación de las víctimas que las obligará a reorganizarse. El Gobierno busca evitar la politización de las organizaciones de víctimas, pero desde la perspectiva de las organizaciones de desplazados la ley las debilita. Sobre todo porque ahora no necesariamente llevarán ellas la voz cantante. pues ahora tendrán que sentarse al lado de las víctimas del secuestro, de la desaparición, etc.

En fin, los escollos institucionales son inmensos.

5 El reto del modelo de desarrollo

Hay un debate de fondo que el país todavía no ha dado, pero que desde ya está planteando el analista Luis Jorge Garay y que tiene que ver con el contexto económico en el que se aplicará la Ley de Víctimas.

Garay ha puesto de relieve cómo devolverle la tierra a las víctimas entrará ineludiblemente en conflicto por el territorio con los proyectos de minería, los megaproyectos y los cultivos de agrocombustibles. Sobre todo en un país que tiene uno de los índices más altos de concentración e inequidad en la tenencia de la tierra.

En varios de los lugares donde se cometieron las masacres hace diez años, hoy hay represas, o exploraciones mineras o grandes proyectos de palma. Restituir esa tierra será muy difícil. Y de hecho, la ley de Víctimas creó una figura llamada el "derecho de superficie" que dice que cuando entren en conflicto el poseedor de la tierra de buena fe y exento de culpa compartirá con la víctima las utilidades del negocio, pero no estará obligado a devolver la tierra (aunque sí el título).

“El Gobierno quiere un mercado de tierras abierto para la competencia internacional”, dice Garay y se pregunta: “¿Qué tanto atenta esto contra la inclusión social de los campesinos?".

http://www.lasillavacia.com/historia/la-ley-de-victimas-la-noticia-mas-importante-del-2011-y-del-2012-2013-30201

Ley de Víctimas: la hora de la verdad

2011-12-24T06:58:00.000-08:00

Martes 20 Diciembre 2011

EFE

El presidente Juan Manuel Santos durante la firma de cinco decretos que reglamentan la Ley de Víctimas.

Con la firma de los cinco decretos que reglamentan la Ley de Víctimas, el país conocerá, desde el primero de enero, el verdadero efecto que tenga la legislación más ambiciosa por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.

En los espacios que había entre silla y silla en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, un comentario se repetía. “Ahora sí llegó el momento de la verdad”. Los murmullos previos a la reglamentación a las medidas de asistencia y reparación a las víctimas venían de rostros expectantes y atentos. No es para menos. Desde el primero de enero del 2012 entrará en vigor la ley que busca reparar a más de cuatro millones de personas que han sido desplazadas y devolverles dos millones de hectáreas.

Para el director del Centro de Memoria Histórica, Camilo González Posso, uno de los pilares de la efectividad que pueda tener la ley es el consenso que ha existido entre todos los implicados.

Desde cuando se inició la elaboración del decreto, el Gobierno contó con la participación de las víctimas y dialogó con 600 representantes a través de talleres regionales. “Fueron casi 8.000 aportes que analizamos y que nos permitieron ajustar esta normatividad a las necesidades de las víctimas”, aseguró el presidente Juan Manuel Santos este martes.

Según María Camila Moreno, analista de Razón Pública y miembro del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia (ICTJ), la inclusión de todos los sectores debe servir también para dignificar a las víctimas y reintegrarlas a la comunidad en condiciones plenas de igualdad. Es un reconocimiento que permite a los damnificados hacer entender que el dinero no es lo más importante y que tiene un sentido simbólico.

La indemnización económica para las víctimas, anunciada por el Gobierno oscilará entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, de nueve a 21 millones de pesos. Durante su discurso, Santos matizó que esos montos “se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro”.

Para ese propósito el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó a principios de diciembre 6,1 billones de pesos, destinados a atención y reparación a víctimas.

Las herramientas de las víctimas

Durante su discurso, Santos también anunció que para garantizar la restitución de tierras entrarán en funcionamiento 13 oficinas encargadas de atender a las víctimas y que se destinarán 22 jueces que fallarán cada caso en un tiempo máximo de cuatro meses.

Desde el Gobierno se prevé que para el próximo año haya un total de 13.000 procesos, de los cuales solo una quinta parte, aproximadamente, se podrá adelantar en el 2012, cifra que se aumentará en los siguientes años. Por ese motivo, Santos pidió paciencia a las víctimas porque no es posible “restaurar a todos de la noche a la mañana”.

Sin embargo, para María Camila Moreno existen otras dificultades en las condiciones para dar atención a los damnificados. La experta explicó que no es fácil incluir a todos los afectados en el sistema de registro y controlar los costos de atenderlas a todas. “Este hecho conduce a decisiones arbitrarias de exclusión del registro o a exigencias de requisitos excesivos a las víctimas”.

Otro inconveniente que fue señalado por el presidente Santos es cómo evitar la presencia de ‘falsos positivos’, es decir, personas que se hagan pasar por víctimas sin haberlo sido. El mandatario afirmó que las falsas víctimas que sean identificadas podrán afrontar penas de hasta 10 años de cárcel. Para procurar evitar este fenómeno, el Gobierno creará el registro único de víctimas.

Según Moreno, el registro se convertirá en el principal instrumento para determinar y caracterizar el universo de personas a atender y reparar, así como la puerta de entrada de las víctimas al sistema. “De allí su importancia y centralidad para que la ley pueda producir sus frutos”.

El acto, al que asistieron varias personalidades nacionales e internacionales, como el juez español Baltasar Garzón, terminó con una anécdota contada por el presidente. “Un jefe wayu me dijo que esta política no podrá devolver el canto de los pájaros ni la sombra de los árboles. Yo le respondo: no se pueden borrar las huellas de las heridas, pero sí cicatrizarlas”. A partir del próximo año Colombia será testigo si en efecto estas heridas podrán ser cicatrizadas.

http://www.semana.com/politica/ley-victimas-hora-verdad/169446-3.aspx

Seminario Serie Colombia 2011- Atención y reparación integral a las víctimas, un ejercicio de construcción de país’

2011-12-21T18:52:00.000-08:00

“La verdadera oportunidad para el país es la recuperación de la confianza y la institucionalidad, la reconstrucción del tejido social”

Marcelo Álvarez, Jefe de Misión

El pasado 11 de diciembre, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA fue invitada como uno de los ponentes principales al primer ‘Seminario Serie Colombia 2011- Atención y reparación integral a las víctimas, un ejercicio de construcción de país’, capítulo nacional de la Serie Houston, que se realizó en la ciudad de Santa Marta.

En el espacio de debate de alto nivel participaron conferencistas del sector público y privado, asociaciones de víctimas y organismos internacionales, (entre ellos un representante de la Mesa Nacional de Víctimas) con el objetivo de generar un diálogo democrático que pueda resultar en recomendaciones de incidencia en la política pública del país.

El encuentro Serie Colombia 2011 es la continuación de la iniciativa Serie Houston, que nace en el año 1997 y desde entonces se ha mantenido como uno de los espacios más relevantes para la discusión de temas relacionados con el conflicto y la paz en Colombia.

El seminario de este año fue convocado conjuntamente por Acción Social, Fundación Ideas para la Paz, el periódico El Tiempo, El Espectador, la Revista Semana, y la organización Partners Colombia, y contó con importantes intervenciones de todas las instancias estatales, sociales, organizaciones de víctimas y de cooperación internacional relacionadas con la Ley 1448, en las que destacaron las palabras del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón y del jefe de Misión, Marcelo Álvarez.

En su intervención, el Jefe de Misión propuso la realización de un taller de trabajo con el ánimo de aterrizar las visiones y conceptos surgidos del seminario a la realidad práctica y así “construir una visión conjunta de lo que tenemos que hacer”.

Por otro lado, añadió que la verdadera oportunidad que se abre para el país con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “es la recuperación de la confianza y la institucionalidad, la reconstrucción del tejido social, la reconciliación y el perdón”, pues “la oportunidad de reparar las víctimas es un medio y no un fin en sí mismo”.

Agregó que hay algunos desafíos que debe superar la implementación de esta ley, como la complejidad del nuevo sistema institucional, pues, según Álvarez, a la Misión le preocupa “que su creación y estructuración se convierta en una traba para la reparación integral”.

Finalmente, recalcó que para la aplicación de la Ley es “prioritario el enfoque diferencial de pertenencia étnica y cultural”, que no puede entenderse simplemente como un requisito formal.

http://www.mapp-oea.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1420&catid=83&Itemid=94

"Ya no más indiferencia con las víctimas, nunca más": presidente Santos

2011-12-20T10:57:00.000-08:00

Santos firmó decreto de Ley de Víctimas y Restitución de tierras

Foto: Cortesía Casa de Nariño

El presidente Juan Manuel Santos firma los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras en la Casa de Nariño.

El Gobierno Nacional este martes dio a conocer los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que será puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2012.

El presidente Juan Manuel Santos, junto a sus ministros y parte de los legisladores del Congreso y los representantes de las víctimas, presentó cómo será el trabajo para reparar a las víctimas del conflicto armado que sufre el país.

“No tiene sentido que a la población la sacaran de sus casas (…) no tiene sentido que se hayan presentado masacres en las plazas de los pueblos (…) y que tantas mujeres tengan el recuerdo imborrable de una violación”, aseguró Santos al presentar los decretos que tiene fuerza de ley.

En ese sentido, como una especie de autocrítica, Santos dijo que “hemos sido culpables de haber sido indiferentes y no haber hecho para evitar la tragedia de las víctimas (…) por décadas fuimos testigos del intenso dolor de las víctimas y no los consolamos”.

“Es vergonzoso que hayan llegado hasta los semáforos a pedir limosna y nosotros calmáramos nuestra consciencia simplemente entregándoles unas monedas; ya no más indiferencia”, aseguró.

Al dar la largada a la ley que servirá para reparar a las víctimas en los próximos 10 años y presentar las herramientas concretas para convertir ahora “un futuro de esperanza”, Santos dio a conocer cómo serán las medidas de asistencia y reparación.

Indemnización administrativa: ahí se establecen los montos y mecanismos. Cada víctima recibirá entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, en la actualidad entre 9 y 21 millones de pesos.

“Eso no compensa el asesinato de un ser querido, quisiéramos darles más pero físicamente no es posible”, aseguró.

Registro único de víctimas: se trata de la puerta de acceso para quienes quieren ser beneficiarios de las medidas de atención, asistencia y reparación. El proceso será gratuito y buscará que no tengan que pasearse de una institución a otra. Tendrán 4 años para poder registrarse.

“A los avivatos les decimos que si los descubrimos podrán ser condenados hasta con 8 años de cárcel”, señaló.

Garantías de no repetición: se crean observatorios y sistemas sobre las poblaciones en riesgo. Se atenderán de manera inmediata a quienes estén en riesgo de ser por segunda vez víctimas del conflicto.

De otro lado, se conoció de boca del propio Jefe de Estado que Gonzalo Sánchez estará encargado del Centro de Memoria Histórica. De ahí, todas las víctimas podrán conocer la verdad sobre el sufrimiento del que han sido objeto.

De nuevo, la mano negra

Finalmente, el presidente Santos volvió a referirse acerca de la “mano negra” que quiere afectar el proceso de reparación de las víctimas del conflicto que sufre el país.

“Los vamos a combatir con todo (a la mano negra), venga de donde venga, de la extrema izquierda o la extrema derecha; la vamos a combatir con el puño de nuestra Fuerza Pública”, añadió.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-317736-ya-no-mas-indiferencia-victimas-nunca-mas-santos

Gobierno detectó responsables de asesinatos de líderes de Víctimas

2011-12-20T10:51:00.000-08:00

Política |20 Dic 2011 - 11:31 am

Gobierno detectó responsables de asesinatos de líderes de Víctimas

Por: Elespectador.com

Foto: Archivo EL Espectador. Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que se conocen los nombres de seis responsables de homicidios contra los activistas del proceso de restitución de tierras.

El Gobierno Nacional ya tiene identificadas a los primeros responsables de los asesinatos de los líderes de las víctimas del conflicto que sufre el país.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que ya fueron detectadas seis personas que son las responsables de esos homicidios.

En ese sentido, el jefe de la cartera política señaló que esas personas “se convirtieron en objetivo militar de las Fuerzas Armadas”.

“Es la gran preocupación, desde hace algunas semanas se fijaron recompensas, las seis personas detectadas comprometidas en esos homicidios se han convertido en un objetivo estratégico su captura y su judicialización, porque es importante sentar un precedente para judicializar y capturar a los que estuvieron comprometidos en los asesinatos que han tenido lugar”, señaló Vargas.

En el mismo sentido, Vargas dijo que están listos todos los instrumentos del Estado para que a partir del 1 de enero entre de 2012, cuando entra en vigencia la Ley de Víctimas, en materia de seguridad se pueda brindar protección individual a los líderes de las víctimas.

El proceso de reparación se iniciará en zonas como el Urabá Antioqueño, en Norte de Santander, en Antioquia y en el Pacífico Colombiano, donde se registra la mayo amenaza al proceso.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-317727-gobierno-detecto-responsables-de-asesinatos-de-lideres-de-victim

El impulso a la Ley de Víctimas

2011-12-19T05:18:00.000-08:00

El Espectador. Especiales |17 Dic 2011. Yo estuve en...

Por: Miguel Samper Strouss / Director de Justicia Transicional, Ministerio de Justicia

El presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior Germán Vargas

Lleras y el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon. / EFE

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada en un hecho histórico el pasado 10 de junio por el presidente Juan Manuel Santos, se convirtió en la principal bandera del Gobierno.

Cuando me propusieron preparar estas páginas recordé con cierta nostalgia, pero meridiana angustia, una de las primeras conversaciones que sostuve con el ministro Germán Vargas quince días antes de posesionarme en el entonces Ministerio del Interior y de Justicia:

—Ministro, si bien aún no me he posesionado, dígame en qué le puedo ir ayudando —indagué en un intento adulador de quedar bien con el jefe.

—Necesito que prepare un proyecto de ley de víctimas —sentenció muy serio el ministro.

Pero, no voy a recaer en el error en el que recientemente han incurrido algunos al asumir el crédito individual por la preparación de la Ley de Víctimas. Fundamentalmente, porque no es cierto.

La propuesta radicada, en un hecho sin precedentes, por el propio presidente Juan Manuel Santos el 27 de septiembre de 2010, tomó como base el texto del proyecto preparado por el Partido Liberal en la legislatura anterior, y en las reuniones preparatorias participaron congresistas de diversas vertientes políticas, así como funcionarios de varias entidades del Estado.

Si bien las modificaciones fueron sustanciales, lo cierto es que mi papel en esta fase se concentró en la incorporación de estándares internacionales, la generación de claridades conceptuales y el ajuste del texto a la necesidad del Gobierno de diseñar un mecanismo de justicia transicional en favor de las víctimas. La construcción de la propuesta fue, entonces, absolutamente conjunta y concertada.

Incluso, durante la madrugada del día anterior a la radicación, aún estábamos trabajando en dos versiones del texto, esperando el indispensable aval del Ministerio de Hacienda: una que creaba una nueva institución para implementar las medidas de la ley y otra, la que finalmente fue radicada, que contemplaba la creación de una dependencia especial para el efecto al interior de Acción Social.

Finalmente, y luego de un arduo trabajo, el balón estaba en la cancha del Congreso. Sentí un alivio temporal, y sí que fue temporal: a la semana siguiente estábamos sentados con los 10 ponentes designados por la Comisión Primera de la Cámara para iniciar el proceso de acompañamiento en la preparación de la ponencia. Proceso que se repitió en cada uno de los cuatro debates, pues el objetivo era que todas las fuerzas políticas, sin excepción, quedaran conformes con el texto propuesto para cada una de las discusiones.

Lo que pocos saben es que la tarea más compleja no tenía lugar durante las largas jornadas de concertación previas a la radicación de la ponencia, ni cuando se empezaban a votar los artículos, así los ojos del país se concentraran en el momento en que saliera humo blanco de los salones del Capitolio. La función maratónica ocurría en los momentos previos a las votaciones.

La proposición es un instrumento a través del cual los congresistas, precisamente, proponen modificaciones en el articulado. Si se hubieran votado todas y cada una de las 170 proposiciones radicadas en la Comisión Primera de la Cámara, las 230 que llegaron a haber en la plenaria de la Cámara, las 110 consignadas en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado o las 160 que hubo en la plenaria del Senado, el proyecto de ley hubiera sido aprobado a finales del cuatrienio del presidente Santos.

Por ello, la concertación debía surtirse con cada uno de los senadores y representantes que habían radicado esas propuestas modificatorias, para incluirlas de alguna forma que no implicara trabas en el proceso legislativo o para retirar aquellas que no podían ser incluidas. Por poner un ejemplo, en la plenaria de la Cámara fueron retiradas 70 proposiciones cuando el Gobierno pudo concertar una modificación que era trascendental y no negociable para un representante. Repito: una por 70.

Al final, como caricaturescamente lo describió un amigo avezado en el trámite legislativo, el proceso fue radicalmente distinto en la Cámara y en el Senado, debido a que el Senado es como una corrida de toros: el matador (en este caso el ministro) sabe hacia qué lado debe hacer el pase, entiende el toro, sabe para dónde va y no puede dejarse embestir, porque podría tener resultados fatales. En cambio la Cámara es como una corraleja: uno nunca sabe de dónde puede salir una vaquilla con 70 proposiciones.

Entre todas esas proposiciones, circulaba siempre en el ambiente una que hubiera significado el hundimiento del proyecto: la que proponía excluir a las víctimas de agentes del Estado. Esta propuesta, que por suerte nunca fue radicada pero que siempre se avecinaba amenazante desde fuera del Congreso, fue finalmente sepultada con una decisión del presidente que cambió el curso de la iniciativa: el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno.

Luego de largas jornadas de discusión, concertación y dedicación del equipo de trabajo que conformamos en la Dirección de Justicia Transicional, de todos los ministerios, de Acción Social y de la Unidad Nacional; después de nueve meses de desvelos diarios de mi esposa, de contratiempos, aciertos, triunfos y derrotas, el presidente de la República sancionó la tan esperada ley 1448 de 2011 en presencia de la comunidad internacional y del secretario general de las Naciones Unidades, así como ante los ojos de cuatro millones de personas que han sufrido en carne propia las consecuencias del conflicto armado y que llevan esperando años por una reparación justa y adecuada.

Con el equipo de la Dirección pudimos ser partícipes activos de ese momento histórico, gracias al liderazgo y confianza del ministro Vargas. Luego, bajo la coordinación del ahora ministro de Justicia y del Derecho, tuvimos la oportunidad de articular un proceso de diseño de la reglamentación que se caracterizó por ser amplio, participativo e incluyente, pues fueron recibidos, a través de la activación de diversas estrategias de participación, más de 7.900 comentarios de las víctimas, autoridades locales, organizaciones y la sociedad civil.

Ahora es, entonces, el momento ideal para que comience la construcción de ese modelo de justicia transicional que, según la concepción siempre acertada del ministro Juan Carlos Esguerra, no sólo incentive la desmovilización sino que reduzca las brechas sociales que alimentan el conflicto.

Por ello, tengo un anhelo pendiente: poder ser testigo también del momento en que la desigualdad social en el país sea reducida a través de la reparación integral de todas las víctimas del conflicto. La justicia transicional, a fin de cuentas, tiene ese objetivo central: construir el puente hacia la reconciliación nacional y, eventualmente, hacia la paz, sobre pilares sólidos de equidad social, redistribución del ingreso y de la tierra y reconocimiento de los derechos de las víctimas. Ojalá pueda volver a escribir estas líneas en 10 años (o los que hagan falta), cuando hayamos presenciado la reparación de la última víctima del conflicto armado.

http://www.elespectador.com/impreso/especiales/articulo-317183-el-impulso-ley-de-victimas

Los nuevos decretos sobre víctimas indígenas, afrodescendientes y rom

2011-12-17T05:55:00.000-08:00

Por Francisco Taborda

Abogado, consultor en Derechos Humanos

Foto de MM

El camino que atraviesa la consulta previa que deben hacer los Estados a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y rom, en el actual Gobierno no es tan apacible como parece.

Como se recordará, la Corte Constitucional ha declarado inexequibles varias leyes por no haber surtido la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la OIT y la ley 21 que ratificó dicho convenio algunos meses antes de que entrara en vigencia la Constitución de 1991.

Así, por ejemplo, el Gobierno de Uribe vio caer el Estatuto de Desarrollo Rural, y el Plan Nacional de Desarrollo de su segundo mandato, mientras que el actual vio caer el Código Minero. Pero no sólo en la esfera nacional. La Corte Constitucional ha ordenado, en una sentencia de comienzos de este año, que una política educativa en Cauca sea consultada con los pueblos y autoridades indígenas de ese departamento, y en el fallo más reciente, referente a un caso en Riosucio (Caldas), declaró contrario a los principios que rigen la consulta en tanto derecho fundamental por reconocimiento jurisprudencial, la disposición del gobierno local de ese municipio de implantar unas juntas de acción comunal en territorio indígena.

Rodrigo Uprimny ha dicho que una de las características de los Derechos Humanos es la idea de que son derechos contramayoritarios, es decir que no pueden estar sometidos, como garantías y frenos al poder, a la regla de la mayoría. A la consulta previa le sucede algo similar y es que dado el reconocimiento de la diversidad cultural y de la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes y rom y sus particulares cosmovisiones, la OIT ha reconocido que, como sujetos colectivos de derechos, sobre dichos pueblos no se pueden promover procesos de toma de decisión que no tengan como presupuesto ineludible y como finalidad ulterior, el consentimiento previo, libre e informado, manifestado por dichos pueblos sobre las medidas legislativas o administrativas, o los proyectos puntuales que afecten o tengan la virtualidad de afectarlos en sus prácticas ancestrales o en sus condiciones de pervivencia física y cultural. Incluso la Corte ha reconocido que las reformas a la Constitución que tengan la potencialidad de afectar a los grupos étnicos, deben ser consultadas previamente.

Se trata en realidad de una dimensión importante de la democracia deliberativa en la que el gobernante no impone sus decisiones sino que persuade, en un ejercicio argumentativo que le brinda garantías de igualdad en la participación a los pueblos indígenas y afrodescendientes, de que tal o cual propuesta (de proyecto o de norma) se puede llevar a cabo sin violentar su identidad cultural y sus usos y costumbres. De no persuadirlos, el Gobierno, no sólo debe ser respetuoso de los disensos de los grupos étnicos, según establece el convenio y la jurisprudencia al respecto, sino que debe tomar todas las medidas para contrarrestar los efectos, tanto explícitos, como indeseados, de los proyectos que adelanta (de minería, de infraestructura, o de creación legislativa o administrativa, entre otros).

El problema, como se sabe, es la noción más o menos garantista, más o menos amplia, que tengan los funcionarios acerca de la consulta previa. Para unos, no pasa de ser un requisito, cuando el verdadero sentido de la consulta es que confiere a los grupos étnicos un papel trascendental de actores sociales y políticos decisorios que no pueden quedarse inermes ante las visiones hegemónicas del desarrollo y del progreso, que ponen en marcha locomotoras de todo tipo, la más fuerte de ellas, la legislativa, que ha caracterizado al actual Gobierno.

Algunos ministros, como el de Agricultura, ven la consulta previa como un requisito fastidioso que entorpece la marcha normal de las leyes y duplica o cuadruplica el número de debates que debe surtir una iniciativa para volverse ley. Así lo ha declarado varias veces en el Congreso cuando los legisladores lo llaman a rendir cuentas sobre la marcha de los proyectos.

El Director de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, también tiene visiones particulares. Hay que recordar que en la reciente escisión de los ministerios, al reestructurar el del Interior, se creó una dirección de consulta previa, lo cual era visto como la posibilidad de robustecer la capacidad de esa cartera para afrontar más cualificadamente no sólo los procesos de consulta de proyectos puntuales sino los de medidas legislativas. Pero, ¡Oh sorpresa¡ la consulta de medidas legislativas quedó en manos de la Dirección de Asuntos Étnicos, en un artilugio que caracteriza muchas normas de este país: hacerlas a la medida del zapato de quien detenta un cargo en el que no quiere perder poder. De otro lado, el mencionado Director ha indicado en un evento reciente celebrado en Santa Marta, que como el acto legislativo sobre regalías no surtió un proceso de consulta previa (a pesar de que había voces sensatas en el Gobierno que reclamaban que dicha reforma debía consultarse a los grupos étnicos), el Gobierno tampoco someterá a consulta la ley que reglamente dicha reforma constitucional, a pesar de que, según afirmó el funcionario, contempla la creación de fondos para pueblos indígenas, cuyo porcentaje de participación sería objeto de gran debate y por ese mismo motivo requeriría un amplio ejercicio de consulta. El Ministro de Hacienda, por su parte, ha indicado esta semana que la consulta sobre dicho proyecto de ley reglamentaria de regalías, será posterior, es decir, una vez se apruebe la iniciativa en el Congreso.

Quizá el ejercicio reciente más ilustrativo de cómo se adelantan los procesos de consulta previa de normas en nuestro país, lo constituye el que desembocó en la expedición del decreto ley de víctimas indígenas y en el de víctimas afrodescendientes. Ambos decretos fueron expedidos el pasado 9 de diciembre por el Presidente Santos, después de haber surtido distintos procesos y niveles de consulta, aceptables en el caso del decreto indígena, inaceptables en el caso del decreto ley para comunidades afrodescendientes.

En el caso del decreto ley para víctimas indígenas, no cabe duda de que hubo un proceso de consulta, en el que, si bien faltó compromiso y presencia institucional del Gobierno en los diferentes talleres que se llevaron a cabo en varios lugares del país, los indígenas trataron de hacer un ejercicio participativo y deliberante, no desprovisto, como es natural, de tensiones entre algunos pueblos y organizaciones, pero caracterizado por un esfuerzo de aprovechar el poco tiempo (la consulta regional se desarrolló en no más de tres meses) y de tratar de solventar los desacuerdos entre pueblos. Una evaluación más reposada de este proceso es importante en la medida en que arrojará enseñanzas útiles para futuras experiencias y permitirá construir una ruta metodológica de consulta de normas.

El fruto en el caso indígena, es un decreto emblemático, en la medida en que conjuga, de alguna manera, la matriz romana germánica de producción de normas y las visiones ancestrales de los pueblos indígenas. Ello condujo, por ejemplo, a consagrar el territorio como víctima, permitió que se sacara la cláusula absurda e inconstitucional contenida en la ley 1448 y (tristemente reproducida en el decreto ley para afrodescendientes) que considera que los menores de edad que son reclutados forzadamente y se desmovilizan luego de cumplir la mayoría de edad, no pueden ser considerados víctimas. Fue un ejercicio modesto y ambicioso al mismo tiempo, en la medida en que enfrentó una visión hegemónica de producción normativa y los deseos de los pueblos indígenas de ver plasmados en una norma sus anhelos y sus reivindicaciones. Es necesario sin embargo hacer una lectura juiciosa y detallada ahora que se expidió el decreto, ya que de todas manera no fue un camino de rosas, y es conveniente examinar con lupa cómo resolvió el Gobierno en el decreto finalmente aprobado, los desacuerdos. Una cosa se sabe de entrada, la fecha propuesta por los pueblos (1971) no fue acogida por el Gobierno, el cual impuso la de 1985, desconociendo con ello, justamente el carácter diferencial de la norma.

En lo relativo al trámite de la consulta del decreto ley de víctimas afrodescendientes, no puede decirse lo mismo. El remedo de consulta que se produjo allí, ofende cualquier lógica pluralista. Un puñado de miembros de la Consultiva de Alto Nivel, en un ejercicio casi clandestino, decidió ir a algunas regiones y “consultar” bilateralmente, a unos pocos líderes. Por contraste con la experiencia indígena, no se permitió una participación amplia, ni de los consejos comunitarios (autoridades legítimas en este proceso de consulta) ni de las organizaciones de base ni de las organizaciones sociales de carácter regional o nacional, interlocutores válidos y cualificados en dicho proceso. Tampoco tomó en cuenta en absoluto la propuesta de decreto presentada por la Mesa de Organizaciones Afrodescendientes, ni sus llamados ni los de otras organizaciones afrodescendientes por ser escuchadas. Se trató de una impostura en la que tristemente coadyuvó el Gobierno y que tendrá que ser evaluada por la Corte Constitucional.

El contraste que surge de examinar la marcha de los dos procesos, lanza un mensaje y varias lecciones: el proceso organizativo de los pueblos indígenas ha permitido un nivel importante de unidad. Por su parte, el proceso afrodescendiente está tristemente teñido de división, y allí, como en río revuelto, ha pescado la Consultiva de Alto Nivel, la cual terminó sustituyendo, con ejercicio de facultades espurias de consulta previa derivadas del decreto 3770 y conferidas inconstitucionalmente, a los pueblos afrodescendientes y a sus legítimos representantes.

Muchas lecciones se derivan también, pero, por razones de espacio, sólo quiero resaltar una: la idea de que es posible construir participativamente las normas, que no se trata de un coto vedado para quienes no son abogados, y que es posible la convivencia pacífica de varios sistemas legales, los cuales han demostrado que pueden colaborar armónicamente.

Lo que viene en cuanto a la consulta de otras propuestas que cursan en el Congreso, es un reto para que tanto los pueblos indígenas como los afrodescendientes y rom, aprendan de lo ocurrido y tomen las medidas necesarias para evitar restricciones abusivas al derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

Edición N° 00285 – Semana del 16 al 23 de Diciembre de 2011

Semanario Caja de Herramientas

Periodistas se preparan sobre Ley de Víctimas

2011-12-12T15:25:00.000-08:00

Cartagena. Unas 46 personas participaron del foro organizado por la Organización de Estado Americanos (MAPP/OEA), en El Carmen de Bolívar.

La Misión de Apoyo para Proceso de Paz de la Organización de Estado Americanos (MAPP/OEA), realizó en El Carmen de Bolívar un foro sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, dirigido a los miembros de la Red de Comunicadores Populares de los Montes de María y periodistas de la región.

El encuentro tuvo como objetivo informar a los comunicadores sobre la entrada en vigencia de la justicia transnacional para proteger a las víctimas del conflicto armado.

Los invitados debatieron sobre lo que comprende la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Bienes, que fue aprobada por el Congreso de este país y que se comenzará a ejecutar a partir del mes de enero de 2012.

El foro les permitió a los periodistas conocer herramientas para hacer un trabajo completo, que les permita a las comunidades conocer todo lo que pasará cada día con el tema.

Además de eso los comunicadores pueden llevar la información necesaria a las distintas comunidades, para de esa manera accedan a sus derechos y tener una restitución integral de todo lo que les arrebato la guerra.

Para los representantes de la MAPP/OEA, lo que se busca con este tipo de encuentros es crear redes para realizar trabajos mancomunados, involucrando a las personas afectadas que buscan una restitución.

En el encuentro participaron 45 personas entre las que se encontraban comunicadores de los quince municipios de Montes de María y periodistas de diferentes ciudades de la región, representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del portal informativo especializado en investigaciones Verdadabierta.com.

Los asistentes resaltaron que con este tipo de procesos es más fácil entender todo lo que abarca la Ley de Víctimas y Restitución de Bienes, para interactuar con las comunidades donde residen.

“Solo esperamos que este no sea el único foro que se realice en la región sobre este tema tan complejo y necesario para todos aquellos que fuimos víctimas de las distintas etapas de conflicto que se padeció en esta subregión”, dijo Héctor Gazabón.

POR LILA LEYVA VILLARREAL, CORRESPONSAL EL UNIVERSAL | EL CARMEN DE BOLÍVAR

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/periodistas-se-preparan-sobre-ley-de-victimas-56656

Restitución sin garantías

2011-12-10T13:36:00.000-08:00

La falta de garantías en materia de seguridad para la no repetición de los crímenes, para la desarticulación de las mafias que se lucran con la tierra despojada y para la implementación de un proyecto de vida digno y justo que logre, dentro de un modelo de justicia restaurativa, asegurar el retorno de las familias desterradas al campo en condiciones mejores a las pérdidas a causa de la violencia, podría conllevar a una nueva forma de revictimización

Por Maureén Maya

Periodista e investigadora social

El pasado 4 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos denunció nuevas amenazas contra líderes campesinos y señaló que una ‘mano negra’, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, intenta obstaculizar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras[1], con el fin de evitar que las víctimas regresen a sus tierras. Luego anunció la puesta en marcha de la misma y cuestionada estrategia empleada por su antecesor: crear una red de informantes y pagar recompensas de hasta 10 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de las intimidaciones[2].

El tema no era nuevo. Desde tiempo atrás las organizaciones sociales, las víctimas y algunos periodistas venían denunciando los asesinatos sistemáticos de líderes campesinos que intentaban recuperar sus tierras; abogados, defensores de derechos humanos, líderes sociales, analistas políticos y hasta representantes del Clero, no han cesado en sus denuncias ni en sus exigencias de protección para las víctimas.

Ya el 5 de febrero de 2011, la Corporación SISMA MUJER y el Observatorio de los “Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia en situación de desplazamiento forzado”, denunció un incremento en las amenazas contra lideresas, líderes sociales y miembros de organizaciones de derechos humanos y los asesinatos selectivos contra reclamantes de tierras. “La gravedad y sistematicidad de las amenazas y ataques en contra de la población en situación de desplazamiento, y en particular de los hombres y mujeres que ejercen el liderazgo a favor de la protección de sus derechos afecta de manera profunda los procesos de empoderamiento político y exigibilidad de derechos como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-”[3]

“Escuchamos con mucha atención sus preocupaciones, –afirmó el presidente Santos- están denunciando que hay amenazas contra algunos voceros de los campesinos que están reclamando tierras. Inclusive (hay) algunas denuncias de asesinatos de algunos (sic) de esos dirigentes, cosa que nos preocupa enormemente”, precisó el Jefe de Estado.

No son pocas las víctimas que han caído acribilladas en su valiente lucha por recuperar lo que les fue arrebatado, y no se trata de algunas denuncias como sostiene el mandatario; lo que se revela acá, es la existencia de una estrategia criminal, a través de la cual se pretende evitar la devolución de tierras que pertenecen a miles de familias desterradas y desplazadas con violencia. Se trata de garantizar (mediante la parálisis judicial, la propagación del miedo, el terror y las indebidas presiones políticas) que muchas de estas tierras sigan siendo usufructuadas por empresarios sin escrúpulos que, en algunos casos, se han valido de testaferros para apoderarse y lucrarse económicamente de miles de millones hectáreas de tierra. Según lo determinó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010, el total de tierras despojadas o abandonadas entre los años 1980 y julio de 2010 es de cerca de 6,6 millones de hectáreas, sin contar los territorios colectivos; cifra equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del país. Este masivo despojo o abandono forzado de tierras ha afectado a cerca de 434.099 grupos familiares[4]

El problema de la tenencia de la tierra, de la poca democratización para su acceso y la precariedad del campo, no son tampoco asuntos nuevos en el país; como tampoco lo son las acciones criminales que han emprendido sin tregua las eufemísticamente denominadas “manos negras” en Colombia, que, como señaló en días pasados alguien en FB, “cada vez que se habla de "mano negra" uno piensa en familias bien blanquitas.

La apuesta de impulsar e implementar una Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, con todas las falencias que pueda tener y sus graves retrocesos, muchos de los cuales ya vienen siendo objeto de demandas ante la Corte Constitucional, no es una labor sencilla, eso se sabe y se sabía de tiempo atrás, pero cuando el Gobierno Nacional decide darle fuerza a esta iniciativa que durante años fue luchada por las organizaciones sociales y los movimientos de víctimas, es porque cuenta con los recursos financieros, humanos y con la voluntad necesaria para llevar a buen término su aplicación. Proponer un plan de restitución de tierras que pretenda desconocer la realidad de violencia y marginalidad en el campo, el poder mafioso que a través de alianzas políticas se ha consolidado para beneficio de fuertes empresarios que se valen del terrorismo y el accionar criminal de los grupos paramilitares en asocio con agentes del Estado, es apostarle a un fracaso de enormes costos y graves consecuencias sociales, económicas, históricas y políticas. La ausencia de garantías para el retorno y la devolución de las tierras podría llevar a una revictimización de las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado; no sólo se estarían generando falsas expectativas en millones de colombianos que ansían recuperar su proyecto de vida abortado a causa de la violencia; poder superar -mediante una acción ejemplar de la justicia que revele toda la verdad acerca de lo sucedido y sancione a los victimarios intelectuales y materiales- el sufrimiento y los daños padecidos, sino que se estaría declarando, implícitamente, la incapacidad del Estado de cumplir con sus mandatos constitucionales. Estaría, ni más ni menos, que enunciando la supremacía de un poder mafioso en Colombia sobre el Estado Social de Derecho.

No basta con que se denuncie que existen enemigos de la restitución de tierras o que se anuncie que el gobierno establecerá una alianza con la sociedad civil para que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras tenga éxito; tampoco que se asignen cuantiosos recursos para el pago de recompensas en la feria de los apetitos económicos y las traiciones consentidas; lo esencial es que se emprendan acciones definitivas para garantizar la no repetición de los crímenes y para que se logre desarticular el andamiaje financiero y político de las estructuras armadas y empresariales que operan en buena parte del territorio nacional; que se apliquen sanciones ejemplarizantes a los responsables de las violaciones; que se fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; que se investigue el patrimonio de quienes están siendo investigados, procesados o han sido condenados por violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH y que se profundice la protección jurídica y social de las víctimas para que efectivamente se restablezca y garantice el goce efectivo de sus derechos, tal y como lo propuso el representante Iván Cepeda Castro en las preposiciones que presentó durante el primer debate de la Ley de Víctimas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El Gobierno Nacional también propuso en marzo de 2011 la creación de un Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2-RT) mediante la implementación de una mesa de trabajo integrada por los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia e instituciones gubernamentales; con el fin de garantizar la protección y la seguridad del proceso de restitución de tierras, que hasta le fecha no han sido garantizadas. Esta propuesta si bien fue acogida con optimismo por algunos sectores, en otros ha generado reticencia, pues justamente algunos de quienes integran estos llamados organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, además de haber sido proclives al soborno y haber beneficiado a los victimarios, se han convertido en parte activa de esas mafias que intentan obstaculizar el proceso de restitución de tierras.

Carmen Palencia, de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras de Urabá y directora de la organización ‘Tierra y vida’, declaró que “Desde hace más de un año, cuando murió ‘Colombia’ (Albeiro Valdés Martínez, miembro de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes- ASOVIRESTIBI- asesinado el 11 de mayo de 2011), hemos pedido por diferentes medios y ante diferentes instancias que se conforme una comisión especializada donde se haga investigación de los casos de atentados y amenazas de las que hemos sido víctimas quienes buscamos que se nos regresen nuestras tierras” [5]. Sin embargo, la creación de esta Comisión que seguramente, en algo aportará a la resolución de la crisis, sigue siendo insuficiente.

La semana pasada, el Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, Cristian Salazar, hizo un llamado al Gobierno para proteger a las víctimas y a sus representantes señalando que parte de esa protección es no estigmatizarlos.

"Vemos con gran preocupación que en los últimas días y semanas (se han dado) intentos de desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y sus organizaciones, esto a raíz de la implementación del Ley de víctimas y restitución de tierras. Es importante que el país se dé cuenta que hay gente que ha sufrido mucho y las que se les ha arrebatado millones de hectáreas por lo que tienen derecho a reclamar sus tierras", sostuvo Salazar.[6]

“El mensaje que queremos dar, claro y contundente, es que el Gobierno no va a permitir que los enemigos, o bien de la extrema derecha o bien de la extrema izquierda, de la restitución de tierras, de la reparación a las víctimas, se salgan con la suya” [7], declaró el presidente Santos.

Mientras se debate cuál será la mejor estrategia para evitar los asesinatos, las desapariciones, las persecuciones, las estigmatizaciones, las torturas, los falsos judiciales, el continúo robo y expropiación de tierras, el oportunista desarrollo de megaproyectos y de siembra de palma en tierras despojadas a punta de terror por parte de reconocidos empresarios y politiqueros; en los campos desolados y sitiados por el miedo y la violencia se siguen recogiendo los restos de cientos de víctimas anónimas por las que la sociedad no marcha y la justicia no responde.

Pedro Murillo, líder de las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamindó, asesinado en enero de 2005 en el Chocó; Martha Aguirre, líder de la Asociación de Desplazados de Apartadó (Asocodea), asesinada en febrero de 2005 en Antioquia; Giovanny Montoya, líder de la Asociación de Desplazados de Apartadó, asesinado en febrero de 2005 en Antioquia; Orlando Valencia, líder comunitario de Curvaradó, asesinado en octubre de 2005 en el Chocó; Eislen Escalante Pérez, líder de la Asociación de Desplazados Víctimas del Sistema por una Colombia Nueva, asesinado en octubre de 2005 en Atlántico; Alfonso Ibáñez, líder de las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamindó, asesinado en enero de 2006 en el Chocó; Óscar Cuadrado, líder de la Asociación de Desplazados en el departamento, asesinado en noviembre de 2006 en La Guajira; Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de Vivienda, asesinada en enero de 2007 en Córdoba; Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados de Cotorra, asesinado en enero de 2007 en Córdoba; Valdiris Padrón, líder de desplazados de Pueblo Nuevo de Necloclí, asesinado en febrero de 2007 en Antioquia; Osiris Jacqueline Amaya Beltrán, maestra wayúu, defensora de desplazados, asesinada en marzo de 2007 en La Guajira; José Guillermo Sosa, líder de la población desplazada asentada en Buenaventura, asesinado en mayo de 2007 en el Valle del Cauca; Luis Miguel Gómez Porto, líder de desplazados de los Montes de María, asesinado en mayo de 2007 en Sucre; Francisco Puerta, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asesinado en mayo de 2007 en Antioquia; Manuel López Ayala, dirigente de la Organización de Personas en Condición de Desplazamiento (OPD), asesinado en junio de 2007 en Bolívar; Dairo Torres, coordinador de la zona humanitaria de Alto Bonito, asesinado en julio de 2007 en Antioquia; Miguel Orozco, líder de desplazados de Tumaco, asesinado en agosto de 2007 en Nariño; Julio César Molina, de la Fundación Nuevo Amanecer de los desplazados de Cartago, asesinado en mayo de 2008 en el Valle del Cauca; Azael Hernández Bedoya, líder de 27 familias guardabosques en Tierralta, asesinado en junio de 2008 en Córdoba; Martha Cecilia Obando, presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas (Asodesfran), asesinada en junio de 2008 en el Valle del Cauca; Alexánder Gómez, líder de la Legión del Afecto-Retorno, asesinado en julio de 2008 en Antioquia; Juan Jiménez, líder de los desplazados, asesinado en julio de 2008 en Antioquia; John Correa, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), asesinado en julio de 2008 en Caldas; Walberto Hoyos Rivas, líder de la comunidad de Curvaradó, asesinado en octubre de 2008 en el Chocó; Benigno Gil, presidente de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en noviembre de 2008 en Antioquia; Carlos Cabrera, líder de la Asociación de Desplazados de Arauquita, asesinado en noviembre de 2008 en Arauca; Jaime Antonio Gaviria, líder de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en diciembre de 2008 en el Chocó; Geler Uberne Cruz, Líder de Organización de Personas Desplazadas-OPD,asesinado el 27 de diciembre de 2008 en Arauca; Alejandro Pino Medrado, líder de población desplazada en proceso de reclamación de tierras en Turbo, asesinado en febrero de 2009 en Antioquia; Ana Isabel Gómez Pérez, presidenta del Comité Municipal de Familiares Víctimas del Conflicto Armado (Comfavic), asesinada en abril de 2009 en Córdoba; Antonio Blandón, dirigente de Afrodes, asesinado en junio de 2009 en Bolívar; José Betancourt, miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca antioqueño (Asocbac), asesinado en julio de 2009 en Antioquia; Jesús Guachetá Morales, líder indígena, asesinado en mayo de 2009 en Cauca; Guillermo Antonio Ramos, líder de población desplazada en proceso de reclamación de tierras de 80 familias, asesinado en julio de 2009 en Córdoba; Alberto Manuel Pastrana, miembro del Comité de Familiares Víctimas del Conflicto Armado (Comfavic), asesinado en octubre de 2009 en Córdoba; Sori Valenzuela Cobo, Presidente Junta Acción Comunal, vereda Buena Vista asesinado el 25 de mayo de 2009 en el Cauca; Albeiro Valdés Ramírez, líder de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras, asesinado en mayo de 2010 en Antioquia; Rogelio Martínez, líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, asesinado en mayo de 2010 en Sucre; Alexánder Quintero, coordinador de la Asociación de Víctimas de la Masacre de El Naya, asesinado en mayo de 2010 en Cauca; Luis Alfonso Socarrás, líder wayúu, asesinado en julio de 2010 en La Guajira; Jair Murillo, líder de la población desplazada, Afrodes, asesinado en julio de 2010 en el Valle del Cauca; Beto Ufo Pineda, líder de la Organización Nueva Florida, asesinado en agosto de 2010 en Cauca; Álvaro Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, asesinado en agosto de 2010 en Antioquia; Ramiro Inampuez, líder indígena por la restitución de tierras de su cabildo, asesinado el 28 de agosto de 2010 en Nariño; Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, asesinado en septiembre de 2010 en Antioquia; Édgar Bohórquez, presidente de la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare (Asodus), asesinado en septiembre de 2010 en Arauca; Fernando Enamorado de la Asociación de Víctimas de Urabá para la restitución de tierras y Bienes de Urabá-Asovirestibi- asesinado el 25 de octubre de 2010 en Antioquia; Óscar Manuel Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet, asesinado en noviembre de 2010 en Bolívar; Argenito Díaz, líder de campesinos desplazados de Curvaradó, asesinado en enero de 2010 en el Chocó; Yonnel Delgado Villamil, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; José Alfonso Delgado Villamil, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; Andrés Alfonso Arenas Buelvas, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; Éder Verbel Rocha, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), asesinado en marzo de 2011 en Sucre; David de Jesús Góez, líder de restitución de tierras en Urabá, asesinado en marzo de 2011 en Antioquia[8]; Nayibis María Centeno de la Cruz, Representante Legal de la Asociación de Desplazados del Corregimiento de la Mesa y miembro de la Mesa Departamental de Fortalecimiento de Población Desplazada del Cesar, asesinada el 11 de abril de 2011 en el Cesar; Ana Fabricia Córdoba, de Ruta Pacífica de las Mujeres asesinada el 7 de junio de 2011 en Antioquia; William Andrés Álvarez Orosco, Líder comunitario, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir asesinado el 7 de abril de 2011 en Antioquia; Fredy Jiménez, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Acacias y líder de ASOCBAC, asesinado el 23 de noviembre de 2011 en Antioquia; la lista continúa, continúa y continúa; son millares las víctimas que han sido asesinadas durante los últimos años y cuyos crímenes siguen en la impunidad.

El Estado debe cumplir con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- asignando las medidas provisionales y cautelares que corresponden y garantizando la protección de todas las víctimas, de los desplazados y de quienes integran las organizaciones sociales. Para que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras trascienda el papel y las buenas intenciones, el Gobierno Nacional debe garantizar, como se afirma en el Artículo 1º de la Ley, “el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Ley 1448 de 2011: Artículo 31. Medidas Especiales de Protección: Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras…

Parágrafo 2º. Teniendo en cuenta que los procesos de reparación judicial y administrativo pueden representar un riesgo especial para las víctimas y los funcionarios públicos que intervienen en estas actuaciones, se deberán establecer medidas de prevención suficientes para mitigar esos riesgos, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo si es del caso. Especialmente, en aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de restitución, las alcaldías deberán formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, sus representantes, así como de los funcionarios. “

NOTAS AL PIE:

[1] En El Espectador; “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”. Sección judicial. Bogotá, diciembre 4 de 2011.

[2] Ídem

[3] Sisma Mujer; “Nuevas amenazas contra lideresas en situación de desplazamiento forzado y organizaciones defensoras de sus derechos”. Bogotá, febrero 5 de 2010

[4] Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010. Resumen de Resultados Preliminares en Materia de Bienes Rurales. Bogotá, octubre de 2010.

[5] EN Revista Semana; “CI2-RT, la estrategia para proteger a quienes intentan recuperar sus tierras”. Sección Nación. Bogotá, marzo 16 de 2011.

[6] EN Caracol Radio; “ONU pide al Gobierno proteger a las víctimas de restitución de tierras y no estigmatizarlas”. Diciembre 6 de 2011

[7] En El Espectador; “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”. Op Cit

[8] En Revista Semana; In Memóriam. Mártires. Bogotá, mayo 28 de 2011.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0284/articulo05.html

PCN denuncia violación al derecho de la Consulta Previa de los pueblos afros

2011-12-08T08:42:00.000-08:00

Foto de Bárbara Gala, PBI

La Coordinación Nacional del “Proceso de Comunidades Negras en Colombia” –P.C.N.- le solicitó a la Procuraduría Nacional abrir una investigación formal por la violación al derecho fundamental de la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado de los pueblos Afrocolombianos. En su solicitud señalan que este derecho ha sido reiteradamente violentado por el Gobierno Nacional debido a la manera como ha adelantado las Consultas Previas, adoptado decisiones que afectan los derechos de las comunidades negras, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, la aprobación de la Ley de Victimas (Ley 1448 de 2011) y la formulación y consulta previa del Decreto-ley reglamentario del artículo 205 de la misma Ley 1448 del 2011.

Afirman que la manera como se han llevado a cabo estos procesos ha sido violatoria de los principios básicos y fundantes de este derecho: la libertad, la transparencia, la información suficiente, el momento de previo para el caso de la Ley 1448 de 2011 y la buena fe.

“Hemos tenido conocimiento de que el gobierno nacional ha hecho acuerdos con miembros de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras, que es un organismo de carácter mixto en el que está representado el gobierno y del que también hacen parte algunos delegados de las comunidades negras. Los acuerdos fueron hechos a pesar de las múltiples advertencias y denuncias que hicimos varias organizaciones y varios Consejos Comunitarios afrocolombianos.

El primer ataque directo que recibimos las organizaciones que nos atrevimos a denunciar las situaciones irregulares que se venían presentando en el contexto de la negociación del Plan Nacional de Desarrollo y en la falta de cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional en el marco del Auto 005 de 2009, fue la agresión física y directa a los miembros de nuestra organización que hacen parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras, y la exclusión de integrantes del PCN y de sus organizaciones de espacios de participación y decisión. La consigna que manifestaba la orden de exclusión fue avalada por el gobierno nacional lo cual se hizo evidente cuando omitió tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental a la participación.

Para ver el texto completo ir a:

http://dl.dropbox.com/u/31557764/PCN%20Petici%C3%B3n%20a%20la%20Procuraduria%20sobre%20Consulta%20Previa%202011.pdf

Ataques a las ONG

2011-12-08T06:26:00.000-08:00

Ataques a las ONG

Por JUAN MANUEL LÓPEZ

No debe ser coincidencia que apenas se constituye una mal llamada ONG por parte de José Obdulio Gaviria y parece que la ultra derecha del país (Fernando Londoño et al) –posiblemente asesorada por J.J. Rendón-, empiezan a presentarse casos de ‘falsas víctimas’ que engañaron al Estado por acción o complicidad de varias ONG defensoras de Derechos Humanos.

Es el caso de Mapiripán y de Las Pavas.

No hay duda que entre las personas que pretenden resarcimiento a cargo del Estado bajo el carácter que este está dispuesto a reconocerles, se tratarán de ‘colar’ individuos que para obtener beneficio indebido se aprovechan de las fallas que este sistema puede tener. Eso se denunció desde un principio como una de las previsibles consecuencias de la improvisación en las leyes expedidas. No solo no hay duda que esto debe haber pasado, sino que debió ser contemplado y previsto para impedirlo. Igual, ya se tuvo el caso más grave de toda una supuesta entrega de un frente de ‘paramilitares desmovilizados’ que resultó un montaje.

En ese último no intervino ninguna administración de justicia y los únicos responsables fueron los funcionarios gubernamentales que dirigieron el proceso.

En estos dos casos se trata de casos fallados por la justicia y lo que es pertinente establecer es de quién es la responsabilidad que esto pueda haber sucedido.

La primera aclaración es que en ambos casos se está generalizando como si no hubiera sido realidad lo que inició los procesos y produjo las sentencias, es decir, como si, porque una u otra persona aprovechó la ocasión para ‘tumbar’ al Estado, no hubiera existido la violación sancionada.

En cuanto a la culpabilidad de las ONG que apoyaron o representaron a las víctimas, su objetivo era que, como parte de la obligación de respetar los Derechos Humanos que ellos defienden, se reconociera la existencia de violaciones en esos casos; la posible indemnización es sólo una consecuencia, pero no el centro de su acción. Para tener personería en los juicios era condición tener poder de por lo menos algunos de los demandantes, pero ni les interesaba ni tenían la responsabilidad de escudriñar hasta dónde era cierto lo que reivindicaban quienes alegaban un derecho. En otras palabras, no era su función establecer dentro de los procesos qué no era verdad de lo que declaraban quienes se presentaban como víctimas, ya que esa función es justamente la de quien se opone a esa pretensión, es decir la de quien defiende al Estado.

En razón de lo anterior es que no fueron las ONG quienes establecieron las listas de potenciales beneficiarios de la reparación; en el primer caso no fue el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo sino la Fiscalía la que informó a la Corte Interamericana y en el segundo no fue la Fundación del Padre de Roux sino Acción Social quien produjo el listado. Serían estos los siguientes responsables del error cometido por el Estado.

Lo interesante del tema es que todo esto es sabido y es claro, especialmente para quienes se lanzan a promover la descalificación de lo actuado por las ONG.

Quienes denuncian y hacen escándalo alrededor de estos casos (y que, como es probable que otros se sigan presentando, continuarán su acción) no están buscando impedir que esto suceda, ni que se sancionen a los culpables, ni corregir los errores del sistema; los medios de comunicación hacen su función natural de explotar la ocasión para vender lo más posible, pero quienes lo promueven y aparecen como savonarolas lo que buscan es sabotear y descalificar como marco y como propósito la Ley de Víctimas, y hacer oposición a quienes hoy están encargados de implementarla. Son quienes consideran que es un error reconocer la primacía del respeto por los Derechos Humanos sobre los métodos de hacer la guerra, que el sufrimiento de algunos es un ‘daño colateral’ que debe ser asumido sin darle mayor trascendencia, y que quienes tienen la visión contraria (ONG o particulares) son enemigos y representan un peligro para el sistema, luego hay que buscar acabarlos (muchas veces no solo mediáticamente). Son los que han impuesto la creencia que los acuerdos humanitarios legitiman a las guerrillas, y han logrado en la opinión pública un clima desfavorable a acuerdos que disminuyan el sufrimiento y la crueldad de la confrontación armada.

http://www.kienyke.com/2011/12/06/ataques-a-las-ong/

Pronunciamiento sobre la situación de las desapariciones forzadas en Colombia

2011-12-07T14:29:00.000-08:00

Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país.

De acuerdo al SIRDEC entre el 7 de agosto 2010 y el 10 de noviembre 2011, periodo del actual Gobierno se han registrado 287 personas desaparecidas forzadamente de las cuales 223 siguen desaparecidas. [1]

Sólo en este periodo han sido desaparecidos 8 defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la desaparición de Eberto González Hoyos, líder afrodescendiente reclamante de tierras en el Curvaradó, Chocó ocurrido el 23 de julio a manos de grupos paramilitares; la desaparición del abogado defensor de víctimas de los paramilitares Enrique Salazar Contreras, mientras se desplazaba de Bogotá a Zipaquirá y la desaparición de 3 líderes de la Mesa de Concertación de Tierras del Departamento del Tolima Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil, desaparecidos el pasado 23 de diciembre de 2010 y hallados asesinados a comienzos de enero de este año [2]

De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda hay un registro de 61.311 desapariciones, de las cuales 16.554 son desapariciones forzadas, y 15.750 personas siguen desaparecidas [3], entre ellas más de 6.000 mujeres y niño/as [4]

Preocupa aún más esa magnitud de desapariciones teniendo en cuenta un subregistro grande en esos casos y la falta de un diagnóstico oficial sobre cuantas personas desaparecidas hay en Colombia. En este sentido urgimos a las entidades colombianas de retipificar los casos de desapariciones que antes del 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro. Sólo con un diagnóstico acertado Colombia puede diseñar una política pública para la prevención, investigación y sanción de ese crimen de Lesa Humanidad así como avanzar en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.

Preocupa sumamente la grave situación de miles de personas no identificadas en el país. Es indispensable el esclarecimiento de su situación, de la ubicación y protección de las múltiples fosas individuales, comunes, en cementerios oficiales o sitios clandestinos. Para que el Estado colombiano cumpla sus obligaciones internacionales y con las víctimas es igualmente necesaria la ubicación, identificación y devolución digna de los restos a sus familias con respeto al debido proceso y el respeto del derecho de los familiares a la participación.

Llamamos al Gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de las diversas instancias internacionales así como incluir en la política pública los estándares recogidos en el “Consenso mundial de principios y normas mínimas de trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigación forense para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y arbitrarias” resultado del proceso de consulta a más de 150 organizaciones de familiares, acompañantes, expertos legales, psicosociales y forenses, organismos internacionales como el CICR y NNUU así como dos congresos mundiales, el último en abril 2010 en Bogotá.

A pesar de la existencia de un marco legal avanzado sobre desaparición forzada se encuentran problemas en la implementación de varios de los mecanismo por la negligencia de funcionarios públicos y fuerzas militares, se destaca la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente, la falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría de los casos y la impunidad casi absoluta en los casos de desapariciones forzadas.

Rechazamos la iniciativa del Gobierno del Presidente Santos de reformar la Constitución Política para consagrar una ampliación irrestricta del fuero militar a todas las actuaciones desarrolladas por miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, entendiéndolas siempre como “actos del servicio” y desplazando la competencia de la Justicia Ordinaria para adelantar las primeras diligencias cuando se cometan acciones en que civiles resulten muertos o sometidos a desaparición, y para investigar los crímenes contra los civiles perpetrados por miembros de los organismos de seguridad, asegurando que solo funcionarios de la Justicia Penal Militar puedan conocer de estos delitos.

No obstante, es un retroceso enorme frente a las salvaguardas para luchar contra las desapariciones forzadas logradas en el pasado, que la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana, haya reinstalado en la legislación colombiana la autorización a los organismos de seguridad del Estado para realizar allanamientos de domicilios en horas de la noche, lo que abre una vía peligrosa para la comisión de desapariciones forzadas, amparando a sus perpetradores con la protección de la oscuridad y la ausencia de testigos presenciales, poco probables a altas horas de la noche, y máxime cuando se autoriza que estos procedimientos se puedan llevar a cabo sin la presencia de delegados del Ministerio Público, y aún sin el requisito de orden judicial.

En la Ley de Víctimas, las desapariciones forzadas lamentablemente no fueron consideradas seriamente, como tampoco en el actual borrador de Decreto Reglamentario que el Gobierno nacional presentará en diciembre de 2011, el cual la contempla sólo en uno de sus 339 artículos, dejando de lado el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las víctimas y su recuperación si están inhumadas como N.N. Muestra de la ausencia de una voluntad política a favor de estas víctimas fue la eliminación de una Comisión de la Verdad incluida en el proyecto Ley de víctimas en diciembre de 2010, pero erradicada y reemplazada por la Ley 1424 que aprobó un mecanismo de “contribución a la verdad” para conceder beneficios a paramilitares desmovilizados.

Por lo anterior, solicitamos al señor Presidente de la República que:

1. Condene clara y públicamente como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares los cuestionamientos de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares o de policía que apuntan a legitimar desapariciones forzadas como sucedió en el caso del Palacio de Justicia con los recientes afirmaciones del General Navas, comandante general de las fuerzas militares de Colombia en favor del Coronel retirado Plazas Vega rindiendo honor a una persona condenada por desapariciones forzadas interfiriendo además en la independencia de la justicia [5].

Es indispensable un respaldo decidido a la labor legítima de exigencias de sus derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral de las familias y acompañantes de personas desaparecidas forzadamente.

2. Usted como presidente de la República acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y ratifique plenamente este tratado internacional. Apoyamos decididamente la petición de audiencia presentada el 16 de noviembre por 17 organismos de familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas regiones del país, mesas y redes que las apoyan y el Dr. Iván Cepeda y hacemos un llamado a Usted para que sean recibidas y escuchadas en su despacho.

3. Usted y su Gobierno no presente ni apoye ningún proyecto legislativo que permita la ampliación incondicionada del fuero militar a la investigación de todo tipo de acciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad, que pudieran amparar con la impunidad, casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

4. Su Gobierno tomará las medidas necesarias para derogar el parágrafo del artículo 50 y el artículo 51 de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza los allanamientos domiciliarios en horas de la noche a miembros de los organismos oficiales de seguridad, sin el control de la presencia de la Procuraduría y con la excepción de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto representa un grave retroceso en las medidas que salvaguardan la prevención de la ocurrencia de desapariciones forzadas, fenómeno que en Colombia es una práctica generalizada que ha afectado a decenas de miles de ciudadanos, sino que constituye uno de los delitos más graves en los que frecuentemente se han visto comprometidos miembros de la fuerza pública en este país.

5. Su Gobierno incluya en sus propuestas para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos financieros suficientes para que se desarrolle una política pública coherente de prevención, y de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada, de la búsqueda de las personas desaparecidas, su exhumación, identificación y entrega digna. Así mismo los recursos financieros, personales y técnicos necesarios para la labor de campo en los cementerios y otros sitios donde se encuentran personas desaparecidas y/o no identificadas.

6. Su Gobierno deben garantizar inequívocamente la participación de las víctimas en la reglamentación de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación e incluir:

a) Medidas de Satisfacción, para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, necesarias en este delito como la Creación del Grupo de Trabajo Técnico de policía Judicial para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

b) Medidas de Restitución del derecho a la identidad como la propuesta de un Programa para la ubicación y recuperación de las víctimas de desaparición forzada de cementerios y otros lugares de inhumación y

c) Garantías de no repetición, para la verificación de los hechos y difusión de la verdad completa como lo manda explícitamente la Ley 1448/11, para las víctimas de desaparición forzada como la creación de una Comisión Especial de investigación de la situación de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada.

7. Su Gobierno cumpla con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las medidas provisionales y cautelares de las organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas, así como garantice la protección de los familiares y organizaciones contra los hostigamientos, amenazas, seguimientos y señalamientos realizados por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, entre otros reconociéndolos como defensoras y defensores de derechos humanos.

Mesa de Trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación-Colombia-Europa-Estados Unidos

Ver el pronunciamiento en:

http://www.ddhhcolombia.org.co/files/Pronunciamiento%20sobre%20desaparicion%20forzada.pdf

Notas al pie:

[1] Información suministrada del INMLCF el 11 de noviembre 2011.

[2] A estos casos se suman los de Sandra Viviana Cuéllar Gallego, defensora de derechos ambientales quien desapareció el día jueves 17 de febrero, en la ciudad de Cali y el de los esposos y líderes comunitarios del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cajambre Ana Julia Rentería y Miguel Santos Rentería Caicedo desaparecidos el miércoles 02 de marzo del 2011, en la vereda Guayabal del Río Cajambre en Buenaventura, Valle del Cauca. Acción Urgente Campaña Nacional e Internacional por el derecho a defender los derechos humanos; en http://www.colombiadefensores.org/n...

[3] Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, consultada 15 de septiembre 2011. http://www.comisiondebusqueda.com/m...

[4] Christian Salazar, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el seminario Nacional LA protección de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional e internacional; Bogotá, 23-24 de mayo 2011.

[5] Entrevista a YAMID el 14 de septiembre: Plazas Vega “defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia lo apoyamos, por espíritu de cuerpo, por dignidad". "Nosotros apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior, en nuestro interior, que él es inocente".

Nota publicada en
http://www.colectivodeabogados.org/Incremento-de-denuncias-de

Decreto Reglamentario de la Ley de Víctimas

2011-12-07T07:28:00.000-08:00

Foto de Fucopsi

El próximo 10 de diciembre se cumple el plazo de tiempo de 6 meses para reglamentar las Ley de Víctimas, que opera bajo mandato de la Ley 1448 de 2011.

La comisión de control y seguimiento a ley de víctimas, creada por el Congreso de la República, señaló públicamente sus preocupaciones y planteó algunas recomendaciones con el fin de garantizar los derechos a verdad, justicia y reparación integral para más de 4 millones de víctimas del conflicto.

Asimismo, las organizaciones sociales no sólo han rechazado la falta de participación de las víctimas en este crucial proceso, sino que también han expresado su malestar sobre algunos aspectos contenidos en este Decreto y han dado a conocer sus recomendaciones a fin de mejorarlo y hacerlo viable en su aplicación.

El Decreto, al parecer en su versión final, empieza a ser difundido. Para conocerlo en su totalidad, ir al siguiente enlace:

http://dl.dropbox.com/u/31557764/DECRETO%20REGLAMENTARIO%20FINAL%20LEY%20DE%20V%C3%8DCTIMAS.pdf

Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos

2011-12-04T15:32:00.000-08:00

Por: Elespectador.com; Judicial |4 Dic 2011

Ilustración de la Leyenda "El cerro de la Mano Negra"

El presidente Santos advirtió que el gobierno no permitirá que enemigos de la reparación a las víctimas se salgan con la suya.

Al término de una reunión celebrada este domingo en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno establecerá una alianza con la sociedad civil para que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras tenga éxito.

El jefe de Estado denunció nuevas amenazas contra varios líderes campesinos y anunció una respuesta contundente por parte de las autoridades contra lo que llamó 'mano negra' que quiere evitar que las víctimas regresen a sus tierras.

Santos señaló que se establecerá una red de informantes y se pagarán recompensas de hasta 10 millones de pesos para las personas que entreguen información sobre los responsables de las intimidaciones.

“Los escuchamos con mucha atención: sus preocupaciones. Están denunciando que hay amenazas contra algunos voceros de los campesinos que están reclamando tierras. Inclusive algunas denuncias de asesinatos de algunos de esos dirigentes, cosa que nos preocupa enormemente”, precisó el Jefe de Estado.

Sostuvo que una ‘mano negra’, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, busca que no funcione la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

“Porque lo que estamos viendo, por la información que recibimos esta mañana y la información que hemos recibido en el pasado reciente, es que hay enemigos que quieren que esta Ley no funcione”, dijo.

Y agregó: “Recordarán ustedes que hice mención a una ‘mano negra’ de la derecha y de la izquierda. Pues esta ‘mano negra’ de la derecha y de la izquierda está comenzando a funcionar en contra de esta Ley”.

“No vamos a permitir que los enemigos de esta Ley se salgan con la suya. Todo lo contrario: vamos a reafirmar nuestra voluntad política y nuestra decisión clarísima de seguir adelante y, por el contrario, hacer que esta Ley comience su aplicación de la forma más rápida y más eficaz posible”, sostuvo.

El Presidente Santos informó que, como producto de la reunión de este domingo en la Casa de Nariño, el Gobierno y el Estado establecerán una alianza con la sociedad civil para que la reparación a las víctimas y la restitución de las tierras tenga éxito.

“Tuvimos una reunión muy positiva, en donde salió en forma muy clara que vamos a aliarnos el Gobierno y el Estado con la sociedad civil. Y generar una concertación permanente para hacer que esta Ley, que para el Gobierno es prioritaria, de reparar a las víctimas y restituirles las tierras a los campesinos, tenga éxito”, señaló.

Anunció que el Gobierno pondrá en marcha una serie de procesos, por ejemplo, en materia de seguridad, para perseguir a quienes pretenden sabotear esta política prioritaria de su administración. Anunció el ofrecimiento de recompensas a quienes ayuden a capturar y condenar a los responsables.

“Procesos que se van a poner en marcha en materia de seguridad, de perseguir a quien se oponga, a quien amenace, a quien esté tratando de sabotear la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras”, explicó.

“Inclusive –dijo– vamos a ofrecer recompensas a quienes nos den información que lleve a la captura y a la condena de estos criminales, porque lo que están haciendo son actos criminales en contra de los campesinos, en contra de los voceros de quienes legítimamente quieren que se les restituya su tierra o quieren que se reparen las víctimas. Porque ese es el espíritu de la Ley”.

“Se van a crear también instancias de coordinación con la sociedad civil para que fluya la información de forma más rápida y para que podamos reaccionar en forma más efectiva”, concluyó el presidente de la República.

Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos presenta propuesta de Reglamentación de la Ley de Víctimas

2011-12-03T05:28:00.000-08:00

En nuestra calidad de familiares de víctimas de desaparición forzada, nos permitimos adjuntar la Propuesta de Reglamentación a la Ley de Víctimas 1448 de 2011 sobre desapariciones forzadas, la cual ha sido elaborada por la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos con la premura que imponen los términos definidos por el Gobierno Nacional para la aprobación de la reglamentación que será presentada el próximo 10 de diciembre de 2011, según lo señalado por el Ministro del Interior; en un marco de serias limitaciones a la participación de las víctimas en el proceso y a las casi nulas oportunidades para poder presentar y socializar diversas propuestas.

Esta propuesta nace de la profunda preocupación porque el decreto reglamentario de la Ley de Víctimas propuesto por el Gobierno Nacional, en sus 339 artículos sólo incluye un artículo sobre desaparición forzada y ejecuciones sumarias, para delegar en la nueva Unidad Administrativa de Atención y Reparación, la cual “podrá” adelantar programas al respecto, pese a que la Ley de Víctimas consagra un mandato específico sobre el derecho a la verdad y sobre las desapariciones forzadas, y lo coloca en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía judicial. En concreto, la ley ordena buscar a los desaparecidos y devolverles la identidad a las personas no identificadas inhumadas como N.N. (sin nombre).

La realidad de 50.000 personas desaparecidas en Colombia, de las cuales 17.000 son desapariciones forzadas según el Registro Nacional de Desaparecidos –el 30% son mujeres y niños/as- merece un tratamiento más digno y acorde con las particularidades de este crimen atroz; la implementación de una política de Estado comprometida con la búsqueda los desaparecidos, la identificación de los mal llamados N.N. o personas no identificadas inhumadas como N.N., con el fin de RESTITUIR SU IDENTIDAD, definir y establecer GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN y esclarecer la situación de las desapariciones forzadas en Colombia.

Sobre la base de la experiencia acumulada durante años de lucha por el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales vulnerados y de búsqueda de justicia, los familiares de las víctimas de desaparición forzada, realizamos una contribución concreta -desde nuestra perspectiva- a las herramientas que el Estado debe adoptar para cumplir con su obligación, según la Ley de Víctimas, de buscar y encontrar a los desaparecidos, nuestros seres queridos, que en esta Navidad seguimos esperando regresen a nuestros hogares.

Esta propuesta contiene los valiosos aportes de EQUITAS-Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y trabajo psicosocial, del Dr. Iván Cepeda Castro, del Instituto Nacional de Medicina legal y ha recibido la adhesión de importantes organizaciones de víctimas como el MOVICE-Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Familiares Colombia, y de redes y organismos de derechos humanos Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, Mesa de Trabajo sobre desaparición forzada (de la cual hacen parte ASFADDES-Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y organismos regionales de derechos humanos), Mesa Interinstitucional de apoyo a víctimas de desaparición forzada-organizaciones de la sociedad civil, Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones de Antioquia, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Versión 9 – Noviembre 30/11) hasta el momento.

Igualmente, ha sido presentada en sus anteriores versiones a distintas autoridades y miembros del poder ejecutivo, legislativo y judicial entre ellos a:

- El Director del Instituto Nacional de Medicina Legal

- La Directora de la nueva Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de la Ley de Víctimas

- La Comisión de Seguimiento del Senado de la República de la Ley 1448/11

- La Directora de la Unidad Nacional Especializada sobre desplazamiento forzado y desaparición forzada

- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

- La Sub-Unidad de Apoyo a la Unidad de Justicia y Paz, el Ministerio del Interior-Justicia Transicional, PNUD e instituciones que participan en la Mesa Interinstitucional de Apoyo a Víctimas de Desaparición Forzada auspiciada por el CICR y OACNUDH

Para acceder a la propuesta de reglamentación, ir al siguiente enlace:

http://dl.dropbox.com/u/31557764/Ley%20de%20victimas%201448%20-%20Desaparicion%20forzada%20-%20Propuesta%20de%20reglamentacion.doc

Consulta con afros e indígenas tiene en la cuerda floja Ley de Víctimas

2011-12-01T14:44:00.000-08:00

El Gobierno se comprometió a incluir a las comunidades
de base en la consulta afro y no sólo a la Alta Consultiva.
Pero para las comunidades esa inclusión fue más formal que real.

Por lasillavacia.com. Hace un año, cuando Juan Manuel Santos presentó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, olvidó un detalle: consultarla antes con los pueblos indígenas y afrocolombianos, dos de los pueblos más afectados por la violencia y quienes en principio más se deberían beneficiar de ella.

Aunque fue un error presentar la Ley sin consulta previa, las organizaciones indígenas y afrocolombianas acordaron no arruinar la única iniciativa de restitución de tierras que se le ha ofrecido a las víctimas en los últimos años y decidieron buscar una solución con el Gobierno.

Entonces, el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras negoció con las comunidades incluir en el proyecto un artículo que le daba facultades extraordinarias al Presidente Santos para expedir dos decretos con fuerza de ley que tendrían el enfoque diferenciado para la reparación y restitución de ambos pueblos. Los dos decretos se consultarían durante seis meses después de expedida la Ley, cuando se vencía el plazo para emitirlos. Fue una solución salomónica.

Sin embargo, seis meses después de expedida, la Ley de Víctimas otra vez se encuentra enredada por la forma en la que se hizo la consulta previa de estos decretos. Las organizaciones indígenas y afrocolombianas están enfurecidas y, si sus quejas llegan a la Corte -como seguramente lo harán-, es probable que los magistrados les den la razón.

Los funcionarios más optimistas creen que lo peor que puede pasar es que la Corte tumbe estos dos decretos y ordenen que las comunidades sean cubiertas por la Ley de Víctimas sin una reparación diferenciada. Los más pesimistas creen que la Corte tumbaría no sólo los decretos sino toda la Ley por falta de una verdadera consulta previa.

Ya ambos decretos están en la oficina jurídica de Presidencia para que Santos los firme en los próximos diez días. Éstas son las quejas que tendrá que tener en cuenta Cristina Pardo, la Secretaria Jurídica de Palacio, antes de que Santos saque su pluma, firme ambos decretos y selle el destino de la Ley de Víctimas.

La consulta afro: no es claro con quién negociar

El Gobierno se comprometió a incluir a las comunidades de base en la consulta afro y no sólo a la Alta Consultiva. Pero para las comunidades esa inclusión fue más formal que real.

La consulta previa es una obligación constitucional que tiene el Gobierno de contarle y tener en cuenta la opinión de las comunidades negras e indígenas sobre aquellos proyectos que los afectarán directamente. Dado que la violencia ha golpeado a estos dos grupos de manera desproporcional es claro que la Ley de Víctimas los afectará directamente.

El problema de la consulta a las comunidades afrocolombianas es que no es claro para nadie con quién es que el Gobierno tiene que negociar. Como explicó La Silla Vacía, en 2008 el ex presidente Álvaro Uribe expidió el decreto 3770 creando una Consultiva de Alto Nivel como vocera para estas consultas, conformada por 42 delegados.

Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado el año pasado dijo que la Consultiva no era realmente representativa y que debía crearse un nuevo órgano integrado sólo por los consejos comunitarios y no por organizaciones de base.

Pero como el Gobierno no convocó a una nueva consultiva y tenía afán de aprobar el decreto antes de que se cumplieran los seis meses de facultades extraordinarias que le otorgó la Ley de Víctimas, se inventó un híbrido.

Propuso que la consulta se hiciera con la Alta Consultiva, pero que incorporará también la Mesa de Organizaciones Afrocolombianas, donde están la mayoría de los líderes de base que tienen legitimidad en los consejos comunitarios y que no reconocen a la Alta Consultiva.

Inicialmente la propuesta fue bien recibida por las comunidades afrocolombianas pero ya en la práctica sintieron que la propuesta no los incluía completamente en la consulta. “Fue una consulta más formal que real”, dijo a La Silla Régulo Madero, comisionado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Cnrr, que está a cargo del tema étnico.

La Silla Vacía obtuvo unas cartas firmadas por los consejos comunitarios de Nariño y Valle del Cauca (dos de los departamentos con mayor población afro), en las que los líderes argumentan que aunque el Gobierno convocó algunas reuniones regionales, el tiempo para estudiar las propuestas fue muy corto (casi de una semana). Y que además no sólo se les pidió consultar el decreto de víctimas, sino también otros proyectos de ley que en este momento son prioritarios para el Gobierno, como la reglamentación de la Ley de Regalías, el proyecto de recursos genéticos y la reforma a las CAR.

“El proceso adelantado por el Gobierno demoró tres meses en iniciar, limitó la participación amplia de las víctimas, imposibilitó que los asistentes a las reuniones de las Comisiones Consultivas tuvieran información previa y asesoría especializada, pudieran retornar a sus comunidades, dar a conocer los contenidos de la propuesta gubernamental de reglamentación y hacer sus aportes desde su propia cosmovisión, violando el principio fundamental de información con carácter previo”, dice una carta enviada por varias organizaciones negras al Presidente Juan Manuel Santos.

El Ministro del Interior sabía que no podía darse el lujo de tener a las organizaciones sociales afrocolombianas denunciando el decreto ante la Corte Constitucional y, por eso, el 26 de octubre el nuevo Viceministro del Interior Juan Fernando Londoño decidió invitarlas a su despacho y lanzar otro mecanismo de rescate. Ofreció a los líderes afrocolombianos que después de elecciones cuando él volviera de San Andrés a donde fue enviado como gobernador encargado se hicieran unas reuniones regionales de nuevo, que se incluyeran sus propuestas y que se modificara el decreto.

Con ese gesto, la esperanza de las comunidades afros revivió. Pero al día siguiente de la reunión en el despacho de Londoño, el 27 de octubre, el Viceministro Aurelio Iragorri se reunió con la Alta Consultiva Afrocolombiana y protocolizó el decreto afro como si la reunión del día anterior no hubiera existido. Así, las organizaciones negras perdieron fe en el Gobierno.

El delegado de la Procuraduría para asuntos étnicos Mario González sentó su protesta a esta protocolización en una carta que envió al Viceministro. Y lo mismo hizo el Defensor del Pueblo delegado para asuntos étnicos Horacio Guerrero el pasado viernes, durante un foro sobre reparación a víctimas afrocolombianas en la Universidad Central de Bogotá.

La Silla no logró hablar con el Viceministro Londoño a pesar de que lo intentó. Pero habló con otros funcionarios del Ministerio que defendieron el proceso y que consideran que detrás de estas críticas lo que hay es una pelea política entre la Alta Consultiva y la Mesa de Comunidades Negras.

“Sí se consultaron otros proyectos, pero se habían acordado subcomisiones para discutir cada uno”, aseguró a La Silla Luis Hernando Prada, quien trabaja en la dirección de asuntos para comunidades negras del Ministerio del Interior. “El Gobierno no se puede quedar sin interlocutores y los de la Alta Consultiva son interlocutores por ahora. Y no es cierto que no se haya tenido en cuenta a las comunidades”.

Otro funcionario dijo a La Silla que se había incorporado el 80 por ciento de las propuesta de las comunidades. Se invirtieron 1200 millones de pesos en 21 reuniones regionales. Y que es obvio que la consulta no le da poder a estas comunidades para exceder las facultades legislativas del Presidente. Y por eso, todo lo acordado quedó sujeto a la revisión jurídica de Palacio.

Además, el período de la Alta Consultiva terminaba el 31 de octubre. Y por eso, el Gobierno decidió, cuatro días antes, protocolizar el decreto. Una vez protocolizado, el decreto pasa a ser revisado por la Secretaría Jurídica de Presidencia y luego a ser firmado por Santos.

Ante la protesta de las organizaciones afro, el Viceministro Londoño les aseguró a finales de octubre que, si se hacían las reuniones regionales, las actas con sus propuestas serían enviadas a la Secretaria Jurídica, Crsitina Pardo, para que las incluyera en el decreto.

Sin embargo, las organizaciones afro han rehusado a sentarse de nuevo con el Gobierno. “A nosotros no nos hicieron consulta previa”, dijo a La Silla Jatan Manzott, de la organización Afrodes, que reúne a 86 organizaciones de desplazados afrocolombianos. Dicen que esta es la versión que llevarán a la Corte sobre cómo se hizo la consulta previa afro.

El decreto indígena, cambiado a última hora

El proceso de consulta con los pueblos indígenas ha sido considerado exitoso
por el Gobierno y las comunidades.
Pero en su última etapa, ha sido criticado por las objeciones de algunos
Ministerios sobre puntos que ya habían sido conciliados

El proceso de consulta con los pueblos indígenas ha sido considerado exitoso por el Gobierno y las comunidades. Pero en su última étapa, ha sido criticado por las objeciones de algunos Ministerios sobre puntos que ya habían sido conciliados. El viceministro Juan Fernando Londoño (abajo) es el encargado de llevar a cabo las consultas con los pueblos indígenas y afros.

Precisamente porque la Mesa de Concertación Indígena sabía que es imposible modificar el decreto después de la protocolización, decidieron cambiarle las reglas de juego al Ministerio del Interior. Le pidieron que se conciliaran los decretos de Gobierno y Mesa primero y que sólo después pasara a la oficina jurídica de Presidencia. Y que luego volviera a la Mesa de Concertación Indígena para revisar los cambios. Sobre todo para revisar que el Presidente no terminara firmando algo que no se había conciliado entre el Ministerio del Interior y los pueblos indígenas.

A diferencia del caso afrocolombiano, la consulta previa con los pueblos indígenas fue un proceso excepcional que dejó felices a la mayoría de los indígenas hasta justo antes de concluir.

Del 11 al 30 de marzo se definió una ruta metodológica para hacer la consulta. Entre abril y mayo, el Gobierno presentó una propuesta y también lo hicieron las organizaciones indígenas, que intercambiaron y lograron conciliar un solo texto para presentar en las regiones. Esa fue la parte más difícil, pero también un gran logro de las organizaciones con el Ministerio del Interior, Justicia, Agricultura y Acción Social. En ese texto se lograron acuerdos sobre casi todo el artículado propuesto para la consulta previa.

A partir de octubre se hicieron 28 reuniones departamentales, luego reuniones macrorregionales y en noviembre se recogieron todas las propuestas hechas por los pueblos indígenas en el país para terminar de conciliar con el Gobierno.

Si bien las reuniones también fueron rápidas, tanto miembros de la Mesa Indígena como algunos de sus asesores aseguraron a La Silla que hubo buena fe por parte del Ministerio del Interior (en cabeza del viceministro Aurelio Iragorri inicialmente y después del viceministro Londoño), uno de los elementos fundamentales para realizar las consultas previas de acuerdo a lo que dicta el convenio 169 de la OIT.

“Fue impecable, este proceso es un precedente para otros procesos de concertación con las comunidades indígenas”, dijo a La Silla una de las abogadas que acompañó el proceso. “Pero, ¿ahora el Gobierno le va a dar la espalda al proceso en su etapa final?”.

Resulta que el fin de semana pasado, antes de radicar el decreto en la Secretaría Jurídica de Presidencia, se organizó una reunión en Bogotá donde la Mesa Indígena y el Gobierno iban a intentar terminar de conciliar algunos puntos en los cuales aún no había acuerdo. El problema es que a la reunión llegaron delegados de otros Ministerios que nunca habían participado en la consulta.

Tanto el Ministerio de Defensa, como los de Minas y de Ambiente objetaron que en varios artículos se hablara de ‘territorio’ indígena y no de resguardos. Es un punto que parece menor, pero que para los indígenas es crucial por el valor simbólico que tiene el territorio ancestral y porque no siempre los resguardos coinciden con la extensión del territorio.

“Para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos y el vínculo especial y colectivo existente entre la madre tierra y el ser indígena”, dice el artículo tres del decreto conciliado que conoció La Silla Vacía.

Uno de los puntos que ya se habían conciliado, y que llegó a objetar el Ministerio de Defensa, tiene que ver con la presencia de bases militares en los territorios indígenas. En la consulta, se acordó que no se desarrollarían actividades militares “a menos de que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados”. Pero el Ministerio argumentó que, en vez de consulta, el comandante militar de la zona contactará la autoridad indígena correspondiente para informarle sobre su presencia. Es un tema delicado porque es de seguridad nacional. Pero los indígenas argumentan que por la presencia de bases miltares en sus comunidades, han quedado más expuestos al conflicto armado y por eso deben ser consultados.

En un comunicado que envió a la Mesa de Concertación, el Ministerio de Ambiente se opone a que el territorio sea considerado como víctima. Considera que es una definición demasiado abierta que daría pie para que cada pueblo disponga la reparación integral que se merece, incluso por eventos que no tienen nada que ver con el conflicto.

El Ministerio de Ambiente también cuestionó que uno de los artículos que habla del derecho a la consulta previa no distinga entre consultar a los indígenas y obtener su permiso para cualquier proyecto. El Ministerio de Ambiente considera que la opinión de los indígenas no puede ser vinculante. Y le pidió al Ministerio del Interior dar claridad al respecto. Básicamente se opone a que los indígenas tengan derecho a veto sobre los proyectos en su territorio.

“Al final de la reunión los pueblos discutieron con el Gobierno, argumentando que la consulta previa era para las comunidades indígenas, no para los Ministerios”, dijo una de las mujeres presentes en el evento.

Aunque que también fueron objeto de discusión quedaron sin conciliar -como la posibilidad de crear una Comisión de Indígenas de Verificación de Licencias Ambientales, o la vigencia de la Ley de Víctimas que quedó de diez años y que para los indígenas no debería tener término definido porque aún no ha acabado el conflicto- la gran preocupación de los indígenas es que lo que ya había sido acordado previamente en decenas de reuniones departamentales, termine reversado en la Secretaría Jurídica por presión de los Ministerios que llegaron a última hora.

“Estamos preocupados porque si se reversan estos puntos, estaríamos engañando a nuestra propia gente”, dijo a La Silla Luis Fernando Arias, secretario general de la Onic y miembro de la Mesa de Concertación indígena. “Si eso sucede, sería solo un proceso de ‘Vive Colombia, viaja por ella’, pero no una consulta previa. Nuestra posición es que si se cambia lo concertado, sería la ruptura con el movimiento indígena con el Gobierno”.

Así las cosas, en los próximos días el Gobierno enfrenta un reto grande para salvar su proyecto bandera.

http://www.lasillavacia.com/historia/consulta-con-afros-e-indigenas-tiene-en-la-cuerda-floja-ley-de-victimas-29955

Delitos de lesa humanidad serían 'perdonados' en marco para la paz

2011-11-30T16:28:00.000-08:00

Política |30 Nov 2011. Por: Elespectador.com

Gobierno anuncia respaldo a marco legal para la paz, pese a asesinatos de uniformados. Gobierno no permitirá que futuros desmovilizados participen en política

La comisión primera del Senado inició la discusión del proyecto de marco legal para la paz que está en trámite. La iniciativa, que busca establecer las ‘herramientas’ para futuras desmovilizaciones y un eventual proceso de paz en Colombia, habla de fijar la justicia transicional para quienes quieran dejar las armas de los grupos armados ilegales y se reincorporen a la vida civil.

Frente al tema, el representante liberal Guillermo Rivera Flórez dijo que el proyecto es “abiertamente inconstitucional” toda vez que el Estatuto Penal Internacional hace parte del bloque de constitucionalidad de Colombia y éste prohíbe que se renuncie a la acción penal para los delitos considerados internacionales que son los de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

“Este proyecto plantea la posibilidad de una renuncia a la acción penal de manera genérica y no excluye ese tipo de crímenes, por lo tanto, sería un nuevo artículo constitucional que iría en contravía de un artículo que por el bloque de constitucionalidad hace parte de nuestro ordenamiento jurídico”, explicó.

En ese sentido, el legislador dijo que en hechos como los del pasado sábado, cuando las Farc asesinaron a cuatro uniformados que mantenían en cautiverio, se renunciaría a la acción penal de los responsables de ese crimen.

El autor del proyecto, el senador Roy Leonardo Barreras, defendió la iniciativa en desarrollo de su discusión y desmintió cualquier posibilidad de que los crímenes de guerra sean objeto de una cesación de la acción penal. El congresista recordó que su proyecto buscar darle estabilidad jurídica a las futuras desmovilizaciones y que llegue a su final el conflicto armado en el país.

Para este miércoles se espera la votación en tercer debate del proyecto, del cual, el Gobierno ya anunció su respaldo.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-314227-advierten-delitos-de-lesa-humanidad-serian-perdonados-marco-paz

COLOMBIA: ENCUESTA: En el campo, 20 por ciento de las familias han sido afectadas por la violencia armada

2011-11-30T06:32:00.000-08:00

FOTO MM

La Fundación Social, en el marco de un consorcio apoyado por la Comisión Europea y liderado por el ICTJ, realizó una nueva encuesta sobre la percepción de las víctimas en justicia transicional, esta vez en la zona rural, donde encontró un 8 por ciento más de victimización que en las áreas urbanas.

En Colombia, la percepción que tienen las víctimas de las iniciativas de justicia y paz que se han emprendido en los últimos años no es tan optimista como la del resto de la población: mientras el 63 por ciento de la gente no afectada por la violencia cree que se está esclareciendo la historia del conflicto, un 71 por ciento de los que han sido victimizados piensa todo lo contrario.

Contrastes como este encontró la segunda encuesta nacional sobre percepciones de la justicia transicional en el país, en especial frente a procesos como Justicia y Paz, que en 2005 se empezó a implementar para promover la desmovilización de combatientes ilegales. El estudio, liderado por Fundación Social como parte de un consorcio apoyado por la Comisión Europea y liderado por el ICTJ, se centró en las áreas rurales y retomó lo que se había encontrado en 2006 en la encuesta de percepción urbana.

Esa diferenciación permitió concluir que en el campo hay casi el doble de personas victimizadas que en las zonas urbanas, un hecho que suele considerarse obvio pero rara vez medible. La encuesta encontró que, mientras en el 2006 el 12 por ciento de la gente que vive en ciudades dijo haber sido víctima de un actor del conflicto armado, esta vez el porcentaje se elevó a 20.

Frente a la usurpación de bienes, el 9 por ciento de las personas que participaron en la última encuesta ha perdido sus propiedades, y en regiones como los Montes de María la proporción es del 23 por ciento.

Quiénes son víctimas

Otro de los contrastes que se deducen de la encuesta tiene que ver con que la gente que en efecto ha sido víctima del conflicto se reconozca como tal. Uno de los hallazgos más llamativos es que el 11 por ciento de las personas afectadas por el conflicto no se consideran víctimas, en parte porque muchas no deducen que los hechos que han sufrido –desplazamiento o amenazas– son violaciones a los derechos humanos.

Esto contrasta con que la misma proporción de personas no afectadas por el conflicto, es decir, otro 11 por ciento, sí se considera víctima.

Por otro lado, mientras para la población afectada las violaciones más graves a los derechos humanos son, en su orden, los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado y el secuestro, para los ciudadanos del común lo más grave es el secuestro, la violencia sexual y el ataque a la población civil. Para este último grupo, el desplazamiento no alcanza a estar en los primeros lugares de importancia.

“Encontramos también datos importantes sobre los sentimientos hacia las víctimas. Para la población en general, las víctimas producen tristeza en un 49 por ciento; lástima o pesar, en un 30 por ciento. Encontramos que el 29 por ciento siente solidaridad, pero ninguna de las respuestas muestra una actividad contundente frente a las víctimas”, explicó Paula Gaviria, directora de Incidencia en Política Pública de la Fundación Social, quien encabezó la investigación y la presentó en el seminario internacional Recordar y reparar, organizado por el ICTJ el 18 y 19 de agosto en Bogotá.

La mitad quiere conocer a su agresor

De los afectados por la violencia, el 51 por ciento dice que no ha denunciado, y no conoce las razones por las cuales se cometió la agresión y tampoco la identidad de la persona que los agredió. Dos tercios de ellos no ha pedido nunca una reparación.

Sobre el derecho a la verdad, un 46 por ciento quiere saber quién fue su agresor y los motivos del crimen, pero un porcentaje similar (45) dice que no quiere saberlo. En ese mismo ámbito resalta que casi la mitad (48 por ciento) no quiere que la verdad se sepa públicamente, bien sea por el riesgo que implicaría para su seguridad, porque consideran difícil afrontar los hechos del pasado o porque creen que eso no servirá para lograr una reparación por los daños.

Frente a la expectativa de que el conflicto termine, se logre procesar a los responsables y haya reconciliación, entre la gente de las zonas rurales prima la desesperanza. El 70 por ciento cree que el conflicto no va a terminar antes de 10 años o nunca va a terminar, y un 61 por ciento de la población afectada dice que no se está adelantando ninguna investigación por los hechos de los que fue víctima. Al menos la mitad dice no estar dispuesta a reconciliarse con su agresor.

“Este tipo de discusiones son las que deberían estar en el centro del debate, y éste debería ser el debate público que enfrenten los candidatos a las próximas elecciones en el país. Además, estos resultados no deberían dejar de aterrarnos”, agregó Paula Gaviria.

¿De dónde salió la información?

La encuesta abordó cuatro temas: cuántas personas han sufrido victimización en el país y qué piensan del conflicto armado, cuál es la percepción general sobre la desmovilización de actores armados, qué tan posible ve la gente la reconciliación y qué avances y dificultades encuentran las víctimas para hacer valer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Este trabajo incluyó estudios de investigación de campo con más de 56 organizaciones sociales. Además, se encuestaron 2.000 hogares rurales a nivel nacional y se agregó una muestra de 400 hogares de los Montes de María, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

¿Por qué hacer énfasis en esas cinco regiones? De acuerdo con los investigadores de Fundación Social, la idea del trabajo era incluir una región con oferta institucional amplia en temas de justicia y paz (Oriente antioqueño), una con oferta institucional amplia, pero no precisamente en temas de justicia y paz (Valle), una que haya tenido intervención importante de cooperación internacional y organizaciones de derechos humanos (Montes de María) y una última en la que haya muy pocas instituciones de justicia y paz (Meta).

La encuesta fue el primer resultado que se mostró en el seminario Recordar y reparar, que sirvió de cierre al proyecto Apoyo a sociedad civil y víctimas para la elaboración de políticas de justicia transicional, financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Fundación Social, Dejusticia y la Corporación Nuevo Arco Iris.

Leer el libro 'Los retos de la justicia transicional en Colombia: percepciones, opiniones y experiencias 2008' [PDF - 1.1Mb]

http://www.ictjcolombia.org/edicion07/docs/Libro%20final%20Panoramas.pdf

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES AL BORRADOR DE DECRETO REGLAMENTARIO LEY 1448 DE 2011 POR ACNUR

2011-11-29T09:20:00.000-08:00

La Ley 1448 de 2011 constituye una apuesta fundamental del Estado para la búsqueda de la reconciliación, a partir de la reparación de los daños originados en la violación de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. La política de restitución de tierras contemplada en ella, es una medida estructural para la remoción de una de las principales causas de la violencia y del desplazamiento en el país. Al mismo tiempo, constituye una herramienta para la superación del impacto generado por ésta y para la búsqueda de soluciones.

La adecuada implementación de la Ley de Víctimas representa un reto significativo para el Estado y la sociedad colombiana. Es una oportunidad única en términos de avanzar en la reconciliación y en la generación de condiciones para la superación de la violencia. De allí la importancia – adicional – del proceso de reglamentación.

No se trata tan sólo de la identificación de mecanismos y de procesos de implementación de políticas, ni de precisión de competencias institucionales. Se trata de un proceso en que estas condiciones se integran a procesos sociales y políticos, que van más allá de la discusión técnica del marco institucional.

Es por eso que se entiende el por qué diferentes sectores sociales han reclamado un espacio más amplio de participación. La implementación de la Ley de Víctimas es una oportunidad para la construcción de una visión común sobre la que se fundamenta la reconciliación. En ese sentido, el proceso de reglamentación ha resultado restrictivo al restar importancia a la participación efectiva de las víctimas y de diferentes sectores de la sociedad. La participación se ha enfocado como un instrumento técnico más, y no como una herramienta fundamental para la sostenibilidad del proceso social que puede conducir a la efectiva reparación integral de los derechos y a la reconciliación.

Sin duda el principal reto está relacionado con el impacto que en términos de protección y seguridad se pueda generar sobre la población, dados los profundos cambios que se requieren para lograr las condiciones que garanticen la no repetición de los hechos, para lograr el restablecimiento de los derechos y la restitución de las tierras y el patrimonio de las víctimas.

Desde la perspectiva del ACNUR, la reglamentación y la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución debe apuntar a corregir tres falencias generadas por ella misma:

La primera, la confusión entre mecanismos de reparación y asistencia. La Ley incorporó medidas de asistencia para la población desplazada que dadas las definiciones contempladas en la Ley van a generar problemas en la implementación y podría generar procesos de discriminación.

La segunda, derivada de la anterior, el vacío causado al modificar el contenido del artículo 1 de la Ley 387 en el que se corre el riesgo que personas en la misma situación de riesgo y vulnerabilidad, y en la misma necesidad de protección y asistencia humanitaria, terminen quedando por fuera del sistema. La definición de víctima no consideró esas necesidades de protección y asistencia, dado que posiblemente se concentró tan solo en las capacidades de respuesta de una política de reparación.

Ver documento completo en:
http://dl.dropbox.com/u/31557764/Comentarios%20ACNUR%20Borrador%20Decreto%20Reg%20Ley%201448.pdf

SE DECRETA PARO CÍVICO INDEFINIDO EN EL MUNICIPIO DE GUAPI,CAUCA

2011-11-23T15:23:00.000-08:00

Teniente de policía de Guapi dispara a menor de edad desencadenado la protesta de la gente

Foto del Observatorio Pacífico y Territorio

En el municipio de Guapi, a las 10 y 45 de la mañana de hoy, 23 de noviembre de 2011, resultó gravemente herido el menor de edad, Jhon Fredy Vidal, a causa de un disparo propinado por el teniente Pino adscrito a la estación de policía de Guapi. Esta situación provocó que los pobladores se trasladaran al puesto de policía a protestar de manera espontánea. En asamblea los habitantes convocaron un paro cívico indefinido.

Jhon Fredy Vidal Sánchez se dedica a la recolección de basura, actividad que realiza en un vehículo de tracción animal. Según testigos presenciales, el joven se dirigía por la vía al aeropuerto cuando se encontró con la camioneta de una patrulla estacionada en la mitad de la calle. Les pidió que la movieran para él poder pasar con su carro mula.

La respuesta del teniente Avit Pino fue requisarlo y amenazarlo. Ante esto el joven, temeroso, corrió. El teniente lo persiguió y tres cuadras después, entre los barrios de las Américas y las Palmeras, detrás de la casa de sus padres, fue herido gravemente en la cabeza. Asimismo un civil resultó levemente herido.

En este momento, doce del día, la policía intenta dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. Los motivos de la protesta se deben a que el joven era muy conocido en la población como persona trabajadora, así como a las permanentes amenazas que profiere el teniente Pino y otros agentes, de matar a los jóvenes de Guapi, sobre todo a los que no pertenecen a ciertas bandas criminales. Personas que prefieren el anonimato, manifiestan que es sabido en Guapi que el teniente Pino se reúne con los paramilitares en el sitio conocido como la Ele, ubicado en el barrio las Flores.

Como se ha denunciado de manera constante, sectores de la policía y el ejército de Guapi, tienen una alianza con paramilitares de los Rastrojos y las Águilas Negras que actúan en la impunidad en la cabecera municipal, organizaciones que controlan el negocio del narcotráfico en la región.

Por último, la comunidad denuncia que cuando se han presentado casos graves de peligro de muerte, el ejército facilita un helicóptero para el traslado del paciente a Cali, pero este no ha sido el caso. Jhon Fredy sigue debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de primer nivel.

La población sigue clamando a las autoridades y a los organismos de control una actitud sensata frente a los hechos de persistencia de violencia en Guapi con la connivencia de la fuerza pública. El Vicariato Apostólico de Guapi y las organizaciones etnicoterritoriales y sociales repudian estos actos violentos de funcionarios estatales contra la población civil.

A las tres de la tarde la población en asamblea decidió entrar en paro cívico indefinido. El comercio, las instituciones municipales, escuelas y colegios ya cerraron sus puertas. La comunidad guapireña está solicitando una comisión de alto nivel encabezada por el ministro del Interior Germán Vargas Lleras o por el vicepresidente Angelino Garzón, donde la violencia sea uno de los temas centrales a tratar.

http://www.pacificocolombia.org/novedades/teniente-policia-guapi-dispara-menor-edad-desencadenado-protesta-gente/552

Preguntas frecuentes sobre la Restitución de Tierras en la Ley de Víctimas

2011-11-23T15:10:00.000-08:00

El Ministerio de Agricultura diseñó una cartilla informativa con el fin de "interpretar de manera sencilla la Ley (de Víctimas), en particular lo referente a la Restitución de Tierras, partiendo del principio de que la información debe ser pública y que todos y todas deben conocer sus derechos para acceder a ellos".

La cartilla desarrolla algunos conceptos básicos que ayudan a entender el fenómeno del despojo y a conocer los alcances y límites de la ley 1448.

¿Qué es la Ley de Víctimas?

Es una herramienta legal que reconoce los daños que han sufrido miles de personas y comunidades por causa del conflicto armado interno colombiano, y quienes por ser víctimas de la violencia tienen derecho a saber la verdad de lo que les sucedió, a que se haga justicia y a obtener una justa reparación. En efecto, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar estos derechos a través de mecanismos de ayuda, asistencia y, especialmente, de reparación.

La reparación va más allá de un pago económico. La ley busca que se restituyan las tierras, que se indemnicen las víctimas cuando no sea posible la restitución, que se brinde rehabilitación a quienes hayan sufrido daños físicos o psicológicos, que se reconozca la condición de víctimas, que se honre la memoria de los seres queridos asesinados o desaparecidos y que no se vuelvan a repetir los hechos de violencia.

La ley fue aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011.

En la medida que contempla medidas excepcionales que buscan pasar de un contexto de violencia a uno de paz, es un instrumento de justicia transicional, ya que busca la reconciliación entre los colombianos y colombianas; especialmente se orienta a ayudar, asistir y reparar a las personas afectadas por el conflicto armado.

La reparación es un derecho fundamental que tienen las víctimas y por tanto pueden exigirlo al Estado, quien está en la obligación de garantizarlo y hacerlo efectivo a través de diferentes instituciones.

La Ley, establece disposiciones especiales para lograr la efectiva devolución de los bienes inmuebles despojados o abandonados.

¿Qué es la Restitución de Tierras?

Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.

La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición.

¿Qué es el despojo?

Es una acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra aprovechando el contexto y vulnerabilidad de las víctimas.

El despojo de la tierra se logró a través de negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias y la ocurrencia de delitos. Sin embargo, esto no es obstáculo para que los jueces a través de los nuevos mecanismos que les da la ley de víctimas les devuelvan a sus verdaderos dueños los predios que perdieron.

Casos frecuentes de despojo ocurren cuando las personas se ven obligadas a vender a precios muy bajos debido a las circunstancias de violencia o por presiones, o cuando para lograr la trasferencia del bien se falsifican firmas o documentos, incluso con la participación de funcionarios corruptos.

Otro caso de despojo ocurre cuando el Incoder, antes Incora, le adjudicó o le dio un terreno a una persona y presumiendo que ésta dejó abandonado el predio, se lo quitó mediante la fi gura de caducidad administrativa y lo adjudicó a otro.

¿Qué es el abandono forzado?

Es la situación en la cual la víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger su derecho la vida, libertad e integridad suya y la de su familia, razón por la cual se ve impedida para usar y explotar su predio.

Para acceder a la cartilla completa ir a:

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/cartilla_restitucion.pdf

¿Está preparado el Gobierno para aplicar la Ley de Víctimas?

2011-11-23T14:55:00.000-08:00

Hace seis meses, el 24 de mayo exactamente, el país y la comunidad internacional recibieron con júbilo la aprobación en el Congreso de la Ley de Víctimas. La legislación más ambiciosa de las reformas impulsadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.

La ley obliga al Gobierno a adecuar, en el lapso de seis meses, todas las instituciones del Estado para garantizar la reparación integral a cerca de cuatro millones de víctimas del conflicto armado.

En ese tiempo, tal como lo señala el artículo 175 de la ley, el Gobierno tiene la obligación de diseñar un decreto que reglamente su aplicación.

Pero los autores y ponentes de la ley en el Congreso, que han venido adelantando un juicioso seguimiento al diseño de este decreto, alertan que el Gobierno aún no está listo para aplicar los alcances de la ley, los cuales se deberán empezar a consagrar el próximo 1 de enero del 2012 y por un espacio de diez años.

El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), autor de la ley y quien preside la comisión de seguimiento en el Congreso, considera que a pesar del compromiso reiterado por el Gobierno, la aplaudida Ley de Víctimas se podría quedar sólo en el papel y generar expectativas en el universo de víctimas del conflicto que a la postre no se puedan cumplir.

Así se lo expresó a Semana.com luego de analizar el borrador del decreto reglamentario que el Gobierno ha venido diseñando.

Según Cristo, el decreto debe ser el plan específico para la reparación a las víctimas, y el borrador del documento no es ese plan. “hay que mejorarlo y especificarlo (…) debe definir con precisión cómo serán atendidas las víctimas del conflicto y cómo estarán articuladas las instituciones del Estado”. A poco más de un mes de la aplicación de la ley, eso aún no está definido.

Los reparos al decreto

Además del grueso del articulado, el decreto reglamentario es quizás el documento más importante de la Ley de Víctimas. Y según el análisis hecho al borrador, el Congreso considera que este puede ser desbordado por los propósitos de la reparación a las víctimas.

Dice la comisión de seguimiento que el borrador del decreto no incluye metas concretas, el presupuesto para alcanzarlas ni los mecanismos de transferencia y ejecución.

Según el senador Juan Fernando Cristo, esto muestra que algunos ministerios y dependencias del Gobierno, en especial el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, “aún parecen no notificarse del compromiso del presidente Juan Manuel Santos con los cuatro millones de víctimas del conflicto”.

Además excluye algunos principios de la Ley de Víctimas, como los de buena fe, reparación integral, coherencia externa e interna y enfoque diferencial.

El borrador del decreto incluye nuevas definiciones y reinterpreta otras que fueron señaladas por el congreso en el diseño de la ley.

Otra de las preocupaciones es que el borrador del decreto señala que las medidas de indemnización y restitución de tierras “serán reglamentados de forma posterior e independiente”.

Para la comisión de seguimiento, esto significa que la aplicación de la Ley de Víctimas se podría dilatar y sus objetivos posponerse.

Otro de los reparos que hacen en el Congreso es que las nuevas instituciones que crea la ley para su aplicación aún no están plenamente articuladas con el proceso de modernización del Estado que culminó el pasado 4 de noviembre con la firma de cerca de 80 decretos.

Incluso, advierten que tras esa reforma del Estado aún no se ha instalado el Comité Ejecutivo, encargado de liderar por diez años la política en materia de reparación a las víctimas.

El borrador del decreto establece que todo proceso de restitución de tierras y reubicación de las víctimas debe ser acompañado, por motivos de seguridad, por la fuerza pública, que “se encargará de garantizar la seguridad física de los retornados o reubicados, a través de la presencia del Ejército y la Policía”.

Para Cristo, la medida es buena en el papel, pero no se establece cómo funcionará el proceso de restitución. “No establece en qué regiones van a comenzar, cuáles son las zonas prioritarias, de cuántas hectáreas se dispone y tampoco define metas concretas en esta materia”.

Otra de las preocupaciones es que en el diseño del decreto el Gobierno nacional no ha consultado con los entes territoriales, encargados de aplicar la Ley de Víctimas en las regiones.

La sugerencia que hace el Congreso es “no expedir” el decreto sin antes adelantar un diálogo directo con alcaldes y gobernadores electos. También piden garantizar una mayor participación de las víctimas en la construcción de estos decretos.

El 1 de enero empieza la Ley de Víctimas: Gobierno

Ante este panorama, el Gobierno ratificó su compromiso con la reparación a las víctimas y la restitución de tierras.

Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, se comprometió a atender las observaciones hechas por el Congreso y afirmó que “todo estará listo” para que la Ley de Víctimas se aplique desde el 1 de enero del año próximo.

“Estamos trabajando intensamente en la elaboración de los decretos que deben reglamentar la ley para que ella puede ponerse en ejecución pronto y con el pie derecho, eso es lo que importa”.

Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, aseguró que el programa de restitución de tierras ya está avanzado y que las primeras oficinas se están poniendo en marcha. “Estaremos listos para el 1 de enero”, aseguró.

10 de diciembre, los decretos

Vargas Lleras también informó que los decretos deben ser expedidos antes del 10 de diciembre, fecha en la cual se vence el plazo para hacerlo.

“El 10 de diciembre vencen las facultades para dos cosas: la primera, para expedir el decreto reglamentario en todos los aspectos que va a poner en marcha, a partir del 1 de enero del 2012 la Ley de Víctimas; y, la segunda, para expedir con fuerza de ley los decretos que conciernen a la aplicación de esta misma ley en las comunidades afrocolombianas e indígenas”, reveló el jefe de la cartera política.

http://m.semana.com/noticia/esta-preparado-el-gobierno-para-aplicar-la-ley-de-victimas/2557514/50766/85845/0/1553151441

El retorno de la familia que se la ganó a Mancuso

2011-11-23T07:06:00.000-08:00

Por KIEN&KE

Foto Revista Semana

“Mi nombre es Maritza Salabarría, fui desplazada en 1991 por las autodefensas de la vereda Mundo Nuevo en el departamento de Córdoba. Un desplazamiento cruel. Fue con plomo que tuvimos que salir, que dejamos todo lo que teníamos en la finca, porque apenas salimos con la ropa que teníamos puesta.”. Son las palabras de Martiza Salabarría antes de regresar a Montería para recuperar la tierra que le arrebataron los paramilitares de Salvatore Mancuso, hace dos décadas. Tiene la mirada tranquila y la voz templada: “Desde entonces no me he quedado quieta, de nada valieron las amenazas, yo no les tengo miedo, siento el respaldo del Estado”.

Aún está en Bogotá, donde el frío la golpea. Sabe que su familia, los Salabarría, es la primera a la cual el gobierno le restituirá por vía administrativa las parcelas que le fueron despojadas. Un hecho que abona el camino para la implementación de la Ley de Víctimas que sancionó el presidente Santos hace seis meses.

La tarde del 7 de noviembre de 1992, cuarenta hombres del comandante paramilitar Salvatore Mancuso llegaron en la vereda Mundo Nuevo, en la zona rural de Montería, donde vivían los Salabarría. Quemaron la tienda, encerraron a las mujeres en una casa cercana, formaron a los hombres en la plaza del pueblo y asesinaron a uno de los líderes frente a los ojos de todos y a cuatro más en los alrededores. Ordenaron desalojar la vereda. Comenzó entonces uno de los tantos éxodos de la década de los 90.

El 7 de noviembre de 1992 cuarenta paramilitares de Salvatore Mancuso irrumpieron en la vereda Mundo Nuevo y forzaron el desplazamiento de la población.

Los Salabarría, una familia conformada por más de 20 personas, abandonaron la finca que les había dejado su padre, Emiro José, fruto de un trabajo de años: 110 hectáreas y 110 cabezas de ganado. Llegaron a Planeta Rica, donde sólo permanecieron un mes porque las amenazas no tardaron en llegar. Los paramilitares querían que se fueran lejos. Siguió el peregrinaje hacia Belén de Bajirá, en el Urabá antioqueño, donde sobrevivieron cuatro años lavando plátano hasta que llegó Carlos Castaño con su violencia arrasadora a despojar campesinos a punta de fusil. Los Salabarría retomaron entonces la marcha montados en un camión, con la zozobra en los hombros, rumbo a Planeta Rica, para seguir luego a Montelíbano (Córdoba).

Su finca en Mundo Nuevo terminó en otras manos. “Dos ganaderos, Jesús Ramírez y Fabio Gutiérrez, rompieron las cercas y echaron el ganado a pastar ahí. En 1993 el Incora le tituló los predios de los Salabarría a Julio de Hoyos, un trabajador del ganadero Fabio Gutiérrez. De Hoyos actuó como testaferro para que Gutiérrez, que ya tenía más de 5.000 hectáreas en la región, se quedara con nuestra finca”, recuerda Maritza.

Fueron catorce años de pobreza y de desplazamiento. Maritza se enteró por las noticias de la desmovilización de los paramilitares y que Mancuso había prometido devolver 10.000 hectáreas de tierra en Córdoba. Maritza tomó el camino de Ralito dispuesta a encarar a Mancuso. No tuvo suerte y no logró hablar con él. Luego, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo y el apoyo de una misión de la OEA se abrió la posibilidad de retornar con su familia a la finca. El 4 de junio de 2006 los Salabarría pudieron pisar de nuevo su finca. El periódico local, el Meridiano de Córdoba tituló el hecho en primera página: “Retorna la Esperanza”.

Maritza Salabarría nunca descansó en su lucha por recuperar su finca en Córdoba. Veinte años después lo logró.

Sin embargo la alegría duró apenas dos días. Dos hombres armados que llegaron a caballo los trataron de invasores y los amenazaron de muerte. Ya no estaba la OEA ni la Defensoría del Pueblo para apoyarlos. Se encontraban solos y atemorizados. Fueron dos meses infernales y en agosto del 2006, ante el ultimátum de una masacre, huyeron nuevamente. La familia se dividió. Los hombres empezaron a trabajar monte adentro. “Se iban lejos, para que no pudieran dar con ellos. No cargaban ni la cédula para que no les vieran el apellido”, cuenta Maritza. Sólo Emiro, el hermano menor, se quedó en Córdoba desafiando la muerte y desde el 2007 está desaparecido.

Un año después, el 17 de agosto de 2007, Maritza Salabarría estaba en la oficina de la Comisión Nacional de Reparación pidiendo protección. Llegó a Bogotá con $500.000 prestados, acompañada por su hermana. Pasaron la noche en el terminal de transporte. Dos días antes habían entrado a su casa unos hombres armados que la preguntaron. “Me iban a matar”, dice Maritza con convicción.

Y no hubo un día en que Maritza no pensara y preguntara por las tierras de su familia. Llegó entonces el gobierno de Juan Manuel Santos y con él la promesa de una Ley de Víctimas y Restitución de tierras. “Yo lloraba de felicidad cuando escuchaba al Presidente decir que iban a trabajar para devolverles las tierras despojadas a las víctimas. Llegué a mi casa y con las manos en la cabeza dije: ahora sí es la hora”, dijo Maritza. Puso entonces en su mira el Incoder, la institución que podría tramitar la devolución de sus tierras. Y lo consiguió.

El pasado 19 de Noviembre, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el director del Incoder, Juan Manuel Ospina, y Ana Teresa Bernal, de la Comisión Nacional de Reparación, le entregaron el título a Maritza Salabarría.

Antes de su viaje a Córdoba, en donde recibiría el sábado los títulos de sus tierras, Maritza sentenció: “No me quería morir sin ver que el gobierno lograra recuperar mis parcelas. Nadie entiende el dolor que yo he sentido estos veinte años. Perdí a mi padre, a mi madre, perdí a mi esposo, se extravió la mitad de mi familia. Ahora sólo pido que nos protejan para que no tengamos que abandonar nuevamente nuestra finca en Mundo Nuevo. Porque allí siguen ellos, y están actuando. Los campesinos que se quedaron están pagando vacuna y el que no paga lo matan. Es una situación crítica”. Pero otra cosa es tener el título en la mano. Las 110 hectáreas que recuperó esta familia forman parte de las 160.000 que devolverá el Incoder a sus dueños en lo que queda del año. Los 40 integrantes de la familia Salabarría, el sábado pasado, le ganaron la batalla a Salvatore Mancuso.

http://www.kienyke.com/2011/11/20/el-retorno-de-la-familia-que-se-la-gano-a-mancuso/

Las víctimas y los nuevos gobiernos locales

2011-11-21T04:28:00.000-08:00

Por: Gabriel Bustamante Peña

Asesor jurídico político Corporación Viva la Ciudadanía

En enero de 2012, los gobernadores y alcaldes electos tendrán el reto y la obligación de aplicar en sus respectivos territorios los postulados de la ley 1448 de 2011, más conocida como “la ley de víctimas y de restitución de tierras”, y cumplir con los requerimientos de la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y sus correspondientes autos, respecto a la atención, reparación y protección a la población desplazada por la violencia.

Sin embargo, en la gran mayoría de los programas de gobierno inscritos y que deberán convertirse en planes de desarrollo, sólo encontramos un desconocimiento generalizado de lo que representa la ley de víctimas y las implicaciones locales que demanda la sentencia T-025, a pesar que toda Colombia está inundada de personas gravemente afectadas por el conflicto.

Pues bien, de no tomarse los correctivos necesarios para hacer frente al reto planteado por el Gobierno Nacional, lo más seguro es que las billonarias inversiones que se vienen para los departamentos y municipios, a cuenta de esta ley, sean en su mayoría desperdiciadas, mal utilizadas o desviadas para satisfacer la codicia criminal de los corruptos.

Sería una lástima que planes tan ambiciosos como el anunciado por el presidente Santos de construir un millón de viviendas dignas, o los millones de proyectos productivos que se pretender implementar donde tienen alta prioridad las víctimas, terminen reproduciendo las experiencias amargas y mezquinas de proyectos perversamente ejecutados y convertidos en focos de corrupción y politiquería.

Las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia T-025, la ley de víctimas y de restitución de tierras y otras iniciativas legales como la reforma a las regalías, el nuevo estatuto rural, o la ley de ciencia y tecnología, representan una oportunidad histórica para que los departamentos atrasados y de enorme vocación agraria puedan dar un salto hacia el desarrollo económico y social.

Si las cientos de miles de víctimas, en su mayoría campesinos, afros e indígenas, son vistos como el insumo principal para el desarrollo a modo sujetos con los cuales aprovechar y trabajar la coyuntura de recursos que llegarán a las regiones, como los principales socios para materializar grandes empresas, la ley podrá ser el inició de la entrada de Colombia a la modernidad, dejando atrás siglos de modelos feudales y explotación campesina.

Que la tierra que se restituya, las viviendas que se construyan, los dineros de la reparación que se entreguen, los créditos blandos que se otorguen, la cooperación internacional que se consiga sirva para crear las condiciones que permitan el surgimiento de una clase media pujante en nuestras zonas rurales, dependerá en gran parte de los alcaldes y el gobernadores entrantes quienes tienen el enorme reto de aplicar en lo local lo propuesto audazmente por el presidente Santos.

Por eso los nuevos mandatarios locales deben entender el sentido histórico de su liderazgo y entregarle oportunidades a la gente para que ganemos todos. Deben superar años de círculos viciosos donde el que gobierna lo hace a través de limosnas y no de derechos, con las cuales forma clientelas electorales que se perpetúan en la pobreza.

Además, nuestras nuevas autoridades, junto a la academia, el sector financiero y los constructores deben entender que más que obras físicas, lo que hay que construir es ciudades incluyentes y esto empieza por el derecho de la gente, sin excepción alguna a tener viviendas dignas. Proceso que comienza en el entorno y termina en las viviendas, y no al contrario, que ante la falta de un proceso de planificación urbana, que necesariamente tiene que estar orientado por la inclusión social, lo que se ha hecho a lo largo de toda Colombia es construir tugurios para organizarse con la miseria a lo que descaradamente se llama: “vivienda de interés social”.

Más allá del de urbanizaciones y parcelaciones que se construyen para la clase media y media alta de la ciudad, la segregación urbana está creciendo como una mancha de aceite con barrios desarticulados, sin espacios públicos, sin servicios domiciliarios o bastante deficientes y no en pocas ocasiones en zonas de alto riesgo.

Estamos conminando con nuestra indiferencia, nuestra insolidaridad y nuestra corrupción política a miles de familias a “vivir” en condiciones paupérrimas, los excluimos de los beneficios de la economía y de los avances tecnológicos y luego nos quejamos de la delincuencia galopante; la falta de cultura de estos pseudo-ciudadanos, con los cuales no queremos tener mayor contacto, y para esto levantamos altos muros, instalamos cercas eléctricas y contratamos intimidantes vigilantes.

Semanario Caja de Herramientas. Edición N° 00281 – Semana del 18 al 24 de Noviembre de 2011

Pronunciamiento público: normas que contrarían los derechos de las víctimas

2011-11-18T17:18:00.000-08:00

Movice, Bogotá, noviembre 18 de 2011

En reiteradas oportunidades el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE y Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos, ha insistido que las normas y leyes que se expidan, respeten los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y reparación integral y que el Estado Colombiano cumpla adecuadamente con sus obligaciones internacionales en materia de penalización y reparación de los delitos graves perpetrados en Colombia conforme al derecho internacional, lo cual implica la investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables, el compromiso universal de respeto a la dignidad humana y el acceso a la justicia para la protección de los derechos humanos y la reparación a las víctimas de graves violaciones.

En los últimos meses el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, y el Congreso de la República en la llamada “mesa de unidad nacional”, ha tramitado y aprobado una amplia agenda legislativa que complementa lo que se ha llamado el “marco de justicia transicional “ y que continua desconociendo los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

A continuación nos permitimos presentar algunas consideraciones al respecto:

1. Ley de desmovilizados y decretos reglamentarios:

El pasado 14 de octubre la Corte Constitucional emitió un comunicado de prensa en el que informó sobre la declaratoria de constitucionalidad de la ley 1424 de 2010, a través de la cual “se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”. El pasado 28 de junio del 2011, el Presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto 2244 mediante el cual se adicionan unas funciones al Centro de Memoria historia y se dictan otras disposiciones y el 19 de julio del 2011 expidió el decreto 2601 mediante el cual se crea y reglamenta el procedimiento para la suscripción del “acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación”, así como la verificación de los requisitos para efectos de la solicitud y otorgamiento de los beneficios jurídico de que trata la ley 1424 del 2010.

Como se recordara la ley 1424 fue radicada, tramitada y aprobada en un corto tiempo de doce días hábiles y con la que se pretendía llenar el vacío de la ley 1312 de 2009, declarada inexequible por la Corte Constitucional1 que establecía la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados, es decir la autorización a la Fiscalía y a la Rama Judicial a “renunciar a su obligación de investigar y juzgar a los desmovilizados por crímenes respecto de los cuales existe un imperativo internacional de investigar y juzgar, y en donde la impunidad resulta inadmisible”.

La ley 1424 se presenta eufemísticamente como una “acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación” y como un “instrumento de transición” y “complemento de los instrumentos jurídicos” establecido para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación nacional, sin embargo su finalidad no es otro que el de resolver la situación jurídica, pero sin ir a la cárcel a cerca de 25 mil paramilitares desmovilizados durante el proceso de negociación adelantado por el Gobierno de Uribe Vélez, los cuales nunca fueron investigados ni sancionados para determinar su participación en graves crímenes, y que ha terminado por convertirse en un indulto disfrazado.

Para el MOVICE y las organizaciones firmantes, subsisten numerosas preocupaciones en relación con el mencionado marco normativo, que fueron expuestos en la decisión de la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la demanda contra la ley 1424 y particularmente por los Magistrados que hicieron salvamentos de voto, y cuyas argumentaciones compartimos integralmente.

Entre los aspectos a los cuales la Corte hizo referencia, está la inclusión de los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley que hubieren incurrido en concierto para delinquir simple o agravado, dentro de los beneficiarios de la ley. Esta disposición tal como se expresa en algunos salvamentos de voto, contraviene los derechos fundamentales de las víctimas y los estándares internacionales en materia de derechos humanos dado que en determinadas situaciones del tipo penal mencionado pueden derivarse graves violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, autores de delitos de lesa humanidad pueden ser beneficiarios de las medidas de libertad y suspensión de la ejecución de la pena. Como se advierte en el comunicado de prensa: “el no cumplimiento de la pena frente a esta clase de crímenes, puede generar la responsabilidad internacional del Estado y habilitar la jurisdicción universal a fin de establecer la responsabilidad penal individual de los implicados, situación que se presenta en este caso por cuanto los beneficiarios de las medidas, sin importar el tipo de conductas por el cual se les juzgó, no pagarían ni un minuto de la pena impuesta. Se estaría entonces, hablando de justicia formal pero no material y, pese a que los procesos de búsqueda de conciliación tienen una finalidad que debe privilegiarse, no puede conllevar la impunidad frente a delitos de lesa humanidad”.

Resulta preocupante la posición de la Corte Constitucional en relación con la disposición que prohíbe que las declaraciones que los desmovilizados rindan ante el “mecanismo no judicial de contribución a la verdad” puedan ser utilizadas en contra de sí mismos o en contra de terceros. Al respecto la Corte señaló que la información sí podría, eventualmente, ser utilizada como prueba judicial en contra de ciertas personas que tuvieran responsabilidad en los delitos informados por los desmovilizados, pero señaló que en ningún caso podría ser utilizada en contra de desmovilizados del mismo grupo armado organizado al margen de la ley.

Es pertinente resaltar lo establecido por uno de los salvamentos de voto en el sentido de que “no es posible construir la paz perdurable, ni obtener alguna de las reivindicaciones a las que alude el precepto a favor de las víctimas, sobre la base de una verdad controlada por el Gobierno […] a la cual no pueden acceder los fiscales y jueces para administrar justicia, ni siquiera en eventos en que la información evidencia la perpetración de graves violaciones de derechos humanos y graves violaciones al derecho internacional humanitario”

De acuerdo a lo anterior, el pronunciamiento del la Corte Constitucional deja firme beneficios desproporcionados a favor de los miembros de grupos armados al margen de la ley, particularmente los vinculados a estructuras paramilitares, en perjuicio del esclarecimiento de la verdad acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país, al impedir que los mecanismos judiciales y no judiciales se complementen y permitan el logro de soluciones pacificas al conflicto sin sacrificar desproporcionadamente los derechos fundamentales de las víctimas.

2. Y la reparación para la víctimas?

Dentro del presupuesto nacional aprobado para el 2012 se ha destinado el 1.5% de dicho presupuesto para la reparación de las víctimas. Según información reportada por el Ministerio de Hacienda, se pretende destinar recursos por 3,8 billones de pesos para las víctimas, de dicho monto 2 billones estarán destinados a gastos de funcionamiento de las entidades involucradas en atención y reparación, y al desarrollo de la política de asistencia de la población desplazada. Es decir, los recursos destinados a las víctimas para el próximo año en cumplimiento de la ley 1448 de 2011 en materia de reparación corresponderán a 1,8 billones de pesos. Cifra que contrasta con el cálculo realizado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, quienes estiman que entre bienes despojados y lucro cesante el monto de la reparación en Colombia alcanzaría los 80 billones de pesos. Esto demuestra la falta de voluntad política del Gobierno para garantizar de manera integral los derechos de las víctimas.

Como si fuera poco, dentro del borrador del Plan Nacional de Atención y Reparación que se prepara como desarrollo de la ley de víctimas, se consagra un dispositivo denominado “Incidente de impacto fiscal” (art.95), una figura que en el marco de la sostenibilidad fiscal pretende lograr que el monto de la reparación que se ordene en las sentencias que se dicten a favor de las víctimas luego de atravesar un proceso contencioso administrativo por más de 10 años, se reduzcan significativamente. Lo cual supondría la negación del derecho a la reparación integral aún por vía judicial, un desestímulo al acceso a la justicia y un detrimento a la situación actual de las víctimas, y en especial a las víctimas de crímenes de Estado, para quienes de sostenerse este tipo de dispositivos sería mejor que nunca hubiese existido una ley de víctimas.

3. Fuero penal militar o fuero para la impunidad?

Dentro del proyecto de ley de reforma a la justicia que se tramita actualmente en el Congreso de la República, se incorporó con el consentimiento del Gobierno de Juan Manuel Santos, un artículo con el que se pretende introducir a la Constitución Nacional un inciso que establece: “en todo caso se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública” y por tanto “cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar”.

Lo anterior implica que la justicia penal militar prevalezca sobre la justicia ordinaria y que cualquier acto irregular cometido en un operativo policial o militar sea conocido por la justicia marcial. La justificación para este cambio es según los militares, los sentimientos de indefensión e impotencia en que se encuentran mientras no se garantice un fuero militar, y que ha conducido a un baja en “la moral de combate de las tropas” dado que "los oficiales y suboficiales sienten que tienen un freno para sus actividades y que este impedimento les produce gran daño a la Nación. En un momento llegarán las tropas o la Policía a quedarse quietas y permitir que la delincuencia prospere".2 Adicionalmente se ha señalado que los jueces penales ordinarios no comprenden las particularidades de la actividad militar.

En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana de derechos humanos, así como la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia han advertido sobre la aplicación excepcional y restrictiva del fuero penal militar, y han expuesto que para atribuir el conocimiento del juzgamiento castrense se debe concluir racionalmente que el comportamiento tiene relación fáctica con el servicio que les corresponda prestar , y que el simple hecho de pertenecer a la Fuerza pública no conlleva indefectiblemente a que se aplique el fuero militar, sino que se debe analizar reiteramos, si el delito tiene relación con el servicio siempre y cuando su ejecución se desarrolle dentro de las tareas propias de las labores que cumplen. Así mismo que no hay posibilidad alguna de actuación de la justicia castrense cuando la acción ejecutada se erige como violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario o constituye un delito de lesa humanidad.

Conforme a lo anterior la ampliación que se pretende hacer del fuero penal militar, no solo contraviene pronunciamientos judiciales, sino que busca dejar en la impunidad graves hechos violatorios a los derechos humanos dada la falta de imparcialidad e independencia que ha tenido la justicia penal militar en Colombia ya que los jueces penales militares hacen parte de la estructura de mando. En consecuencia, exigimos al Congreso de la república se abstenga de aprobar normas que buscan ampliar el fuero penal militar y reactivar medidas ya proscritas que permitieron la comisión de graves crímenes, la impunidad y la repetición de los crímenes..

El Movice y las organizaciones de derechos humanos hacemos un llamado a fortalecer los procesos de organización y exigibilidad en contra de la impunidad en el actual contexto en que se impone la idea que los crímenes no se investiguen ni sean llevados ante la justicia los responsables, y tal y como los han expresado los hijos e hijas é hijas del mundo exhortamos a pensar en Colombia y “compartas con otros esa mirada desde la memoria, desde nuestra historia, para abrirle fisuras a la impunidad en que pretenden perpetuarse los que explotan y reprimen, los que se reparten el territorio, los que ordenan y dictan leyes coloniales, los que desalojan y masacran hoy como ayer, los que violentan nuestra dignidad, criminalizando y militarizando nuestras mentes, cuerpos y territorios. Este es un llamado, contra el silencio, contra quienes nos han enseñado a quedarnos callados, contra las injusticias, contra el miedo y el terror, contra el poder con una mirada radicalmente crítica al paradigma dominante. Este es un llamado contra toda impunidad, este es un llamado para caminar juntos por la memoria, la verdad y la justicia.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, 18 de noviembre

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO -MOVICE-

2011-11-18T17:12:00.000-08:00

CAPÍTULO BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

En respuesta a la invitación que nos hace el Gerente del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al encuentro: DIALOGO PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 1448. CAPITULO RESTITUCION DE TIERRAS, nos permitimos manifestar lo siguiente:

El MOVICE considera que la Ley de Víctimas no reconoce a las víctimas de crímenes de Estado y, que habiendo entregado propuestas para que fueran tomadas en cuenta, incluso durante los debates del proyecto de ley, éstas no fueron reconocidas. Por lo tanto, partimos de la percepción que fuimos desconocidos e ignorados desde el inicio del proceso.

Luego, en la reglamentación donde se debía garantizar el derecho a la participación de las víctimas, se dilataron los términos para iniciar la consulta, tres meses después de sancionada la Ley se empezó a socializar la propuesta “preliminar de reglamentación”, lo que no permitió a las víctimas y organizaciones ejercer su legítimo derecho a conocer, discutir, debatir, discrepar y retroalimentar el proyecto de reglamentación de la Ley 1448/11. Las víctimas del MOVICE no fuimos convocadas a los foros realizados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

En consecuencia, consideramos que el Gobierno Nacional y las entidades encargadas del procedimiento, no nos garantizaron la participación efectiva en este proceso, siendo las víctimas de crímenes de Estado, una parte significativa del universo de víctimas y titulares de este derecho.

Las puntuales observaciones que hacemos sobre todo el proceso, nos llevan a considerar que la invitación al “último encuentro” es una forma manipuladora de legitimar un procedimiento en el cual no nos tuvieron en cuenta en ninguno de sus aspectos y por lo tanto, manifestamos que nos sustraemos de participar, porque no representa un proceso amplio y suficiente para que sean reconocidos y recogidos nuestros planteamientos.

Bogotá, 18 de noviembre de 2011

MOVICE

Informe de la sesión de la Comisión de Seguimiento al Proceso de Implementación de la Ley 1448 de 2011

2011-11-18T10:03:00.000-08:00

Fecha: Septiembre 21 de 2011

Principales temas abordados en la sexta sesión:

- Capacidad institucional del Estado colombiano con base en experiencias pasadas y que deben ser punto de partida para la implementación de la Ley de Víctimas

- Elementos del contexto en el que se debe implementar la Ley de Víctimas

- Procesos de consulta y participación de las víctimas en la reglamentación de la Ley

- Metodología prevista para este proceso de reglamentación

- Pilares institucionales encargados de la ejecución del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas

- Reparación colectiva

- Cambios en la cultura de los funcionarios públicos encargados de atender a las víctimas

- Apoyo de la comunidad internacional al proceso de reparación y restitución de víctimas en

Colombia

- Recomendaciones de miembros de la comunidad internacional para la reglamentación de la Ley en temas de participación, institucionalidad, restitución de tierras, protección, reparación, rehabilitación, derechos de las mujeres y enfoque de género y memoria histórica

- Contribución de la Ley de Víctimas a la paz

- Necesidad de una vocería política de las víctimas

- Importancia de designar a los encargados de la institucionalidad creada por la Ley de Víctimas

- Reglamentación del Centro de Memoria Histórica

- Iniciativas de la sociedad civil para el acompañamiento y seguimiento en la reglamentación de la Ley de Victimas

http://www.juanfernandocristo.com/docleyes/INFORMEDELA6%C2%AASESI%C3%93NDELACOMISI%C3%93NLEGALDESEGUIMIENTOALALEY1448DE2011.pdf

Comisión de seguimiento a Ley de Víctimas pide claridad en el Decreto sobre beneficiarios

2011-11-18T06:39:00.000-08:00

Bogotá, D. C., 16 de noviembre de 2011 (Oficina de Prensa del Senado)

La comisión de Víctimas del Senado, pidió al Gobierno no expedir el decreto que acoge a esta norma, sin tener en cuenta unas recomendaciones para mejorarlo y convertirlo en un texto más claro y explicativo sobre sus beneficiarios.

El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), presidente de la Comisión de Víctimas, manifestó que se reconoce el esfuerzo del Gobierno en preparar el proyecto decreto que acoge la Ley de Víctimas, pero que este "tiene muchos vacíos y se puede mejorar mucho más".

"Encontramos que se puede mejorar en lo relacionado en cómo va a funcionar el otro año, quiénes y cómo van a tener acceso a la reparación o indemnización, cuál va a hacer la población prioritaria, cómo será la restitución de tierras, quiénes serán los primeros beneficiarios y en qué se benefician", sostuvo Cristo.

Antes de su aplicación, el senador Cristo consideró importante concertar con los gobernadores y alcaldes electos, todo lo relacionado con la Ley, "porque a ellos les corresponde aplicarla en sus territorios".

Entre otros temas, Cristo cuestionó la falta de coordinación en algunas entidades del Gobierno para la aplicación de esta Ley.

"Creemos que hace falta coordinación al interior del Gobierno, falta que se instale el comité ejecutivo previsto en la norma y además, pensamos que un sector del gobierno está comprometido con la Ley y otros no, como Hacienda y Planeación nacional, que no se han notificado que hay una ley de victimas que es una prioridad para el presidente Juan Manuel Santos", aseguró el legislador Cristo.

Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, indicó que "el Gobierno trabaja intensamente para que Ley entre a regir desde el 1 de enero de 2012, con todas las recomendaciones hechas por la Comisión de Víctimas".

"A pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno para aplicar la Ley y expedir los decretos con los correctivos, la Ley de Víctimas saldrá adelante", dijo Esguerra.

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/12862-comision-de-seguimiento-a-ley-de-victimas-pide-claridad-en-el-decreto-sobre-beneficiarios?tmpl=component&print=1

Comisión urge al Gobierno reglamentar Ley de Víctimas

2011-11-18T06:37:00.000-08:00

Colprensa | Bogotá | Publicado el 16 de noviembre de 2011

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas que se constituyó en el Congreso de la República, le pidió este miércoles al Gobierno Nacional apurar la expedición de los decretos con los cuales se formalizará la implementación de dicha ley.

Ésta establece que deberá entrar en vigencia el primero de enero de 2012 y para ello establece que deberán tenerse las normas definidas como por ejemplo las más de cuatro millones de víctimas que podrán reclamar sus indemnizaciones, a esto se suma la restitución de las tierras para más de 300 mil familias, entre otros aspectos.

El coordinador de la comisión de seguimiento, senador Juan Fernando Cristo, sostuvo que si bien hay una disposición del Gobierno Nacional en hacer operativa la norma, cuestionó lo que él considera la falta de compromiso del Ministerio de la Defensa y Planeación Nacional, porque no ha formalizado el giro de los dineros.

Cristo además manifestó que al Congreso aún le asiste la preocupación que no hay claridad acerca de la forma cómo las víctimas podrán reclamar sus beneficios.

Inquietudes

Igualmente, el Congreso llamó la atención para que se determine cómo será la restitución de las tierras y pidió una integración con los nuevos alcaldes y gobernadores del país, porque serán ellos quienes deberán disponer la forma de ejecución de la ley.

A su turno el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostuvo: "póngale la firma que vamos a alcanzar" a poner en ejecución la Ley de Víctimas, la cual es una de las principales preocupaciones de la administración del presidente Juan Manuel Santos.

Reconoció que aún hay algunos vacíos, pero sostuvo que ante esto se deben poner de acuerdo todas las entidades estatales para que trabajen conjuntamente y no de forma independiente en los beneficios a las víctimas.

Finalmente, explicó que en el Conpes que se deberá cumplir en los próximos días, cada dependencia que tiene responsabilidad entregará su informe de cómo y cuánto dinero se requerirá para arrancar con los beneficios de la ley.

Los congresistas propusieron hacer los correctivos ahora, en lugar de "tener que expedir un decreto reglamentario que repita los beneficios de la ley, el próximo año".

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/ley_de_victimas_comision_urge_al_gobierno_para_que_la_reglamente/ley_de_victimas_comision_urge_al_gobierno_para_que_la_reglamente.asp

Tres millones de euros para apoyar implementación de Ley de Víctimas

2011-11-16T05:14:00.000-08:00

Se firmaron cinco convenios de cooperación. Unión Europea donará 55 millones de euros a Colombia para programas de paz

Por: AFP

El organismo ofrecerá asistencia técnica por 3 millones de euros para apoyar la implementación de la 'ley de víctimas' en el país.

La Unión Europea (UE) donará 55,4 millones de euros a Colombia luego de firmar cinco convenios de cooperación con el gobierno de Santos en las áreas de paz, justicia y productividad, anunció este miércoles el comisario europeo para el desarrollo, Andris Piebalgs, tras finalizar su visita al país.

"La Unión Europea apoya el programa para la paz del presidente Juan Manuel Santos", dijo Andris Piebalgs, luego de reunirse con el presidente de la República.

"Felicitamos también al gobierno colombiano actual por sus esfuerzos en los temas de derechos humanos y democracia", declaró, y señaló que la UE dispone de "un nuevo paquete de programas de apoyo que en su conjunto implican un aporte de 55 millones de euros" a Colombia.

Dos convenios, anunciados el martes, prevén donaciones por 33,4 millones de euros para incentivar iniciativas destinadas a mitigar el conflicto armado que afronta el país hace casi 50 años, explicó.

Esta donación incluye en particular una asistencia técnica por un monto de 3 millones de euros para apoyar la ley de reparación a las víctimas del conflicto, firmada en junio y que incluye un capítulo sobre la restitución de tierras a campesinos que fueron despojados de ellas por los grupos armados.

El restante monto de la donación será enfocado al desarrollo del proyecto "Nuevos territorios de paz", que beneficiará a los departamentos del Guaviare y Caquetá, y las zonas del Canal del Dique y del Bajo Magdalena.

La UE apoyará también acciones para la lucha contra las minas antipersona, con seis millones de euros, y acciones de asistencia a las víctimas del conflicto, con 7,4 millones.

Por último, Piebalgs firmó con Santos un convenio por 8,6 millones de euros para mejorar la competitividad del sector lechero, que teme una violenta crisis una vez implementados los tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos.

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-309159-union-europea-donara-55-millones-de-euros-colombia-programas-de